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Opinión

  • | 2017/09/21 23:44

    El barril de los cerdos

    Los políticos corruptos del mundo anglosajón se reparten los fondos federales; años atrás, los nuestros recibían su ración de “auxilios parlamentarios”; ahora son adictos a la mermelada: “Nada nuevo bajo el sol”

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En la práctica política de los Estados Unidos y otros países de habla inglesa, es ampliamente conocida la figura del “barril de los cerdos”, que, en esencia, consiste en la provisión de recursos propios del presupuesto federal para financiar programas que benefician intereses de ciertas comunidades o territorios. La metáfora es dura pero expresiva: un conjunto de animalitos de esa especie (cuyas capacidades intelectuales y afectivas son muy semejantes a las humanas) disputan por llevarse la mayor parte de la pitanza que el granjero pretende que sea para todos.

Entre las características de este mecanismo de asignación de fondos conviene destacar que no son explícitamente solicitados por el Gobierno, no se adjudican con fundamento en evaluación de méritos, no son objeto de debates o audiencias, y sirven a intereses, como dije, focalizados. Un ejemplo ilustrativo es el conocido como “el puente que va a ninguna parte”, impulsado por un senador republicano con motivo de las elecciones presidenciales de 2008, seguramente como contrapartida a su capacidad para movilizar votos en favor del candidato de su partido. Esa costosa iniciativa pretendía beneficiar a una comunidad integrada por apenas cincuenta personas.  

Estas mismas características valen para lo que bajo la Carta de 1886 se conocía como “auxilios parlamentarios”. La Constitución del año 91, que es el primer tomo de la actual (el segundo es el acuerdo con las Farc, hasta cuando la Corte o el electorado decidan lo contrario), excluyó la posibilidad de auxilios para entidades privadas, pero los mantuvo para las estatales.

La Administración Uribe llegó a la conclusión de que los ductos de ineficacia en la asignación del gasto y las posibilidades de corrupción no se habían taponado a cabalidad. Por eso propuso, en su fallido referendo constitucional de 2003, que “Los gastos de inversión, incluidos en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso por el Gobierno, recogerán el resultado de audiencias públicas consultivas, convocadas por los gobiernos nacional, departamentales y del Distrito Capital…”

Adicionalmente, que “El presupuesto no incluirá partidas globales, excepto las necesarias para atender emergencias y desastres”. Y para cerrar el círculo, solicitaba al pueblo prohibir a los miembros de los cuerpos colegiados “convenir con organismos o funcionarios del Estado la apropiación de partidas presupuestales, o las decisiones de destinación de la inversión de dineros públicos”. 

Este referendo, como se recordará, fracasó en las urnas, no porque el pueblo hubiese rechazado una iniciativa que mucho hubiera servido para mejorar los procesos presupuestales, en sus dimensiones de eficiencia y pulcritud, sino por la habitual apatía de los ciudadanos, aquí y en todas partes del mundo.  Y, como es fácil imaginarlo, por la oposición de los políticos a los que el sistema actual favorece.

Así las cosas, bajo la nomenclatura de “cupos indicativos” o de “recursos por regionalizar” fluye lo que hoy denominamos “mermelada”, la misma que, por ser en principio legal, no es inexorablemente fuente de corrupción, aunque sí de mala asignación de valiosos y escasos recursos públicos por razones elementales: no hay, en la actualidad, competencia entre proyectos alternativos, ni mecanismos de evaluación rigurosa de méritos. Todo este adicionado con la posibilidad del parlamentario “dueño” del cupo o partida de escoger al contratista que lo ejecutará. Allí está “la sal del cuento”.

El sistema actual adolece de otro inconveniente gravísimo: la “mermelada” beneficia de manera prioritaria a los integrantes de las comisiones de presupuesto de ambas Cámaras, y a los integrantes de una célula parlamentaria desconocida pero que genera terror en el Ministro de Hacienda: la “Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”. Las primeras tienen la posibilidad de facilitar (o no) la aprobación del Presupuesto Anual de la Nación, circunstancia que favorece la exigencia de contraprestaciones.

La segunda puede paralizar las operaciones de crédito público mediante la potestad de aprobar las que se pretenda contratar a plazos superiores a un año, sea cual fuere su cuantía. Esto es absurdo. Como en la ley anual de presupuesto se define el monto de los recursos de capital que se requiera para cerrar la brecha de ingresos del ejercicio, las autorizaciones de esa Comisión son redundantes y se prestan para abusos.

Aunque a la Contraloría General corresponde la vigilancia de la gestión fiscal del Gobierno, facultad que abarca el desempeño de la deuda pública, no está mal que el Congreso también la supervise con criterios técnicos basados en la capacidad del gobierno para servirla en horizontes temporales amplios y teniendo en cuenta distintos escenarios. La aprobación una a una de las operaciones de nada sirve, pero crea oportunidades de corrupción.

Como el prestigio de las instituciones estatales está por el suelo, circunstancia que, sin duda, alienta opciones populistas, más allá de la obviedad de rechazar la mermelada, los candidatos a la Presidencia de la República deberían contarnos cuáles son sus propuestas para afrontar este problema.

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