Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2003/09/29 00:00

El arte de dar inteligentemente

Colombia ocupa el tercer lugar de América Latina en inequidad en la distribución del ingreso. Las políticas públicas no han sido generadoras de bienestar para las mayorías sociales, sino de mayor concentración de la riqueza en manos de pocos. Olga Lucía Toro, consultora internacional en responsabilidad social empresarial, analiza la creciente necesidad de dar inteligentemente, lo cual significa pensar las donaciones en términos de inversión social privada responsable.

El arte de dar inteligentemente

Dar es una vieja y arraigada costumbre en la mayoría de seres humanos, que expresan así el sentido de íntima conexión con sus semejantes, a veces desde la sensibilidad que son capaces de sentir ante su necesidad, otras desde la motivación recóndita del interés propio. A lo largo de la vida de las personas y según sus inclinaciones, preceptos morales, ideología y visión de sociedad, la práctica de dar toma formas diferentes, desde el aporte esporádico de recursos y tiempo, hasta el trabajo con otros para que pueda mejorar su calidad de vida, construyendo alternativas de mayor alcance y trascendencia para cambios sociales duraderos. En Colombia no ha sido diferente: algunos dan un pan, el mercado semanal para los ancianos, el descuento mensual por nómina para "obras" sociales, el tiempo que les sobra, los computadores obsoletos, e incluso las sobras de comida que alimentan a los animales de las familias de recicladores que pueblan cerros y laderas en las grandes ciudades. Hay también quienes limpian voluntariamente las cuencas de los ríos, y quienes cuidan un pedacito de naturaleza, aunque sea en el quicio de las ventanas de sus ranchos humildes. Y todos, o casi todos de buena fe, creen que están ayudando a construir un país mejor y más solidario. Si bien es cierto que sin estas formas de solidaridad no podrían comer ni sobrevivir cientos de miles de compatriotas de la tercera edad, discapacitados, desplazados y menores en situación de riesgo social, el país exige y merece mucho más que esas tradicionales formas de dar.

Colombia ocupa el tercer lugar de América Latina en inequidad en la distribución del ingreso, y América Latina como conjunto gana el campeonato mundial de la desigualdad social y económica porque, según el profesor Bernardo Kliksberg, las políticas públicas en temas como el agro, la tenencia y uso de la tierra, la inversión social del Estado, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, los privilegios al capital financiero por encima del capital productivo y otras similares, no han sido generadoras de bienestar para las mayorías sociales, sino de mayor concentración de la riqueza en manos de pocos, con la creciente exclusión e inequidad. Con políticas económicas así, necesariamente se acumula un pasivo social cuyas consecuencias para nuestra frágil democracia pueden ser devastadoras.

Se cree comúnmente que dar es asunto de ricos, que son quienes tienen de sobra y pueden mirar con generosidad al que tiene menos o está desvalido. Esta visión, tan poderosamente arraigada en el imaginario colombiano, se asocia con la filantropía y el voluntariado y ésta a la base de varios siglos de prácticas caritativas que poco contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de la gente. En efecto, se crearon numerosos voluntariados de señoras "de bien", que con las mejores intenciones y una pequeñísima inversión, satisfacían sus inquietas conciencias pero no se tenían que confrontar con temas espinosos como la exclusión social, la reproducción intergeneracional de la pobreza, la diversidad, la inminente democratización de la vida y las costumbres.

Paralelamente a este fenómeno de clases medias y altas, la práctica del dar ha sido parte fundamental del cotidiano en los sectores más pobres, que tejen a través de sus hilos la propia supervivencia. En todo el continente han existido las conductas sociales solidarias con visión de comunidad, y en torno a un proyecto comunitario se han donado millones de horas-persona para construir los sistemas de agua potable, la escuela, el alcantarillado, o para cuidar a los niños y ancianos o a los enfermos de la barriada. De manera acertada, los estudiosos del BID llamaron a estas prácticas un verdadero muro de contención social sin el cual se habrían derrumbado las estructuras institucionales y sociales de muchos de nuestros países hace ya tiempo. No cabe duda de que estas iniciativas populares han hecho mucho más por la paz en el continente que los miles de voluntariados de corte tradicional que existen desde hace varios siglos, que apuntan a aliviar el sufrimiento inmediato de personas o grupos pero no a transformar sosteniblemente sus condiciones de vida.

