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Opinión

  • | 2016/03/29 16:48

    Las FARC y el flagelo de la extorsión

    ¿Cómo quieren las FARC conservar algún nivel de apoyo en sus “regiones históricas” si están despertando el rechazo ciudadano con sus prácticas extorsivas?

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En las últimas semanas he visitado dos departamentos en los cuales ha habido una importante presencia de las FARC: Meta y Caquetá. En el primer departamento se llevaron a cabo las conversaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur que culminaron con el Acuerdo de la Uribe en 1984 y, en el segundo, se adelantaron los diálogos con el gobierno de Andrés Pastrana en el municipio del Caguán, entre 1999 y 2002.

La presencia de las FARC en estos dos departamentos se origina en lo que un reconocido sociólogo, William Ramírez, denominó la “colonización armada”. Es decir, las marchas campesinas dirigidas por los exguerrilleros comunistas de los años cincuenta que salieron del norte del Tolima y la región del Sumapaz hacia el sur del país. Caquetá y Meta son denominadas por este grupo guerrillero como dos de sus principales “regiones históricas”.

Lo que encontré en ambos departamentos me dejó, no obstante, perplejo: un hondo rechazo hacia las FARC debido a la persistencia de la extorsión. Si bien el secuestro ha caído de manera sustancial desde hace ya varios años en el país, la extorsión se ha convertido en una verdadera peste.

Este flagelo tiene, a mi modo de ver, cuatro consecuencias indeseables para el postconflicto.

Primero, como me decían los empresarios del Caquetá, la extorsión es una barrera para el desarrollo económico. Genera fuga de capitales hacia otras regiones, ahuyenta  potenciales inversionistas, destruye las empresas productivas y, por tanto, las fuentes de trabajo; además, constituye un desestimulo para mejorar la productividad.  ¿Cómo conciliar la necesidad urgente de un despegue económico regional, generador de empleo y oportunidades para los desmovilizados, si persiste esta barrera para el desarrollo?

Segundo, como me explicaban en el Meta algunos alcaldes, la extorsión genera un profundo malestar en la población hacia las FARC debido, entre otros hechos, a su carácter generalizado, pues no se escapan a esta ni los más humildes negocios. Se trata de una situación indeseable que afecta el respaldo y la credibilidad a las conversaciones de paz en La Habana. ¿Cómo quieren las FARC conservar algún nivel de apoyo en sus “regiones históricas” si están despertando semejante rechazo ciudadano?

Tercero, la persistencia de la extorsión está minando la voluntad de la población en varias regiones del país a aceptar las zonas de concentración de los frentes guerrilleros para la desmovilización y la dejación de las armas.

Cuarto, este flagelo tiene como contrapartida el surgimiento de grupos armados ilegales que buscan su erradicación por fuera de los marcos institucionales. Para nadie es un secreto que el paramilitarismo fue, en gran medida, el resultado de la práctica del secuestro y la extorsión en regiones en las cuales había un vacío institucional. ¿Cómo quieren las FARC que haya seguridad en los territorios en los cuales tienen presencia si, al mismo tiempo, incentivan el surgimiento de grupos criminales?

El Frankenstein del paramilitarismo no es el resultado de una política estatal para impedir la oposición política, como dijo en una reciente entrevista el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, “Timochenko” (así haya, sin duda, agentes del Estado comprometidos) sino, entre otros factores, un resultado no previsto de la propia guerrilla debido a sus excesos en las zonas rurales.

En una mesa redonda celebrada en Florencia (Caquetá), un participante decía que dado que las FARC solamente se han comprometido hasta el momento con un cese al fuego unilateral, es decir, acallar los fusiles, pero no con un cese de hostilidades, no se les puede exigir terminar con la extorsión en la medida en que todavía no se ha pactado nada al respecto.

Me parece un error gravísimo. Si el sueño de las FARC es transitar de las “armas a la política”, con la persistencia de estos mecanismos de financiamiento están destruyendo su futuro político.

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