Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/08/17 00:00

El caso Manuelita

El problema es que los grandes empresarios piensen que están por encima de la ley y que pueden diseñar muñecos jurídicos altamente sofisticados para hacerle el quite a la norma sin que el estado los reprenda.

El caso Manuelita Foto: Guillermo Torres

Las tierras de los narcos y de los paramilitares no han sido incautadas por el Estado sino que están siendo compradas por grandes empresarios. De esa forma los narcos consiguen lavar su rastro sangriento y los grandes empresarios acaparan más tierras. 

Eso queda claro en la denuncia hecha la semana pasada por el representante a la Cámara por el Polo Wilson Arias, quien demostró que el grupo Manuelita, de propiedad de la familia Eder, compró en 2008 cerca de 18.000 hectáreas a dos personas cuyos vínculos con la mafia paramilitar de Casanare son innegables: Gelber Mauricio Oicata, testaferro del temible Cuchillo, quien según un informe de El Espectador aparece formando parte de la red de intermediarios que tenían Cuchillo y la organización del Loco Barrera quienes en ese momento controlaban el tráfico de drogas en el sur del país. 

El otro nefasto personaje es el exgobernador de Guaviare y miembro del Partido Conservador,  Óscar de Jesús López Cadavid, condenado por fundar grupos paramilitares y cuya cercanía con Cuchillo y  el Loco Barrera ha sido expuesta en varias ocasiones por los medios de comunicación.

 

Gelber Mauricio Oicata habría vendido él mismo o a través de una  sociedad de nombre Armo Ingenieria Ltda. a la empresa Manuelita cerca de 9.476 hectáreas y la intermediaria para esta venta habría sido una sociedad agropecuaria llamada La Gloria. 

La venta se habría realizado el 13 de junio de 2008, en momentos en que la Justicia colombiana y norteamericana buscaba a Cuchillo, quien para entonces ya tenía orden de extradición, 19 investigaciones penales en su contra y era considerado uno de los narcos más poderosos en Colombia, además de que ya había sido señalado de ser el autor de varias masacres en las versiones de justicia y paz. 

Siendo gobernador de Guaviare Jesús López Cadavid, le vendió en septiembre de 2008 a Aceites Manuelita S.A. tres predios que suman 2.400 hectareas (ver documento de la compra de la tierra). A los seis meses, López Cadavid fue capturado por la Fiscalía y acusado de conformar grupos paramilitares y en 2009 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años de cárcel.

 

Podrán decir los dueños de Manuelita que estas compras de tierra se hicieron de buena fe y que en ese momento ni el señor gobernador del Guaviare tenía una orden de captura, ni se podía saber que el señor Gelber Mauricio Oicata fuera un testaferro del temible Cuchillo. 

Sin embargo, cualquier empresario que hubiera querido meterse en esa zona del Orocué en 2008 tenía que saber necesariamente que esa era una región dominada por el narcotráfico y por los paramilitares y que, por ende, no había un negocio que no pasara por sus manos, mucho menos el de la venta de sus tierras. 

Este caso se suma al de La Fazenda, investigado por el portal Verdad Abierta, que descubrió como este proyecto agroindustrial hoy tan exitoso se montó en una finca de propiedad de Carranza llamada El Brasil, en la que, según versiones dadas por desmovilizados, habría enterradas fosas comunes.  

Se está llegando el momento de que el gobierno Santos nos aclare en qué consiste el modelo agroindustrial de la altillanura que nos está proponiendo. Nos ha dicho que debe ser un modelo incluyente liderado por los grandes empresarios sin los cuales estos desarrollos agroindustriales no serían posibles. 

El problema es que estos grandes empresarios piensen que están por encima de la ley y que, por lo mismo, pueden diseñar muñecos jurídicos altamente sofisticados para hacerle el quite a la norma sin que el Estado los reprenda. Y más grave que lo anterior es que se les permita montar proyectos agroindustriales sobre tierras que eran de propiedad de narcotraficantes y de asesinos, como sucede en este nuevo caso denunciado por el representante Wilson Arias. 

Puede que la familia Eder, que también ha sido víctima de la violencia de este país, no tenga necesariamente que responder a estas denuncias, pero Alejandro Eder, que se desempeña como  alto consejero presidencial, sí lo tendría que hacer. No solo porque forma parte de la delegación del gobierno en la Mesa de La Habana sino porque es el responsable de la política de reinserción de los desmovilizados. 

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