Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2009/12/26 00:00

El auto de fe

Los documentos que componen el acervo probatorio lo único que comprueban es la antipatía que produce en las farc un hombre como Jorge Enrique Robledo

El auto de fe

Alejandro Ordóñez está usando el poder de la Procuraduría General para liquidar a sus adversarios ideológicos y proteger a sus compañeros de causa. Sin ningún sentido de la justicia puso en marcha una investigación disciplinaria por Farc-política contra el senador Jorge Enrique Robledo, a pesar de que las pruebas indican que las Farc ven a Robledo como un enemigo y no como un aliado.

La decisión ocurre unos meses después de que el mismo Ordóñez eliminara de un plumazo -en su acomodada sentencia de la yidis-política- el bloque completo de pruebas contra sus copartidarios Sabas Pretelt y Diego Palacio por la compra de los votos parlamentarios que hicieron posible la aprobación de la primera reelección.

Sobre este último caso no vale la pena extenderse. La demostración gráfica de la arbitrariedad del Procurador para favorecer a sus copartidarios conservadores -y uribistas- quedó a la vista en un documento que muestra los cambios efectuados entre el proyecto dejado por su antecesor y la decisión adoptada por Ordóñez.

A los lectores curiosos que quieran repasar la evidencia de esta conveniente omisión les recomiendo mirar el documento anexo en semana.com (Ver ControlCambiosOrdoñez.pdf) y preguntarse por qué el jefe del Ministerio Público decidió suprimir lo que constaba de la página 142 a la 178. Treinta y seis páginas que hicieron posible que en la parte resolutiva se cambiara la expresión "Declarar disciplinariamente responsables" por "Absolver de los cargos formulados".

Esa resolución sirvió para demostrar que el Procurador es capaz de desaparecer pruebas existentes, lo increíble es que ahora pueda hacer aparecer evidencias que no existen.

El portal lasillavacia.com, en un esmerado trabajo periodístico, publicó esta semana los documentos que componen el acervo probatorio en el caso disciplinario contra el senador Robledo. Eso es todo lo que hay -ni más, ni menos- y lo único que comprueba es la enorme antipatía que produce en las Farc un hombre como Robledo, que ha condenado el accionar de la guerrilla desde el inicio de su vida pública.

Los papeles provienen del computador de 'Raúl Reyes' y las dos menciones específicas sobre las posiciones políticas de Jorge Enrique Robledo son para reprocharle sus pronunciamientos reiterados "contra la lucha armada" y definirlo como un "claro enemigo de la combinación de las formas de lucha".

En otro documento, 'Reyes' ordena subir a la página de Internet de las Farc un artículo escrito por Jorge Enrique Robledo. Algo sobre lo cual no tienen control alguno ni él, ni los demás autores cuyos escritos son publicados sin autorización en diversas páginas de Internet.

La última de las pruebas es un listado de personalidades sugerido por las Farc para la conformación de un 'Nuevo Gobierno'. Ahí está el nombre de Robledo, al lado de otros 89, entre ellos numerosos uribistas, incluido, por ejemplo, el actual presidente del Senado, Javier Cáceres, quien no solamente no está siendo investigado por Ordóñez, sino que tiene cuota en la Procuraduría General de la Nación. Después de su ayuda para la elección de Ordóñez, un allegado de Cáceres llamado Fabio Yezid Castellanos Herrera fue nombrado nada menos que procurador delegado para la Moralidad Pública. (Ojalá revise pronto el caso de Etesa).

En fin, a Robledo no le están cobrado ningún vínculo con las Farc, porque no existe. Lo que le cobran es no haber votado por Ordóñez -como si lo hicieron Dussán y Petro- y atreverse a denunciar con valor y de manera documentada casos como el de la Zona Franca en cuyos terrenos tienen intereses los hijos del Presidente, y la aberrante repartija de Agro Ingreso Seguro.

Al Procurador no le importan las pruebas. Al estilo de los inquisidores de 'El Niño de la Santa Guardia', que mandaron a la hoguera a 16 personas por el asesinato de un niño que jamás existió, Ordóñez quiere acabar con la carrera de un legislador honesto y brillante.

No se podía esperar mucho de un hombre que hace unos años quemaba libros en fogata pública y ahora alega -como gran defensa- que lo que incineró era pornografía.

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