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Opinión

  • | 1987/10/19 00:00

    EL CASO ARIAS

    Arias Carrizosa se ha venido enredando en un incómodo maremágnum verbal

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Creo en la honorabilidad del ministro de Justicia. Y no considero que la venta del cupo del automóvil sirva como argumento para afirmar lo contrario.
Pero también creo que el ministro de Justicia tiene que renunciar a su cargo, aunque sea un hombre honorable.
Contra su permanencia en el Ministerio existen incompatibilidades de tipo mecánico, que se resumen en un argumento muy sencillo. Hay actualmente 29 ciudadanos colombianos contra los cuales se ha dictado auto de detención -confirmado por el Tribunal Superior de Aduanas- por la misma irregularidad que cometió el ministro de Justicia. Si él permanece en su cargo ya nadie podrá ser sancionado por la venta de un cupo diplomático. Dicho de otra manera, o vender el cupo es un delito, y Arias no puede ser Ministro, o se decide que ya no es delito y Arias se queda en el Ministerio.
Cuando Arias Carrizosa afirmó, en el famoso debate parlamentario en el que mecánicamente fue absuelto por liberales y conservadores, que la venta del cupo diplomático no era grave, tenía razón. Constituye una curiosa forma abstracta de delito que no se configura, así se haya vendido efectivamente el cupo, si el traspaso del automóvil no se realiza antes de los seis meses de plazo que establece la ley. Es decir, la prohibición puede violarse sin que la ilegalidad llegue a cometerse. Eso significa que si el entonces ex embajador Arias hubiera vendido su cupo pero sólo realizado el traspaso del automóvil pasado el término que ordena la ley, la irregularidad jamás se hubiera presentado. Simplemente habría comprado su automóvil con el dinero de otro, a cambio del compromiso de vendérselo posteriormente.
El problema de Arias fue que cayó en manos de un comerciante inmoral que "tumbó" a nombre suyo a la Administración de Impuestos, y falsificó varios documentos que ahora parecen indicar la posibilidad de que el Ministro hubiera vendido su automóvil antes de los seis meses de rigor.
La mayor parte de los escándalos políticos en este país se hacen a nombre de la moral, sin que se haya violado la ley. Alberto Lleras, en la década de los cincuenta, importó un automóvil diplomático con arreglo a las leyes, pero para evitarse el escándalo moral -que inevitablemente se produjo desde las páginas de El Siglo- pagó incluso los impuestos del automóvil, aunque en la práctica estuviera exento de gravámenes.
El caso de Arias, en mi opinión, es más ilegal que inmoral. Eso lo hace distinto al dramático episodio vivido por su homólogo, el ministro Lara Bonilla, que cayó en una celada de la mafia que lo colocó en una situación más inmoral que ilegal. Y así como a Lara se le sostuvo en su cargo para no entregarle el ministro de Justicia a la mafia, al doctor Arias Carrizosa se ha intentado mantenerlo en el cargo para no entregárselo a la UP. Y este es otro ribete de escándalo.
A Arias Carrisoza, en realidad, no se le ha acusado ni defendido por el episodio del Rolls-Royce. La UP resolvió adelantarle este debate por la misma razón por la que El Tiempo ha decidido defenderlo: por ser partidario del sistema, de la mano dura y de la autodefensa. En la mitad de ambos bandos está la oposición, representada por el debate parlamentario que inteligente y meticulosamente realizó -como una voz solitaria- Fabio Valencia Cossio. Y llamando las cosas como son en este juego político, para la oposición cualquier caída de ministro es ganancia.
De la irregularidad inicial cometida con la venta del cupo, cuya gravedad no es distinta a la que podría representar tener una tarjeta de crédito American Express o comprar dólares negros para ir a Miami -o incluso vender el cupo cuando se viaja a San Andrés que es la forma como la mitad de la clase media colombiana ha sufragado vacaciones en la isla- se han derivado en este episodio de Arias secuelas que, poco a poco, han ido agravando la irregularidad inicial.
La culpa la han tenido las declaraciones del Ministro, por una razón: porque es imposible que Arias Carrizosa se defienda de lo indefensable.
Lo único que podría absolver al Ministro es lo único que no puede decir porque sería una mentira: que no vendió el cupo. Pero a cambio de eso se ha enredado en un maremágnum verbal que ha impedido ver con claridad su inocencia.
Cuando el Ministro dijo que no era sindicado en ningún proceso, tenía razón. Pero también la tenían quienes afirmaban que sí habla sido sindicado. Arias nunca fue llamado a rendir indagatoria, a pesar de existir un auto cabeza de proceso ordenando dicha indagatoria. El Ministro dice que no se le llamó porque un segundo juez de la causa no lo encontró justificado. La Procuraduría parece creer que si no se le llamó fue por indolencia judicial. La sola confusión, que permite pensar que la situación del ministro de Justicia está en un limbo jurídico es un impedimento para que ejerciera el cargo de Ministro, incluso desde el comienzo.
En otras palabras, Arias Carrizosa no puede tener pendiente una indagatoria, aunque sea inocente, o quizás precisamente por eso. Porque un ministro de Justicia no puede tener situaciones penales indefinidas.
El ex canciller alemán Billy Brandt renunció porque se descubrió que tenía un espía entre sus colaboradores. Eso no significaba que Brandt también fuera espía, sino solamente que se le había colado un espía. A pesar de ello Brandt consideró que tenía la obligación de renunciar por razones que resumió en una frase histórica: "Renuncio por las reglas intangibles de la democracia".
El ministro de Justicia también debe renunciar. Y no porque las vagabunderías cometidas en su nombre lo hayan convertido en un vagabundo sino precisamente por las reglas intangibles de la democracia.
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