EE. UU. descertifica la política antidrogas de Petro, no a Colombia

La reciente descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos no constituye un castigo al país, sino un mensaje político directo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Washington busca presionar para que se corrija el rumbo de la política antidrogas, se preserve la cooperación bilateral y se evite que el narcotráfico siga amenazando la seguridad regional y la estabilidad democrática de Colombia.

Después de casi tres décadas, Colombia vuelve a ser descertificada, evocando inevitablemente la crisis de los años noventa durante el gobierno de Ernesto Samper, en ese entonces señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. La decisión de Washington es una advertencia contundente de que, a su juicio, el Gobierno colombiano no está haciendo lo suficiente para enfrentar un crimen transnacional que destruye vidas, alimenta la violencia y que en Estados Unidos se percibe como un problema de salud pública y una amenaza directa a su seguridad nacional.

El documento que sustenta esta decisión es la Presidential Determination on Major Illicit Drug Transit or Producing Countries, enviada por el presidente de Estados Unidos al Congreso. En él, Colombia —junto con Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela— es incluida en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en cumplir sus compromisos internacionales en materia antidrogas, lo que constituye un duro golpe para la imagen de un país que por décadas ha sido referente en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, se otorga una exención por interés nacional (waiver), que evita sanciones automáticas y permite mantener la cooperación económica y militar. En los hechos, Washington reconoce los esfuerzos y el alto costo humano asumido por las Fuerzas Militares y de Policía —además de incautaciones históricas—, así como el papel del sector empresarial y de los alcaldes de las principales ciudades, cuyo cabildeo fue determinante para evitar consecuencias más graves. Así, la medida se configura menos como un castigo a la nación y más como un llamado de atención directo a la política antidrogas del actual gobierno.

Estados Unidos ha actuado con pragmatismo al señalar que la actual estrategia antidrogas presenta vacíos de liderazgo y articulación política. Sin embargo, reconoce que Colombia sigue siendo un socio estratégico de primer orden en la región y que la relación bilateral trasciende coyunturas políticas.

Washington es consciente de que el actual gobierno se encuentra en su fase final y, por ello, mantiene abierta la posibilidad de restablecer plenamente el diálogo y reconstruir la confianza mutua —forjada durante más de cuatro décadas de cooperación— con la llegada de una nueva administración.

Colombia ha sido un aliado confiable en momentos decisivos: aportó tropas y buques en la guerra de Corea, fue pieza clave en el éxito del Plan Colombia, ha liderado operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el terrorismo y alcanzó el estatus de socio global de la OTAN. Además, el acuerdo de interdicción marítima, la ley de inteligencia para interdicción y la campaña naval Orión son pilares de la cooperación bilateral en seguridad. Esta trayectoria convierte a Colombia en un referente de estabilidad regional y en un capital estratégico que no puede ponerse en riesgo por decisiones coyunturales o visiones ideológicas de corto plazo.

El presidente Petro era consciente del riesgo de una descertificación y de su impacto sobre la relación bilateral, pero optó por mantener un discurso de confrontación hacia Washington, profundizando su cercanía ideológica y respaldo político al régimen de Nicolás Maduro. Esta combinación, sumada al crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos —estimados en más de 253.000 hectáreas—, el bajo porcentaje de erradicación de cultivos ilícitos, los retrasos en algunos procesos de extradición y el fortalecimiento de organizaciones criminales durante la llamada “paz total”, terminó por erosionar la confianza en la cooperación.

Algunos analistas señalan que el gobierno estaría utilizando esta coyuntura para fortalecer su narrativa política y cohesionar a su base de apoyo, aun si ello implica aumentar la tensión en la relación con Estados Unidos. Los pronunciamientos posteriores a la decisión, en los que se ha insinuado una eventual reducción de la cooperación militar y de las compras de material bélico estadounidense, envían un mensaje riesgoso: los principales beneficiados serían, una vez más, los grupos armados organizados que prosperan en escenarios de debilitamiento de la capacidad estatal.

Washington ha dejado claro que mantendrá su apoyo económico y militar, pero exige resultados medibles en toda la cadena del narcotráfico. La próxima administración deberá recuperar la confianza con el principal aliado de Colombia y fortalecer la institucionalidad mediante dos líneas de acción complementarias: por un lado, una estrategia antidrogas que se consolide como política de Estado y no de gobierno, combinando interdicción efectiva, control riguroso de insumos, sustitución gradual de cultivos y programas de desarrollo alternativo con metas claras, plazos definidos y resultados verificables; por otro lado, un nuevo plan de campaña militar que priorice el sometimiento de las estructuras criminales que amenazan la seguridad nacional mediante operaciones sostenidas y coordinadas entre Fuerzas Militares, Policía e inteligencia, dejando las negociaciones como una opción de última instancia y siempre bajo condiciones impuestas por el Estado.

La descertificación no es el fin de la alianza con Estados Unidos, sino un llamado de alerta que Colombia no puede ignorar. El país tiene la oportunidad de corregir el rumbo y diseñar una política antidrogas de Estado, no subordinada a ideologías ni a intereses coyunturales. La próxima administración deberá actuar con decisión, someter a las organizaciones criminales y garantizar que el narcotráfico deje de ser el motor de la violencia que desangra al país. Mantener la cooperación con Estados Unidos no es una concesión: es una necesidad estratégica para proteger la soberanía, preservar la seguridad nacional y asegurar que Colombia siga siendo un pilar de estabilidad en la región.