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Opinión

  • | 2008/11/06 00:00

    Ejecuciones extrajudiciales sistemáticas

    ¿Por qué Uribe no ha atendido pronto las graves denuncias de hace años sobre las muertes de inocentes?

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Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública se han convertido en los últimos años en una práctica sistemática en buena parte del territorio nacional, sobre todo en aquellas zonas donde se adelantan grandes operaciones militares en contra de la insurgencia.

Determinar que es una práctica sistemática me lleva a concluir que el escándalo generado tras la destitución de 27 miembros del Ejército no pasa de ser un asunto coyuntural, más de corte mediático y efectista, que busca impresionar a la opinión pública nacional e internacional con un mensaje claro: el Gobierno defiende los derechos humanos y está dispuesto a castigar a todo aquel que los viole.

No creo que haya un fin loable en la actitud presidencial, pues a mi manera de ver es evidente que su nueva postura tiene como fin impresionar a los poderosos demócratas de Estados Unidos para que cedan en su posición y aprueben el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia. Esta vez, el medio para lograr esa aprobación no difiere mucho de las intenciones que tienen aquellos que adelantan ejecuciones extrajudiciales: “todo vale” en el camino de alcanzar fines económicos.

Con esa actitud de defensor de los derechos humanos lo que pretende también el presidente Uribe es ganar simpatías entre los legisladores norteamericanos para que le sigan aprobando las ayudas económicas que requiere el Plan Colombia y continuar financiando la guerra.

Si realmente hubiese un fin loable en su actitud con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, tan solo por mencionar una violación a los derechos humanos, las graves denuncias que diversas organizaciones no gubernamentales han hecho desde hace varios años habrían sido atendidas con prontitud y se hubiese evitado la pérdida de valiosas vidas humanas.

Pero frente a esas denuncias siempre esgrimió dos argumentos contrarios a su nueva actitud: la primera, que aquellos que elaboraban los informes adelantaban “una guerra jurídica” para favorecer a la guerrilla; y dos, que las personas asesinadas “eran guerrilleros vestidos de civil”, y con ambos conceptos, expuestos tanto en el ámbito nacional como internacional, intentaba deslegitimar todo cuestionamiento de la fuerza pública.

Esa actitud negligente del presidente Uribe tuvo un efecto perverso: los miembros de la fuerza pública se sintieron a gusto y seguros persiguiendo civiles para hacerlos pasar por “guerrilleros dados de baja en combate”, pues calcularon que la defensa presidencial tendía un manto de impunidad sobre esta práctica execrable de guerra.

Creo que hoy debe reinar la confusión en las guarniciones militares, pues en ellas, soldados, capitanes, tenientes, coroneles y generales, fueron formados de manera rigurosa, en el país y en el extranjero, para presentar resultados en la guerra. Y justo una de las estrategias para lograrlo es recurrir a las ejecuciones extrajudiciales y mostrar avances operacionales satisfactorios en su lucha contra las guerrillas.

Recurrir a la retención arbitraria de jóvenes, incluidos entre ellos hasta miembros de las mismas fuerzas militares, para luego asesinarlos y mostrarlos como subversivos dados de baja en combate es más un asunto de formación militar, en la que subyace la búsqueda del honor, la exaltación del guerrero exitoso, el brillo de los sables, la ambición del ascenso, que la connivencia con grupos de delincuentes”, tal como lo quiso hacer ver el Presidente de la República. Por ello un análisis profundo de las ejecuciones extrajudiciales permite establecer que es una práctica sistemática y premeditada cuyo objetivo central es ganarse varios días de licencia, bonificaciones en dinero y ascensos.

Un aspecto de esta discusión que aún no se aborda con claridad es el papel que han jugado los fiscales que conocen de las ejecuciones extrajudiciales y las avalan como “guerrilleros muertos en combate”; así como los investigadores judiciales, los médicos legistas y hasta los sepultureros. Es decir, toda la cadena de preparación de un cadáver al momento de ser inhumado.

Si el presidente Uribe realmente admite la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública debe empezar por reconocer públicamente, a nivel nacional e internacional, que las denuncias de las organizaciones no gubernamentales son serias y calificadas, carecen de todo vínculo con la insurgencia y que sus intenciones no son otras que proteger a la población civil de actos violatorios de los derechos humanos por parte del Estado.

Además, debe reforzar la investigación judicial para que se aclaren las más de 1.300 ejecuciones extrajudiciales que se han cometido desde enero de 2002; tomar las medidas necesarias encaminadas a garantizar la superación de la impunidad; y aportar herramientas que eviten, de una vez por todas, la repetición de estos crímenes. Si no hace nada al respecto, las ejecuciones extrajudiciales seguirán siendo una práctica sistemática entre la fuerza pública. 


* Juan Diego Restrepo es periodista y profesor universitario

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