Con la aparición de las ONG, a comienzos de la década de los 60, como mecanismo legal de organización de la sociedad civil, se empezó a invertir capital compromiso de manera focalizada en causas sociales apremiantes y diversas: la situación de los indígenas, la niñez desprotegida, la situación de inequidad de las mujeres, la exclusión de las negritudes. Pero también se abrieron espacios para enfrentar nuevos desafíos que se fueron presentando con el correr del tiempo: los problemas ambientales, las epidemias del sida o del embarazo no deseado en adolescentes, la generación de ingresos para familias pobres o la situación de las víctimas directas del conflicto interno colombiano, por las terribles secuelas del secuestro, la mutilación, el desplazamiento forzoso y el terror en todas sus formas.

En otros países latinoamericanos, azotados durante décadas por la sombra de las dictaduras, el proceso de reconstrucción de las democracias y la necesidad de revitalizar las cartas de derechos humanos, civiles y políticos generó una respuesta de organización de la sociedad civil, ávida de hacer oír su voz y de articular su participación en una diversidad de causas. El llamado Tercer Sector o sector sin fines de lucro, como movimiento organizado, tan fundamental en el papel de mantenimiento de la democracia en Estados Unidos y Europa, hizo su aparición con toda efervescencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, etc., y hoy en día constituye el tercer socio en el trípode del desarrollo: Junto con el Estado y la empresa privada, el sector de las ONG contribuye con buena parte de la construcción y reparación del tejido social, a través de acciones sociales que en esta triple alianza tienden a ser mejor planificadas, sostenidas, monitoreadas y evaluadas.

Toda esta nueva forma de dar canalizada a través de organizaciones dedicadas a causas específicas, ha propiciado el desarrollo de pensamiento, saberes y metodologías que retroalimentan la construcción de sociedades más fuertes y menos vulnerables a las arremetidas de los elementos desestabilizadores de la democracia, más transparentes, con ciudadanos más conscientes de su derecho a voz y de su responsabilidad de actuar por el bien común.

Colombia es un país de infinitas necesidades que no se solucionan con actos esporádicos, aislados, desprovistos de un marco más amplio que implique el cambio profundo y duradero de las condiciones que generan pobreza y exclusión y que alimentan sus secuelas sicológicas, económicas y sociales en toda la población. En este contexto de tanta complejidad, es necesario dar inteligentemente, lo cual significa pensar las donaciones en términos de inversión social privada responsable.

A diferencia de la simple filantropía, la inversión social privada (ISP) revisa críticamente dónde invierte sus recursos, qué objetivos busca en el mediano y largo plazo, a través de qué organizaciones de la sociedad civil desarrolla el propósito de la inversión, y, ya sea como empresa privada que invierte en lo social o como persona natural, ejerce vigilancia activa sobre cómo se ejecutan esos recursos, y sobre los resultados obtenidos. Quien hace ISP no espera retorno distinto del cambio en la mentalidad y en la calidad de vida de sus destinatarios, y sabe que si se asocia bien, su inversión retornará en forma de un tejido social fortalecido y unos ciudadanos más activos en la defensa de sus derechos y más conscientes de sus deberes sociales.

No se trata de dejar de apoyar a tantas instituciones que trabajan silenciosamente con niños desvalidos, con enfermos, con ancianos; por el contrario, habría que ayudarles a mejorar sus condiciones de atención, sus procesos gerenciales, sus prácticas ciudadanas y sus posibilidades de supervivencia en el tiempo. Tampoco se debe ayudar únicamente a fundaciones exitosas, de gran renombre y trayectoria. El ideal es participar activamente en los procesos junto con los grupos o comunidades destinatarias o con las organizaciones y agentes que tienen como oficio precisamente ese trabajo, y que vienen desarrollando el conocimiento y metodologías adecuadas para hacerlo. Si quienes quieren hacer ISP viven en el exterior, deben documentarse antes de asociarse con organizaciones locales para asegurar que sean entidades bien establecidas, eficientes y eficaces, que tengan trayectoria o legitimidad en sus comunidades, y que estén exentas de filiaciones partidistas o de sesgos ideológicos que terminen excluyendo a algunos sectores, o peor aún, destruyendo el tejido social que todavía queda. Es la mejor manera duradera y sostenible de aportar a la paz.

* Consultora internacional en Responsabilidad Social Empresarial y Evaluación de Proyectos Sociales.

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