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Opinión

  • | 2011/11/19 00:00

    ¿El chantaje de los militares?

    Los militares vienen planteando la falsa premisa de que si se quiere ganar la guerra hay que perdonarles de antemano sus violaciones a los derechos humanos.

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Yo sí quisiera que el presidente Juan Manuel Santos le explicara al país por qué de buenas a primeras ha decidido cambiar radicalmente su política de derechos humanos. Está en mora de explicarnos por qué de la noche a la mañana, la Comisión Primera del Senado y con los votos de la Unidad Nacional, coalición que él preside, pasó un artículo semicamuflado, presentado a última hora dentro de la reforma a la justicia, en el que se cambian de manera drástica los linderos que tenía el fuero penal militar.

El artículo que acaba de pasar en la Comisión Primera suprime las restricciones que tenían los militares en materia de derechos humanos y les da prácticamente un cheque en blanco para que hagan la guerra como se les dé la gana. Si resulta aprobada esta reforma constitucional, la justicia penal militar, contrario a lo que sucede hoy, asumirá los casos que tienen que ver con delitos de lesa humanidad porque de entrada se presume que todos los actos son relacionados con el servicio. Eso significaría que si se producen nuevos casos de falsos positivos o casos como los del sargento que mató a unas niñas después de haberlas violado en Arauca, estos entrarían a ser conocidos automáticamente por la justicia penal militar.

Pero los efectos de esta reforma, si resulta aprobada, van mucho más allá. Por cuenta del efecto retroactivo que esta tendría, todos los casos que están en la justicia ordinaria que tienen que ver con militares relacionados con delitos de lesa humanidad serían devueltos automáticamente a la justicia penal militar. Es decir, generales como Rito Alejo del Río o Iván Ramírez, quienes están actualmente en prisión, correrían con esa suerte. Y, desde luego, condenados como el coronel Plazas Vega, por la retoma del Palacio de Justicia, cuyo proceso aún no ha finiquitado, podrían aspirar a lo mismo.

El problema es que regresar a la justicia penal militar los casos de lesa humanidad cometidos por militares nos devuelve a la impunidad de antes, que ni se compara con la lentitud con que la Fiscalía está adelantando las investigaciones sobre los falsos positivos. Basta recordar casos como el del Palacio de Justicia, cuyos militares implicados fueron absueltos inicialmente, o como sucedió en la masacre de Santo Domingo, donde también los implicados fueron absueltos de toda culpa.

Era tan fuerte el manto de impunidad que se extendía en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares que el gobierno de Samper -como lo recordó hace poco La Silla Vacía-, adelantó una reforma al fuero penal militar que terminó aprobándose en el gobierno Pastrana en la que se restringía el fuero penal militar y se disponía que los militares que hubieran sido señalados de cometer delitos de lesa humanidad tenían que ser juzgados por la justicia ordinaria.

Sin embargo, esta, que fue una conquista importante en materia de derechos humanos por parte del Estado colombiano, ha comenzado a resquebrajarse con el artículo que fue aprobado la semana pasada en la Comisión Primera del Senado.

Lo curioso es que siendo ministro de Defensa de Uribe, el propio Juan Manuel Santos aplicó este fuero que hoy quiere reformar e impulsó otro en la misma dirección que firmó al mes de haberse posesionado como presidente. Probablemente Santos argumente este bandazo con la frase de que solo los imbéciles no cambian. Puede que la frase resista pronunciada por un candidato, pero aplicarla cuando ya se es mandatario tiene sus complicaciones, sobre todo porque los primeros afectados con este cambio son, o somos, las miles de víctimas de este país; las mismas que él prometió reparar cuando impulsó la Ley de Víctimas.

Pero, además, el presidente Santos nos tiene que explicar por qué un bandazo como el que pretende dar y que, repito, va a cambiarles la vida a miles de víctimas en Colombia, no fue puesto a consideración del país y de la sociedad, como dicen las reglas del buen gobierno, que él dice abrazar. No solo se evitó el debate nacional (o tal vez para evitarlo), sino quedecidió meterlo camuflado dentro de la reforma a la justicia, como si las dos cosas tuvieran algo que ver. Un tema tan complejo y con tantas aristas para la sociedad colombiana ameritaba una profunda discusión.

Por la forma como el tema avanza en el Congreso, es fácil deducir que el gobierno de Santos cedió a la presión de los militares, quienes vienen planteando la falsa premisa de que si se quiere ganar la guerra hay que perdonarles de antemano sus atropellos a los derechos humanos. Si eso es lo que busca el presidente Santos, lo mínimo que debería hacer es decírnoslo públicamente para que lo oigamos las miles de víctimas que creímos en él.
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