Se ampara la protesta, pero no la anarquía

Esta última semana fue caótica para muchos colombianos. Amparados en el derecho a la protesta, grupos indígenas salieron a bloquear las vías en distintos departamentos del país. Interrumpieron el tráfico, quemaron camiones e hirieron personas. Fueron muchos los colombianos perjudicados con este proceder. Los promotores del paro fueron indiferentes frente a quienes estaban perjudicando con su accionar violento.

Este comportamiento se ha ido generalizando en el país. Cada vez que alguien quiere sentar a la mesa al gobierno para buscar una solución a sus necesidades, en vez de proceder a buscar un diálogo ordenado, procede a presionar por las vías de hecho, no importándole a quién está afectando con su actuar.

Las recientes protestas de Buenaventura, Quibdó, educadores y otras se arreglaron con compromisos del gobierno nacional de aportar a la solución dineros del presupuesto nacional, el cual no muestra tener los recursos para garantizar su aporte y ejecución, lo que creará hacia adelante una nueva realidad de protestas que, mediante vías de hecho, comprometerán a otros gobernantes a enfrentar una nueva protesta, momento en el cual se suscribirá un nuevo pacto que se incumplirá. La historia se repetirá.

Hoy el Ministerio de Hacienda aporta a las entidades territoriales más de 36 billones de pesos al año, mediante las transferencias del Sistema General de Participaciones. Pedir mayores aportes empieza a ser imposible. La Nación también tiene que responder por sus propios gastos. Desaparecida la inmensa renta petrolera y con la economía estancada, la realidad fiscal del gobierno central es una muy distinta. Quien hoy pacte compromisos de gasto hacia el futuro, fruto de las protestas, estará asumiendo erogaciones que dificilmente se podrán realizar. Se dirá por algunos que la carencia de recursos no es su problema, y que es al gobierno al que le corresponde responder por los compromisos pactados; argumento inaceptable.

Los gobernantes deben saber que aquellos que tributamos juiciosamente estamos cansados de pagar costosos tributos mediante retenciones en la fuente de nuestros salarios, IVA costosos y demás. Vemos un Estado indolente en exprimir recursos y no entender el valor que estos tienen para quienes los aportamos. Hacia adelante será difícil que los colombianos estén dispuestos a pagar mayores impuestos para garantizar el cumplimiento de obligaciones pactadas al calor de los paros. Y más aún cuando muchos de los recursos acaban en manos de la corrupción, o cuando en la negociación se entregan concesiones sin contraprestaciones de los beneficiarios. Caso especial merecen los educadores, quienes han recibido crecientes incrementos salariales, sin siquiera aceptar que los evalúen en su desempeño, obligación legal que se estableció desde el año 1994.

El país se tendrá que acostumbrar a que hay un presupuesto nacional y que es en la aprobación del mismo, en el Congreso, en el que los interesados tienen que ir a buscar la inclusión de las partidas presupuestales. Haber salido del conflicto armado no puede justificar que existan actores que operan por fuera de la normatividad. Se ampara la protesta, pero no la anarquía.

Le corresponderá al gobierno aprender a decir no y a apretarse el cinturón, y hacer la tarea aumentando el recaudo con los evasores que hoy no pagan sus impuestos. Esta gestión debe ir acompañada de una mejora sustancial en la eficiencia del gasto a todos los niveles de la administración, que evite la corrupción y que haga una adecuada asignación de los dineros públicos.