El castigo por hablar más y mejor

Cuando en 1885 el teléfono empezó a hacer su aparición en el país, pocos se imaginaron que la penetración de la telefonía llegaría casi al ciento por ciento de la población colombiana.  Por el contrario, ante las dificultades para su expansión, en 1913 se creó en Bogotá un impuesto a la telefonía, que en 1915 se extendió a todo el territorio nacional a través de la Ley 84 de ese año.

La norma cayó en desuso y se daba por muerta, hasta que algunos municipios del país como Barranquilla, y el pasado fin de semana Santa Marta, la revivieron para justificar un nuevo tributo local a la telefonía celular, algo que además de ilegal es absurdo, pues va en contra del acceso a las comunicaciones.

Cuando se introdujo la ley, la telefonía era un servicio suntuoso y no existía la variedad de tecnologías que hay en la actualidad: además de distintas modalidades de telefonía, están  las que permite el internet, herramienta que a pasos agigantados reemplaza inclusive la comunicación por voz, sin que a quienes les quedan las utilidades por el diseño de las plataformas, tengan que contribuir con los fiscos públicos.

Ese tipo de impuestos, así como el que la comisión de expertos tributarios propone, de gravar con IVA el servicio de internet a los estratos 1,2 y 3, es regresivo y atenta contra el plan que tiene el gobierno nacional de llevar el internet a toda la población, esperando que esta revolución digital sea una herramienta para acabar con la desigualdad y que todas las personas, sin importar su estrato, puedan usar la red para acceder al conocimiento, o que las empresas encuentren mayor productividad a través de sus diversas opciones.

Las autoridades locales creen que tener  un teléfono móvil es un lujo, más si permite el acceso al internet. Si esta idea sigue haciendo carrera, cerca del 96% de la población podría verse afectada con este tipo de impuestos que, repito, son totalmente ilegales; lamentable que los municipios no atienden, o no quieran entender, el llamado que hizo la Corte Constitucional  en defensa de la autonomía local, a activar el principio de coordinación, para que se cumpla con el objetivo de la descentralización, de garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional, por lo cual la acción del estado en todos sus órdenes “debe estar exenta de redundancias o contradicciones”; triste que la crisis fiscal en las entidades territoriales desborde los límites constitucionales y legales para fijar nuevos tributos y que los usuarios terminen castigados, por acceder a un servicio público que se ha vuelto la mejor expresión de inclusión social.

Se requiere la reacción rápida del gobierno nacional, en cabeza de los ministros de las  Tecnologías y de Hacienda, para que con la intervención del contencioso administrativo, se frene esta carga impositiva ilegal y se  defienda a los usuarios, a quienes se les ha insistido en la importancia de las tecnologías de la información y las  comunicaciones en un mundo globalizado.