El anonadamiento

Lo único raro que se cocinó en esa sopa que fue el fallo de la Corte sobre la ley de garantías, no fue el tema de las restricciones a la libertad de expresión, ni el de dejar convertido el Consejo Electoral en una policía de censura. También aparece una serie de limitaciones a las actividades del Presidente-candidato que, o son ridículas, o resultan absolutamente inocuas. Es entendible que ante el desconcierto que causó entre la oposición que la Corte declarara constitucional la reelección, sus magistrados se sintieran con el complejo de culpa de compensar a los enemigos de Uribe con unas garantías imposibles de cumplir en el cubrimiento de los medios a las campañas. Aunque el invento del Consejo Electoral como policía de censura en Colombia no fue de la Corte sino del Congreso, aquélla se sintió a sus anchas confirmando la utilidad de la absurda obligación de enviar semanalmente un informe con los tiempos y los espacios conferidos a los candidatos, para que "el Consejo pueda controlar la distribución equitativa de los mismos y garantizar el pluralismo informativo". Pero va más allá. Advierte que en su calidad de Presidente-candidato se debe impedir que Uribe "multiplique su imagen, por encima de la de sus demás contendores, a razón de la exposición de sus gestiones de gobierno". Legislando, que es algo que la Corte ya hace descaradamente, dice que el Consejo Electoral no se debe limitar a que el balance informativo sea solamente cuantitativo, sino cualitativo, es decir, valorando el contenido de la información que se presenta. Pero claro, no se mete en el embrollo de indicarle al Consejo Electoral cómo hacer esta valoración, porque no existe en el mundo un metro para hacerla, como no sea a las patadas, arbitrariamente y con censura. Y ahí están los pobres magistrados del Consejo Electoral: anonadados con esta responsabilidad. Pero además de esas restricciones al cubrimiento de los medios, imposibles de hacer cumplir, el Congreso primero, y luego la Corte, se metieron en el compromiso de redactar una ley de garantías absolutamente inocua. Parto de la base de que un Presidente popular, como es Uribe, con el 70 por ciento de la opinión, no necesita hacer campaña para salir reelegido. Lo único que necesita es seguir gobernando. Y en la medida en que lo haga, los medios necesariamente cubrirán sus actos de gobierno, por lo cual resulta absolutamente insignificante prohibir la transmisión por Señal Colombia de los consejos comunitarios, que tiene el 0,1 por ciento del rating de los noticieros de televisión. ¿Quién será el Einstein colombiano que nos pueda enseñar a distinguir cuándo el Presidente está gobernando o está haciendo campaña? Todo acto del Presidente se cubre porque es el jefe del Estado y se publica o transmite en la medida de su trascendencia. O que alguien me diga si el regaño de Uribe a los militares -cosa por cierto que viene haciendo desde el primer día de gobierno- fue como Presidente o como candidato. Otra cosa es la financiación de la campaña. El Presidente maneja el presupuesto nacional, e invirtiéndolo como está previsto que lo haga, está gobernando, y si está gobernando, está haciendo méritos para su reelección. Bajarle el límite de la financiación de su campaña de 14.000 millones de pesos a 10.000 millones de pesos es otra de esas medidas inocuas. Pero probablemente lo más ridículo de todo sea la prohibición de que el Presidente utilice la Casa de Nariño como sede política de su campaña, o emplee el avión presidencial para sus desplazamientos que "conlleven despliegues de campaña". O sea que para hablar de la campaña presidencial, José Roberto Arango y Fabio Echeverri tendrán que citarse con Uribe en un discreto cafecito en la esquina de Palacio. Los encuentros del Presidente con los parlamentarios uribistas se podrían llevar a cabo en un camuflado bar de chapinero. Y las reuniones de doña Lina con su equipo de protección a la niñez tendrán que trasladarse, en adelante, a un orfanato privado. O alquilar una sede vecina a Palacio, y cada vez que el Presidente necesite hacer una declaración que pueda prestarse a malas interpretaciones, salga corriendo en taxi para que los medios lo entrevisten en su sede política. Y si al Presidente de la República le da la gana de irse a gobernar cuatro días a Arauca, como ya lo ha hecho, tendrá que irse en Avianca -que creo no vuela hasta allá- y de ninguna manera hospedarse en la sede del batallón militar porque, según la Corte, la expresión que traía el texto del Congreso en el sentido de prohibirle al Presidente el uso de los bienes del Estado durante la campaña, "salvo los destinados al cumplimiento de sus funciones", había que declararla inexequible, porque era demasiado amplia y podría prestarse para que "el Presidente-candidato cuente con más medios que los otros candidatos para el desarrollo de su campaña electoral". Y a pesar de todas estas maromas legislativas y jurisprudenciales, no parece posible evitar que Uribe gane las elecciones en la primera vuelta. ENTRETANTO.¿Será demasiado tarde para que el ex presidente César Gaviria cambie de parecer en lo que sabemos?