Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2002/06/30 00:00

Educación vs lógica de mercado

El gobierno expidió en días pasados los decretos que establecen un nuevo estatuto para la profesión docente y reglamenta el sistema de inspección y vigilancia para la educación preescolar, básica y media. Gloria Inés Ramírez, presidenta de Fecode, sindicato que agrupa a los educadores, critica las nuevas reformas.

Educación vs lógica de mercado

La sociedad colombiana tiene hoy, enfrente de sí, el más reciente embate contra la educación pública oficial de los últimos tiempos. Como un claro ejemplo de la violación a la soberanía nacional, el gobierno colombiano suscribió un acuerdo con el FMI, destinado a producir una reforma constitucional y legal para arrebatarles a los niños y niñas de Colombia el derecho a la educación.

Mas allá de la serie de hechos puntuales que involucra (descarga de las responsabilidades sobre las comunidades locales, desmembramiento de la carrera docente, e incumplimiento de las obligaciones constitucionales, entre otros), surge y se impone un marco normativo elevado a rango constitucional y legal que rige ahora para beneplácito de la banca transnacional, la política educativa colombiana.

Se ha impuesto una estrategia reformista sobre la base de arrebatarles el lenguaje de la educación a los maestros y a la sociedad colombiana, de la descalificación del ámbito propio de lo educativo: la pedagogía; y de considerar la educación como un problema estrictamente burocrático que se transforma a partir de cambios en la organización del sistema educativo.

La descalificación de lo educativo -de su ámbito propio- ha conducido, reiteradamente a que cuando la tecnoburocracia colombiana hace referencia a los problemas de la educación, se refieran a indicadores de política administrativa, de cobertura, de relaciones técnicas alumno-profesor, de costos de asignación, de estándares de cumplimiento, de asignación por alumno, de "cuanto cuesta", de metas de gestión; desde la perspectiva del gobierno colombiano, los problemas atinentes a la calidad, la equidad, el derecho al acceso y la pedagogía misma: son efectos resultantes del modelo educativo que ha imperado (cuyos responsables están definidos: los maestros y sus derechos sociales y laborales, las instituciones educativas y las comunidades locales); por ello no se refieren nunca a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ni a fenómenos como la deprivación cultural o la incidencia de las externalidades de la escuela como los más destacados factores asociados en el rendimiento académico por su impacto negativo.

Para ello, el gobierno colombiano, en clara obediencia a los mandatos del FMI y a los propósitos del BID, ha impuesto un nuevo marco constitucional y legal impregnado con los discursos retóricos propios del lenguaje recientemente instaurado, han trasladado mecánicamente un modelo organizacional para el sector educativo logrando desnaturalizarlo en su fundamento central: ser patrimonio público de la sociedad colombiana, y un derecho fundamental de la persona para el desarrollo multilateral de sus competencias.

En consecuencia, tanto el Programa Nuevo Sistema Escolar: "Transformación de la Gestión y la Participación Educativa" y la modificación constitucional contemplada en el Acto Legislativo 01/01 así como la ley de Distribución de Recursos y Competencias , ley 715/01, el decreto 230/02, los Estándares Nacionales, el decreto 1278/02 o nuevo Estatuto de Profesionalización Docente y el decreto 1283/02 que origina Sistema Nacional de Inspección y vigilancia: Son diseñados e impulsados por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina (PREAL), organismo fundado por agencias financieras internacionales.

Hacen parte de los 4 Ejes de Política Educativa Continental que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han esbozado para todo el continente. Ellos son:

-Financiamiento: En lugar de garantizar un derecho fundamental se subsidia parcialmente el servicio educativo, a quienes lo demanden, se disminuye el presupuesto para educación durante los próximos 8 años. Haciendo un ahorro fiscal para liberar recursos para el pago de la deuda Externa, a costa de recortar la salud y educación del pueblo colombiano.

-Gestión: En nombre de la descentralización se hace un traspaso de una obligación constitucional del Estado hacia los municipios y l Comunidades Educativas, que deberán bajo criterios "eficientistas" competir por subsidios.

-Calidad y equidad: Se emplean en el discurso oficial como propósitos legítimantes. Se descarga la responsabilidad de la calidad sobre la Institución Educativa, quedando la asignación los recursos amarrados al cumplimientos de estándares Nacionales e Internacionales, con la coacción como mecanismo de control.

Se focaliza la inversión sobre los mas pobres de los pobres, y se traslada la responsabilidad de ampliar la Cobertura a la Institución Educativa.

-Perfeccionamiento docente: Se derogan la mayoría de derechos sociales y laborales de los Docentes, se congela el escalafón Docente y se acaba con la estabilidad de la Carrera Docente.

Estas reformas dan un tratamiento "eficientista" al sector educativo, hace abstracción de la función social de la misma; de las condiciones efectivas de vida de la población colombiana , tanto de la desigualdad social como de la diversidad y heterogeneidad de su distribución urbana ? rural e interurbana e Inter-rural.

-El énfasis y el tratamiento dado al sector educativo se fundamenta en:

¸ La "productividad del trabajo escolar".

¸ Un sistema de Información sobre la Gestión y el producto.

¸ El control ? racionalizaciòn del gasto.

¸ La instrumentación del concepto de calidad.

¸ La evaluación, el control y la intervención acerca de las expectativas de desempeño.

¸ El establecimiento de parámetros generales y la coacción sobre las comunidades locales para alcanzarlos.



-Los parámetros de estas reformas obedecen a la lógica económica, asumiendo como unidad productiva a la institución escolar, estableciendo las mismas condiciones de desempeño de una empresa en una economía de mercado.

