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Opinión

  • | 2004/07/04 00:00

    El buen camino y los nubarrones

    La seguridad democrática de Uribe anda por camino firme, pero si no se hace un esfuerzo similar para institucionalizar el país, los logros serán efímeros. Análisis de María Teresa Ronderos, editora general de SEMANA.

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La principal razón por la cual la mayoría de los colombianos quiere reelegir al presidente Uribe es porque percibe que su estrategia de seguridad democrática está siendo exitosa. Pero como tantas veces los colombianos nos dejamos llevar por las apariencias y nos apresuramos a creer las verdades oficiales, vale la pena preguntarse entonces si la actual política del gobierno nos conduce por un camino firme -así sea largo, caro y doloroso- hacia el final del conflicto armado.

¿Es sostenible la mejoría en seguridad que hoy se respira? La respuesta es contradictoria. Hay un avance tangible que, si continúa en la misma dirección, será suelo firme para construir la paz. Sin embargo hay también un nubarrón negro y amenazador, que si no se despeja con un enorme esfuerzo colectivo tornará el camino a la reconciliación resbaladizo e inestable.

Empecemos por lo positivo. El gran avance es que por primera vez las Fuerzas Armadas tienen unos objetivos definidos, con unas estrategias factibles y por etapas, y -lo más importante- unos indicadores claros para evaluar qué tan cerca estamos de la meta. Eso no es poca cosa. Hace 10 años la única manera de saber cómo íbamos era por la capacidad que tenían los generales de mostrar bajas de guerrilleros o por la pasión con la que atacaban a la guerrilla en los discursos. Bajo el Plan Colombia hubo avances significativos, pero todavía el supuesto éxito se medía en el aumento de pie de fuerza, de helicópteros y de recursos para la guerra. Es como si un estudiante pudiera predecir que aprobará su año escolar con éxito por el número de cuadernos, computadores y lápices que compró para estudiar. Le puede ayudar es cierto, pero si no aplica esos recursos a unas estrategias concretas puede salir rajado.

Hoy en cambio, la seguridad de los ciudadanos se mide con cifras concretas: si hay más o menos homicidios, más o menos secuestros o ataques a pueblos. Un coronel puede declarar una misión exitosa en la zona bajo su mando no por los enemigos muertos, sino porque la gente que allí vive está efectivamente más segura que antes.

Falta mucho trecho por recorrer. Apenas se están consolidando las cifras para que sean creíbles y se está montando un sistema de verificación posterior para que nadie esté inflando éxitos. Así mismo, no se han desarrollado otros indicadores para evaluar con precisión qué tanto se ha aislado a la guerrilla de los cascos urbanos (por ejemplo, midiendo si las compras en los mercados o las droguerías han bajado). Pero el país está construyendo indicadores objetivos de seguridad y esto ya no tiene reversa.

Esta misma claridad del gobierno en sus fines y los medios para alcanzarlos se ha percibido, por ejemplo, en el hecho de que se hayan propuesto tener una presencia protectora en todo el territorio nacional, hayan conseguido los recursos para hacerlo y lo hayan hecho tan rápido. Este no es, como sucedió antes, un desparramamiento de fuerzas por todos lados que sólo servían de señuelo fácil para las Farc. (Esa política errada fue la que puso en estado de vulnerabilidad a los policías y soldados que hoy permanecen secuestrados). La del gobierno actual es en cambio una estrategia que combina policía, ejército y soldados campesinos para que su presencia numerosa tenga el poder de disuadir a las Farc de atacar a la población civil.

De ahora en adelante el desafío es que militares y policías comprendan a cabalidad su labor. Si, como sucede aún en algunos lugares, se comportan como ejército de ocupación, aislado y ajeno a la gente, no se habrá logrado nada. Y si, como pasa en otros, hacen alianzas non sanctas con el paramilitarismo habrán logrado menos que nada. Despertaron la esperanza de la gente de que por fin habría un Estado legítimo, protector de vida y bienes como dice la Constitución, y lo que llegó fue otro paraestado arbitrario y violento, bajo el cual nadie está seguro. Afortunadamente, sin embargo, la mayoría de los uniformados cumple su tarea con éxito y, como lo demuestran algunas encuestas en los pueblos del conflicto, los ciudadanos sí están más tranquilos con su presencia.

¿Cuál es entonces el nubarrón sombrío que pende sobre la política de seguridad de Uribe? Que mientras la ofensiva militar conquista territorios velozmente, la legitimidad del Estado va tan lenta y perezosa como siempre. Y lo primero sin lo segundo es como combatir el mugre con espuma. Que llegue la institucionalidad no es, como repite el viejo cliché, llevar la etérea y manipulable 'inversión social'. Llevar al Estado legítimo es desmarginalizar a la gente de estas regiones y volverlas colombianas con pleno goce de ciudadanía. Eso en cristiano quiere decir que tengan una cédula; que puedan votar en un sistema limpio que garantice que los poderes locales no hayan comprado su elección; que tengan títulos legales y sus propiedades estén registradas en el catastro y los registros nacionales; que paguen impuestos, y que haya juez y fiscal, con unas condiciones básicas de trabajo -despacho con luz, fax y papel- para que puedan impartir justicia. La civilización no llegará tampoco sino se cumplen mínimos requisitos para el desarrollo económico: tener acceso a un banco, a un teléfono, y que se comercie en moneda nacional y no en base de coca.

Por eso se requiere otro plan tan bien financiado y gerenciado, enorme y excepcional como el militar, para que el Estado llegue y se quede, y no haya marcha atrás. En esto el gobierno no ha tenido ni la mitad de la claridad y de la fuerza que en su estrategia militar. Sin esta otra línea de acción, el solo brazo militar no sostendrá al Estado legítimo por mucho tiempo. Y la culpa, por más regaños que eche el Presidente, no es ni será de los militares. Por eso si realmente está convencido de que necesita otros cuatro años para terminar su labor de pacificar a Colombia, va a tener que tomarse más a pecho la institucionalización del país. Y, nosotros los ciudadanos tenemos la razón de aplaudir el buen camino de la política militar, pero también el deber de exigir, exigir y exigir que por fin el Estado le muestre más que dientes a la media Colombia marginada.

*Editora General de SEMANA
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