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Opinión

  • | 2008/06/20 00:00

    El cierre de Doña Juana

    A pesar de que todos los bogotanos contribuimos a la generación de desechos, pareciera que el saneamiento ambiental fuera sólo problema de los vecinos del relleno de Usme.

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Los paisajes de la localidad de Usme – al suroriente de Bogotá – se encuentran entre los más sorprendentes de la ciudad. Hacia el norte se alzan los cerros que dan vida al parque Entrenubes, enclave natural protegido por el distrito gracias a la iniciativa de la comunidad de San Cristóbal. Al occidente, cientos de casas diseminadas sobre un valle verde yacen en las faldas de las montañas que marcan el fin de la localidad. Desde esta esquina de Bogotá el resto de la ciudad parece lejana, y nos sentimos pequeños ante el inesperado verdor y el contraste con el árido paisaje urbano.

En esa esquina verde del sur de la ciudad se dieron cita la semana pasada alrededor de trescientos habitantes de la localidad convocados por la Asamblea Popular por el cierre al basurero de Doña Juana. ¿Trescientos bogotanos reunidos para discutir por el paradero de las 6000 toneladas de residuos sólidos que producimos 8 millones de bogotanos diariamente? No se trata de una coincidencia. Es precisamente en la localidad de Usme en donde hace casi 20 años opera el relleno sanitario de Doña Juana, el botadero a donde van a parar las basuras de Bogotá junto con las de 40 municipios aledaños. El mismo relleno por el cual el distrito fue condenado a pagar millonarias indemnizaciones después de que en 1997 los deslizamientos de desechos taponaran del Rio Tunjuelo, ocasionando un desastre ambiental sin precedentes para la ciudad.

El relleno de Doña Juana es solamente la punta del iceberg. La discusión en torno a su cierre revela hasta que punto el tema de las basuras en Bogotá es una carga que le ha tocado asumir a los habitantes del sur de la ciudad. A pesar de que todos los bogotanos contribuimos a la generación de desechos, la disposición final de los mismos se concentra fundamentalmente en esta zona de la ciudad. Es decir, en lugar de ser asumida como una responsabilidad social compartida por la administración y la ciudadanía en su conjunto, el saneamiento ambiental se ha convertido en una nueva forma de marginar a ciertos sectores de la ciudad. En esa medida, no es extraño que sean los habitantes de Usme quienes exijan el cierre definitivo de Doña Juana.

Entre las razones que dan estos grupos para sostener que el modelo de gestión actual de los residuos se encuentra en crisis se pueden mencionar al menos tres. En primer lugar, la operación inadecuada del relleno sanitario y el uso de tecnologías ineficientes. Existe evidencia acerca de la filtración de lixiviados que contaminan los cauces de decenas de fuentes hídricas en la ciudad. En segundo lugar, también se argumenta que la crisis se debe a que la recolección por parte de las empresas concesionarias desconoce y excluye a los actores informales – principalmente a los recicladores – que sostienen la cadena de procesamiento de residuos. Y en tercer lugar, se alega que la existencia de rellenos desincentiva el reciclaje, y por ende, fomenta el uso irracional de materias primas y su consecuente desperdicio.

Ante esta situación las organizaciones de base tienen propuestas concretas. El Proceso Popular Asamblea Sur propone estructurar el servicio de saneamiento alrededor de dos ejes: inclusión y distribución. Por un lado, la inclusión de los recicladores, centros de acopio y las comunidades afectadas como actores del procesamiento de residuos. Y por el otro, la distribución equitativa de las ganancias que genera el negocio entre dichos actores y la ciudad. Por su parte, la Asociación de Recicladores de Bogotá, aseguró que es necesario actuar en dos frentes. En primer lugar, incentivando un cambio en el manejo de residuos en hogares y empresas, y en segundo lugar, educando con conciencia ambiental a los consumidores fomentando así un consumo responsable.

Ahora bien, el rol del sector privado también es fundamental. Desafortunadamente, en su papel de concesionarias, las empresas privadas que operan actualmente en la ciudad – Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y ATESA – han desvirtuado por completo el carácter de servicio público que tiene la recolección y disposición final de las basuras. De hecho, la recolección en Bogotá es tan costosa, que parece que las basuras fueran transportadas en taxi. Sin embargo, las tarifas que pagan los bogotanos están muy por encima del servicio que prestan las empresas concesionarias, las cuales se limitan a recoger los residuos y llevarlos hasta el relleno sanitario. Sin lugar a dudas, el de las basuras es un gran negocio. Diariamente hay más de 6000 toneladas de desechos por transportar y son las concesionarias las que se quedan con el 89 por ciento de las ganancias. En otras palabras, solamente el 11 por ciento de la torta es reinvertido en obras que beneficien a los bogotanos.

Es evidente que el esquema de gestión de las basuras debe cambiar en múltiples niveles y que este proceso debe iniciarse desde ahora. Particularmente, teniendo en cuenta que el distrito ha decidido prorrogar nuevamente el tiempo de funcionamiento de Doña Juana y que se avecina una nueva licitación para la adjudicación de contratos de recolección de basuras.

Sin embargo, el manejo de residuos sólidos en las grandes ciudades no puede seguir siendo visto como un problema de quienes viven en los basureros o sus alrededores. Y esto es así, en la medida en que el saneamiento ambiental no solamente es un servicio público, sino también una responsabilidad social compartida desde el sur hasta el norte de la ciudad.

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