-Convierte a la Institución Educativa en una unidad productiva, que tiene como unidad de medida para el cálculo la "unidad de capitación" y que se regula bajo los parámetros del costo ? beneficio; compitiendo por recursos en una especie de mercado educativo: estas reformas tienen de referentes la competencia y la de búsqueda de estímulos a la eficiencia y el cumplimiento de metas en cobertura y calidad ? según estándares nacionales e internacionales-.

Establece procedimientos de gestión "eficientistas" que hacen responsable a los establecimientos educativos, a sus directivos y a los docentes, del cumplimiento de las expectativas de logros Nacionales, del acceso y permanencia de los niños al sistema educativo, por encima de toda consideración de las inequidades sociales y las diferencias socio-culturales.

-Estas reformas imponen modelos de Gestión Administrativa y Financiera para la institución escolar con un criterio efiecientista , fundado en la Autonomía Escolar ya no de carácter pedagógica, pues el lanzamiento estándares nacionales y el decreto 230 derogaron esa autonomía, ahora la autonomía será Financiera en el marco de la Planeación Estratégica incorporada ya en la legislación preexistente.

Desconociendo las obligaciones constitucionales del Estado, modificando de hecho el estatuto docente y distorsionando las relaciones sociales escolares.

-Estas reformas, no surgen de las condiciones propias de la sociedad Colombiana, ni se adecua a su heterogeneidad; por que el programa "Nuevo Sistema Escolar" (auspiciado por el BID) y el modelo de Gestión adoptado a partir de del Acto Legislativos 01 y la ley 715 ,tanto para los municipios como las Instituciones Educativas es rígido, inflexible en su lógica, organización y dinámica (Instituciones Autónomas, Metas de Desempeño, Estándares Nacionales de logro, cobertura, eficiencia interna, etc.); y pretende que - por aquello de la omnisapiencia de la tecno - burocracia -, la formación económico - social colombiana se adecue a él.

-Tomado en serio, evaluado - no por los juegos de retórica con los cuales se recrea -, si no por los resultados esperados, las reformas en aprobadas constituyen una ofensiva que le traslada a las instituciones escolares, a los maestros y a las comunidades educativas locales la responsabilidad del Estado de garantizar la oferta educativa; al tiempo que convierte a la escuela del barrio o de la vereda, a la institución escolar, en responsable de las inequidades educativas, de las limitaciones del sistema y de sus rigideces y dificultades. Para conseguirlo, eliminó - con la puesta en marcha del "del Nuevo Estatuto de Profesionalización Docente" -, de un solo trazo la profesionalidad de la actividad docente, la estabilidad laboral y las demás reivindicaciones gremiales.

Los educadores, a través de nuestras organizaciones gremiales, tenemos elementos, valoraciones y propuestas serias frente a la escuela, hemos procurado ser tenidos en cuenta en los ámbitos institucionales desde donde se toman las decisiones, donde se adoptan la políticas, deplorablemente durante este gobierno, los escenarios, académicos, deliberantes, democráticos, participativos han sido clausurados, este Ministro de Educación ha asumido por encima de cualquier consideración una actitud autoritaria y absolutista, ni nosotros ni las comunidades educativas en general fuimos tenidos en cuenta, la preocupación central no es tanto la construir de una educación de mejor calidad, sino muy a pesar de la trascendencia de la reformas, el epicentro lo constituyó el elevado costo de la Deuda Externa, la crisis social que ella misma ha generado, el aumento desproporcionado del desempleo, las tazas de interés, etc, en ultimas el fracaso de modelo económico, que en lugar de ser revisado para adecuarlo a las demandas nacionales, se instrumentan estos cambios para que sectores como la educación se adecuen a dicho modelo.

En esa dirección los escenarios democráticos de debate, de construcción colectiva, de aprendizaje social, fue lo de menos para el Ministro Lloreda y este gobierno en general. La tesis de la "educación como asunto de todos" tiene lógica en la medida en que todos ahora somos afectados en gran medida por los impactos negativos que esta reforma traerá; ni los diagnósticos, ni los balances y los fracasos que este mismo modelo educativo ha representado en otros países y que hoy están reversando, les es significativo.

Pasando por encima de cualquier preocupación nacional, sustituyeron la alteridad, por informes monocordes de los "analistas simbólicos"; una serie de personajes que se sienten ungidos por la divina providencia, con un supuesto "conocimiento universal", "neutrales e infalibles", pero en franca contradicción con la tesis que señala que "la cultura no es autoritaria". El totalitarismo monotemático de estos "expertos" ha generado la imposición lisa y llanamente nuestro sistema educativo acorde a las demandas del mercado. Una adaptación mecánica al "deber ser" diseñado desde los centros de poder en la era de la globalización y mas acorde a los interese de los organismo y empresas multinacionales que las necesidades propias de sociedad colombiana. Esta practica no ha sido nueva, en los 80 cuando surgió la tesis del "Capital Humano" corrieron estos "expertos" a diseñar nuestra educación para proveer mano de obra barata para un mercado laboral inexistente. Tal modelo hizo crisis porque no consultaba las características de desarrollo de la economía nacional.

Estamos de acuerdo en una cosa, la educación debe comprometerse con los graves problemas que aquejan a la sociedad colombiana, pero ella debe ser pensada como un fin en si misma, su instrumentación como un medio para resolver problemas fiscales, desconociendo su naturaleza propia, su ámbito humanístico, los contextos específicos de las comunidades y ante todo lo fundante en la educación, es decir, a pedagogía.

-Finalmente consideramos que la "absolutización de racionalidad económica" único campo discursivo desde donde han sido diseñada estas reformas, con desconocimiento de sus propios limites solo constituye como en efecto hoy lo es un atropello a la sociedad colombiana.

* Presidenta de Fecode

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