Los Úsuga: ¿bandas criminales o neoparamilitarismo?

La definición exacta de los antiguos “Urabeños”, hoy llamados el “Clan Úsuga” y que utilizaron en el reciente paro armado en la Costa Atlántica la denominación de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es fundamental no solamente para una mejor comprensión de este fenómeno, sino  también para efectos tanto políticos como legales.

En América Latina durante los años de auge del movimiento guerrillero surgieron dos modalidades de grupos paramilitares: por una parte, los “escuadrones de la muerte” que tuvieron gran peso en las dictaduras del Cono Sur y Brasil, y que eran compuestas por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía actuando bajo las normas de la clandestinidad, es decir, compartimentación, uso de seudónimos, centros de detención y tortura secretos.

El otro modelo fueron las organizaciones campesinas o indígenas encuadradas, entrenadas y armadas por los Estados para combatir a la guerrilla: este fue el caso de los Comités de Autodefensa (CAD) o “Rondas Campesinas Antisubversivas” en el Perú.  E, igualmente, es el caso en Guatemala de los Comités Voluntarios de Autodefensa Civil (PAC), más conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil. 

En Colombia el fenómeno fue muy distinto debido a que los grupos de autodefensa, creados por élites regionales fueron rápidamente cooptados por los carteles de la droga. Y si bien, en el enfrentamiento con la guerrilla por el control territorial y en contra del secuestro y la extorsión, alcanzaron un leve barniz político y montaron redes locales de apoyo político e institucional, nunca dejaron de ser primordialmente grupos criminales.

Este margen de autonomía de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no es comparable con los fenómenos del Cono Sur ni de Perú y Guatemala, cuya dependencia del Estado era total. Por eso, en aquellas naciones, bastó poner en marcha la transición hacia la democracia para que esos grupos se evaporaran.

El caso de Colombia es particular en el escenario latinoamericano. En nuestro país, los grupos paramilitares tuvieron una autonomía desconocida por sus “pares” de América Latina y, en gran medida, este hecho explica su persistencia después de la desmovilización de las AUC. Mientras los 25 máximos líderes terminaron todos en prisión y 14 de ellos extraditados a los Estados Unidos, decenas y decenas de mandos medios aprovecharon este vacío de poder para continuar delinquiendo gracias a la experiencia acumulada. Este fue el origen de las denominadas “bandas criminales” (BACRIM).  

Sin embargo, debido a que actuaban en las mismas zonas y con un modus operandi similar a las AUC algunos académicos de manera equivocada plantearon que eran una continuidad del mismo fenómeno y los denominaron como “neo-paramilitares” o “tercera generación paramilitar”. Grave error: a pesar de que había continuidad en los liderazgos y en las regiones, faltaba el rasgo principal que define a una organización paramilitar: su vocación contrainsurgente. No solamente tejían múltiples acuerdos pragmáticos con los frentes guerrilleros del ELN y las FARC en las regiones donde operaban, sino que enfrentaban conjuntamente al Estado. Las BACRIM perciben al Estado como una barrera para su lucrativo portafolio criminal: minería ilegal, tráfico de drogas, extorsión, micro-tráfico y contrabando.

¿Cómo es posible, entonces, denominar paramilitares a grupos que combaten al Estado y que hacen pactos de convivencia con la guerrilla? Es un total contrasentido y una ligereza intelectual inaceptable.

Sin embargo, a pesar de que esta ausencia de una voluntad contrainsurgente, no es posible negar que el Clan Úsuga, al igual que otros grupos criminales similares en otras regiones del país, constituyen una grave amenaza contra los movimientos sociales. Y que son la fuente de asesinatos de líderes populares. Su afán de control territorial y de dominio de las poblaciones locales convierte a las organizaciones sociales en un desafío inaceptable para sus ansías de poder.

Los miembros del Clan Úsuga, a pesar de ser criminales puros, buscan disfrazarse tras un  ropaje político: no solamente tienen experiencia al respecto, pues algunos de sus principales jefes provienen de las filas del desaparecido Ejército Popular de Liberación (EPL), sino, que han tejido relaciones de largo aliento con su primo, Luis Carlos Úsuga Restrepo (“Isaías Trujillo”), comandante del Bloque Iván Ríos de las FARC en Urabá y primo hermano de Daniel Antonio Úsuga (“Otoniel”).

Ahora que las FARC y el ELN están sentados en la mesa de negociaciones de paz temen que estos grupos copen los territorios en que actuaban y pongan en peligro su supervivencia. Es una amenaza real y que no puede ser menospreciada. Las decenas de líderes populares asesinados en los últimos meses, que las Bacrim ven como una amenaza a sus intereses delictivos, son una campanada de alerta.

Por ello, estas organizaciones criminales deben ser combatidas con todo el peso de la ley. Sin titubeos.