Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2005/01/09 00:00

El ajedrez de la extradición

El caso de 'Simón Trinidad' nos recuerda que gobernar a veces no es tomar la decisión ideal sino aquella que haga menos daño, asegura Rafael Merchán, director del Instituto de Ciencia Política.

Toda clase de críticas ha recibido el gobierno por la extradición de 'Simón Trinidad'. En esencia, los cuestionamientos apuntan a que se hizo un uso político del mecanismo y que con ese proceder se alejaron aún más las posibilidades de un acuerdo humanitario. ¿Son válidas estas objeciones? Francamente, y a riesgo de nadar contra la corriente, creo que no. El primer punto (la 'politización' de la extradición) se cae de su peso por una sencilla y elemental razón: el mecanismo de la extradición es eminentemente político. Eso explica que, caso por caso, el gobierno tenga la potestad de revisar la conveniencia de extraditar a alguien. Mejor dicho, de mirar las consecuencias de su decisión sopesando costos y beneficios. Y eso fue precisamente lo que se hizo al supeditar la extradición de Trinidad a la liberación en un plazo perentorio de los 63 secuestrados 'políticos' que están en poder de las Farc. Como en un tablero de ajedrez, son muchas las posibilidades, los riesgos y las variables que hay que tener en cuenta. Complejidad que nos recuerda que gobernar a veces no es tomar la decisión ideal sino aquella que haga menos daño. Veamos: Si el gobierno se hubiera limitado a no extraditar a Trinidad, habría caído en una profunda contradicción con el manejo que se le ha dado a la solicitud de extradición de los jefes paramilitares. No hay que olvidar que la no extradición de estos está supeditada al avance del proceso de negociación que, con algunos resultados ya palpables e importantes, se viene desarrollando. Tirios y troyanos tienen que reconocer que el riesgo de ser extraditados pende sobre los paras como una espada de Damocles que en gran medida explica los avances obtenidos. Y con la decisión de no extraditar a Trinidad se habrían mandado mensajes contradictorios y nocivos que se habrían traducido en una menor capacidad de maniobra del ejecutivo en la muy difícil tarea que lleva a cabo. Mejor dicho: si el gobierno no hubiera obrado como obró, o termina generando una doble moral con un tratamiento distinto para paras y guerrilleros, o termina siendo un rey de burlas que habla muy duro pero que a la hora de la verdad no cumple sus amenazas. Y cualquiera de esos dos escenarios es muy peligroso. De paso, le habría dado a las Farc un triunfo que no se compadece con la intransigencia que ha venido mostrando este grupo subversivo. ¿O es que hasta la fecha hay al menos un gesto de paz que nos haga pensar que más allá de su retórica hay una verdadera voluntad para avanzar en una negociación o al menos contribuir a la humanización del conflicto? Por supuesto que no. Pero como si lo anterior fuera poco, meter al congelador la decisión de extraditar al jefe guerrillero habría puesto al gobierno entre la espada y la pared frente a su aliado más importante en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla: Estados Unidos. En efecto, si el pilar sobre el cual descansa la concepción actual del Plan Colombia es que los alzados en armas hacen parte activa hoy en día del negocio del narcotráfico, negar la solicitud sin razones palpables (como sí las hay con los paras) habría puesto en tela de juicio no sólo el discurso del gobierno sino también, y de manera grave, su credibilidad en el compromiso de enfrentar al narcotráfico en todas sus manifestaciones. A su vez, si el gobierno hubiera ipso facto dado vía libre a la extradición, le habría dado argumentos a un sector de la opinión pública que señala que este no ha tenido voluntad real ni ha abierto ninguna posibilidad de poner sobre la mesa el tema del la liberación de los secuestrados. Por eso, con su decisión se ponía la pelota en terreno de las Farc. Lo cual no está de más si se tiene en cuenta que muchos despistados a veces parecen creer que la culpa del infortunio de esos colombianos privados de su libertad es más del Estado que de sus secuestradores. Y es así como entra a jugar el espinoso tema del intercambio. O mejor dicho, a no jugar. Porque con Trinidad o sin Trinidad la situación poco va cambiar. No hay que perder de vista que, como punto de partida, este guerrillero no tiene para las Farc mucha importancia simbólica, estratégica o militar. Por eso no es muy válido creer que su situación personal y jurídica pueda de una u otra forma influir en las decisiones del grupo subversivo. Porque en últimas el intercambio tiene para esta guerrilla tres objetivos: uno político (recobrar legitimidad y mostrar una cara distinta a su faceta terrorista), otro militar (recuperar a importantes mandos medios) y uno último estratégico (recuperar territorios clave a través del 'despeje' de zonas). Y la claridad de estos objetivos es la que explica que, sin ir muy lejos, una propuesta sensata y viable como la que hace unas semanas hizo la Iglesia no haya recibido mayor atención del Secretariado. Así, pues, pensar que no extraditar a Trinidad sería un factor determinante para alcanzar la necesaria liberación de los secuestrados no es otra cosa distinta que pensar con el deseo. Y eso es un lujo que un gobernante en tiempos de guerra no se puede dar. *Director del Instituto de Ciencia Política

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