El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 estremeció a Colombia entera, unos por vivirlo personalmente y otros porque fue una noticia que llegó a cada rincón del país.
Fueron 16 departamentos los directamente afectados, con más de cien muertos y donde miles de familias se quedaron sin techo. Una catástrofe completa para todo nuestro país.
Pero en medio de la tragedia pasó algo que quiero analizar: en menos de 48 horas, los empresarios colombianos ya habían recaudado más de $ 200.000 millones de pesos; al siguiente día, esa cifra superó los $ 350.000 millones, con personas como David Vélez y la familia Santo Domingo, que pusieron $ 100.000 millones de su bolsillo, y la familia Gilinsky, donando $ 150.000 millones más. A esto podemos sumar las más de 1.800 toneladas de donaciones que miles de ciudadanos comunes llevaron con sus propias manos a los centros de acopio del país.
Esto no fue una imposición; nadie los obligó. El gremio empresarial se organizó solo, en medio de su propio congreso anual, y reorientó todo hacia la emergencia. Y eso es lo que pasa cuando dejas que la gente construya riqueza, que la gente progrese: si llega una tragedia, esa riqueza está ahí, lista para movilizarse en horas y tender una mano amiga a quien lo necesita en las peores circunstancias.
Si comparamos con lo que pasó en Venezuela hace mes y medio, el 24 de junio, dos terremotos golpearon La Guaira y Caracas, dejando cerca de 2.000 muertos y 15.000 desplazados. El sector privado venezolano también respondió, hay que reconocerlo, con empresas de construcción, transporte e internet poniendo lo que tenían. Pero lo hicieron después de años de que el mismo gobierno los tratara como enemigos del pueblo, amenazándolos con expropiación, asfixiándolos con controles y regulaciones. Y aun con esa respuesta privada, no fue suficiente: la ONU tuvo que activar fondos de emergencia internacional, recibió $ 300 millones de dólares de ayuda externa y todavía, más de un mes después, seguía faltando una brecha de $ 627 millones de dólares para atender a 1,3 millones de personas.
Ese es el verdadero contraste: 20 años de socialismo, de perseguir al que produce y de expropiar al que invierte, dejaron un país sin la capacidad económica de ayudarse a sí mismo cuando más lo necesita. El chavismo se pasó dos décadas destruyendo la gallina de los huevos de oro y, cuando llegó la tragedia, no había huevos que recoger; tuvo que salir desesperadamente a buscar al empresario para que ayudara, después de haberlo criticado por años.
Colombia, con todos sus problemas, mantiene un sector privado fuerte, capaz de reaccionar en horas ante cualquier contingencia, sin presión y sin ser obligado por un gobierno.
Eso no es casualidad, no es suerte. Es la consecuencia directa de un sistema que, aunque imperfecto, todavía permite que la gente acumule capital, monte empresas y genere riqueza, riqueza que, cuando el país la necesita, aparece. La riqueza que nunca se generó, porque el Estado se encargó de ahuyentarla, simplemente no está cuando hace falta, y ahí es cuando nos damos cuenta de que perseguir al privado, al empresario, es la fórmula perfecta para atraer miseria y pobreza.
Por eso, cada vez que alguien en Colombia hable de subirle más impuestos al que invierte, de perseguir al empresario, de repetir las mismas recetas que hundieron a Venezuela, hay que recordarle lo que pasó esta semana. Decirle que fueron los mismos empresarios que la izquierda señala como enemigos los que llegaron primero, con plata en mano, a ponerse a disposición del Gobierno para ayudar a controlar la emergencia, en un trabajo conjunto entre el presidente Abelardo, su gabinete y el sector empresarial del país.
No hace falta imaginar qué pasaría si Colombia decidiera perseguir a sus empresarios como lo hizo Venezuela y lo estaba haciendo Gustavo Petro. Basta con mirar y darse cuenta de quiénes son los que terminan siempre echándose el desarrollo del país al hombro.