Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2015/11/14 12:18

Del “salto al vacío” al vaciar argumentos: treinta años después

El “salto al vacío” que Carlos Pizarro expresó contenía también que 30 años después se iban a remover las cenizas de una u otra forma, lo que niega toda posibilidad de creerle al Estado.

P. Edwin Murillo Amaris Foto: Universidad Javeriana.

En noviembre de 1989 el grupo guerrillero M-19 firmó el Pacto Político por la Paz y la Democracia, en el que se acordó la dejación de las armas por parte de ese grupo y la firme voluntad de apostarle a la paz. Esta carta de intención estuvo acompañada de un acuerdo sobre favorabilidad política y ley de indulto. Indudablemente, los años 1990 a 1994 enmarcan momentos históricos en los innumerables intentos de Colombia por buscar alternativas al conflicto armado. Acuerdos entre el gobierno Gaviria y los grupos M -19, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Ejército Popular de Liberación (EPL) y Quintín Lame, hallaron luz y posibilidades de alternatividad para el país, culminando procesos de acercamiento y diálogos entre las guerrillas y los gobiernos de Belisario Betancurt y Virgilio Barco.

En ese contexto, el líder del M-19, Carlos Pizarro, expresó que la voluntad de acceder a los caminos de la paz de su grupo era un “salto al vacío” al que se lanzaban. La figura del estado de sitio y la ley de indulto facilitaron las dinámicas del acuerdo. Sin órdenes de captura y dispuestos en la llamada Alianza Democrática M-19, accedieron a las elecciones del mes de Marzo de 1990, lograron cargos de elección popular en organismos colegiados y protagonizaron importantes papeles en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El impacto y novedad de su actuar como insurgencia en estrategias de ataque urbano, acceso a organismos públicos como embajada de República Dominicana (1980), secuestro de personalidades políticas como Álvaro Gómez y la toma del Palacio de Justicia (1985), junto a la voluntad de acceder a caminos hacia la paz, se mezcló con la nueva fuerza que encarnaron desde esas elecciones de 1990, en las que participaron.

Pero, hoy se puede afirmar que el citado “salto al vacío” se transforma en un llamado a “vaciarse de argumentos” ante el trabajo investigativo que la Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos para avanzar en la búsqueda de esclarecimientos respecto a responsabilidades en ese nefasto hecho de 1985 que, 30 años después, continúa lleno de preguntas, incógnitas y elucubraciones. Ministros de despacho de ese momento y ex integrantes del M-19, serán citados por el órgano judicial para que “vacíen de argumentos” la experiencia que en ese momento vivieron y que reposa en la memoria histórica individual y colectiva de un país que solo vuelve a recordar cuando los medios de comunicación retoman el hecho y, en estos días con más fuerza, cuando se ha retomado el proceso de exhumación e identificación de restos de víctimas de ese hecho. Incluso, los procesos de estas tres décadas entorno al tema han conducido a la cárcel a militares que, en ese momento, estaban con responsabilidades de defensa del orden público.

Pero, para variar en nuestra cultura, el anuncio del Fiscal General ha polarizado al país entre: un sector político, especialmente gubernamental, que defiende los actuales diálogos de paz en La Habana con las FARC y, en la fase exploratoria, con el ELN. Incluso, el anuncio ha colocado en un horizonte de defensa de los acuerdos de 1989 a grupos antagónicos (Uribistas y aliados del presidente Juan Manuel Santos), mientras el fiscal y el procurador se han unido entorno al sí revisar la ley de indulto que cobijó al M-19. Otros sectores políticos se mueven entre el apoyo a la idea de la Fiscalía y la indiferencia que raya con el pesimismo respecto a la materia de paz que se teje en Colombia. A su vez, la polarización se extiende a la interminable lucha entre el ejecutivo y lo judicial, por cuanto la voluntad política de abrir mecanismos y oportunidades para que los combatientes dejen las armas y reasuman un rol cívico, pareciera encontrar en el “clamor por la justicia” un conjunto de puntos de vista y recurrencia a todo tipo de mecanismos que sustenten que sí es posible retornar a lo pactado hace 30 años, rompiendo los esquemas de “cumplir con lo pactado”, tan esencial en el derecho.

Con más hondura, el camino común de toda sociedad de polarizarse, sobretodo la colombiana, también toca las fibras de quienes conformamos el país. Las familias víctimas claman por el esclarecimiento de los hechos y, ojalá, el asumir responsabilidades quienes tuvieron algo que ver en los hechos, lo que es natural en la condición humana, especialmente cuando la ofensa ha implicado una ruptura a fondo de la dignidad de la persona. Por otro lado, se pueden hallar sectores sociales que perciben con preocupación este anuncio, puesto que se percibe que ya se comienzan a vulnerar los posibles acuerdos a los que se llegue con las actuales guerrillas, dejando un sesgo de enormes magnitudes en la esencia de los colombianos: imposibilidad para cerrar heridas y abrirnos a la posibilidad de reconstruir lo destruido, sobre las cenizas de lo que quedó. Finalmente, aunque se podría seguir ampliando el espectro de la polarización, se hallan grupos que ven con un “optimismo escéptico” que se revuelva la tierra y se quiera buscar más la esquiva verdad o, por lo menos, la aproximación a ella, tratando de “darle su merecido” a quienes perpetraron esos hechos. Que bueno que la justicie actúe, pero acá “cojea justamente” porque siempre ha estado huidiza.

Con todo, el “salto al vacío” sigue siendo una constante en nuestra realidad de sociedad fragmentada en busca de salidas alternativas al conflicto armado, puesto que siempre nos ha faltado “vaciarnos de argumentos” y en esas nos mantenemos siempre. Hoy, 30 años después, estamos en la mitad de la vida quienes éramos niños en aquel entonces, mientras los niños y jóvenes ni siquiera tienen idea de qué fue lo que sucedió, más allá de lo que los libros y archivos de prensa les pueden relatar. Los que pasan la década de los 50 años recuerdan aquellas escenas de televisión en las que solo salía humo de aquel edificio amarillento, mientras entraba a lo película de guerra aquel tanque del ejército que buscaba “recuperar la seguridad e institucionalidad” del Estado.

Por eso, para los señores fiscal y procurador, la mejor medida es llamar a todo aquel que haya “estado cerca” de los hechos para que “vaciándose de argumentos” traten de ayudarle a un país a entender qué y cómo pasó aquello, especialmente que respondan cuáles fueron las garantías de las que fueron sujetos y cómo han vivido 30 años en cargos públicos, mientras las condiciones alternas que este tipo de procesos demandan y han demandado a lo largo y ancho y del mundo nos siguen insistiendo en que la única manera de encontrar salidas al conflicto y la violencia es centrar la atención en reformas estructurales que “vacíen de argumentos” a los que consideran que las armas son la salida o los intereses individuales en cargos públicos pueden más que los generales.

El “salto al vacío” que Carlos Pizarro expresó contenía también que 30 años después se iban a remover las cenizas de una u otra forma, lo que niega toda posibilidad de creerle al Estado. Pero, la aclaración de hechos, aún citando a implicados, no puede significar que los acuerdos se pueden incumplir cuando a alguien se le ocurra y, mucho menos, hacer lecturas e interpretaciones descontextualizadas en tiempo y espacio. De ahí que siempre “saltamos al vacío” cuando “vaciamos de argumento” cada uno de nuestros actos. Entonces, que todo el país también sea citado por comisión y omisión.

*Decano Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

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