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Opinión

  • | 2009/06/25 00:00

    Ejecuciones extrajudiciales: realidad y ficción

    La visita del relator Alston develó que estos crímenes no son casos aislados.

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La visita a Colombia de Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para el tema de las Ejecuciones Extrajudiciales, ha dejado un sabor amargo entre las autoridades civiles y castrenses del país. La dosis concentrada de realidad que recibieron contrasta con la ficción que han construido alrededor de la muerte de civiles por parte de agentes de seguridad del Estado.

En su informe preliminar, divulgado en Bogotá el pasado 18 de junio, Alston consignó que “las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”.

Ese carácter sistemático de una práctica que Alston describió como “asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”, se enfrenta a la ficción que ha tratado de imponer el Ministerio de Defensa al reducir este tipo de crímenes al nivel de “casos aislados”, concepto que el Relator de Naciones Unidas calificó de “insostenible”.

Los diez días de visita a diversas regiones del país le permitieron al Relator descartar otra invención de los funcionarios de Gobierno, aquella que dice que muchos de los casos son “bajas legítimas de guerrilleros”. Según Alston, las pruebas forenses “indican firmemente que ese no es el caso” y advirtió que “aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido”.

Las pruebas conocidas por el Relator, y que reporta en su informe, “muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello”, circunstancias que, a su juicio, “menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate”.
El alto grado de invención que posee el Ministro de Defensa encargado, general Fredy Padilla de León, lo ha llevado a declarar de manera reiterada que “fueron las Fuerzas Militares las que detectaron el problema. Lo denunciamos, lo enfrentamos y estamos colaborando con la justicia para que haya un juicio rápido y justo. Además, hay medidas para que hechos semejantes no vuelvan a repetirse”.

Pero la realidad es que ni fueron las Fuerzas Armadas las que denunciaron ese tipo de hechos, pues la lucha jurídica, con todos los riesgos que ello ha significado, la han dado los sobrevivientes de las víctimas y diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, ni hay una colaboración efectiva con la justicia. Así lo confirmó el Relator de Naciones Unidas al sostener que “hay una brecha preocupante entre las políticas y la práctica” para enfrentar los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Y como para que no quede duda de esta ficción oficial, Alston destacó tres problemas nodales en el tema de la justicia: primero, la Fiscalía y unidad de derechos humanos “no tiene suficiente personal, recursos o formación”; segundo, en algunas zonas del país los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional “y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria”; y tercero, se demora u obstruye la transferencia de información, “se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común”. En conclusión, “hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas”.

Otra de la fábulas oficiales es la llamada “guerra política”, que tanto pregona el general Padilla de León, versión que, casualmente, difundieron el periódico El Tiempo y la revista Semana el domingo 14 de junio. A El Tiempo, le explicó que la “guerra política” se refiere “a organizaciones criminales que están tratando de frenar el ímpetu de los soldados y el apoyo que les brindan los colombianos”, las cuales tienen un objetivo concreto: “tratar de vender la idea ante el mundo de que en Colombia existen crímenes de Estado”. En Semana declaró que la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado tiene relación con una estrategia de la guerrilla: “Hay comunicaciones de inteligencia que dan cuenta de que hay un aprovechamiento de las Farc de estas circunstancias para confundir a la opinión pública”.

En esa postura oficial subyace un cuestionamiento a los defensores de derechos humanos que no pasó desapercibido para Alston, quien lo reseñó en su informe: “hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos”. A su juicio, “estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados”, por lo que reiteró la importancia de que “los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos”.

Si bien el Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales dejó el claro que hay una sistematicidad en esta práctica criminal por parte de agentes del Estado, no encontró pruebas que indiquen que “estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del Gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa”.
 
No obstante, es importante resaltar que esa ficción que difunden los altos mandos castrenses hace parte de la formación de las Fuerzas Armadas constitucionales, y es allí donde hay que intervenir, pues las invenciones que se difunden sobre “el enemigo de la Patria”, unidas a la presión por resultados, a la urgencia de un estímulo y a la ambición de un ascenso presionan a militares y policías a dar resultados a costa de la población civil, inerme e inocente.


*Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario

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