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Opinión

  • | 2007/07/14 00:00

    El conflicto armado y la comisión internacional de encuesta

    Reconocer la existencia de un conflicto armado no supone que en el mismo haya ‘partes’ o que quienes combaten tengan la misma categoría

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Está equivocado el gobierno, si le creemos a la prensa, cuando sostiene que se opone a la operación de la Comisión Internacional de Encuesta porque, dicen, ella supondría el reconocimiento de la existencia de un 'conflicto armado' en Colombia. Que aquí hay un conflicto armado es una verdad de a puño. Resulta evidente para todos, también para los funcionarios gubernamentales, que en el territorio nacional operan grupos armados organizados y que ellos se enfrentan entre sí y con la Fuerza Pública, de manera constante y permanente en el tiempo. Nada más se requiere para que exista un 'conflicto armado'.

Sin embargo, el reconocimiento de este conflicto no significa, como creen algunos en Casa de Nariño, que haya en nuestro país una guerra civil, que quienes combaten tengan igual categoría, o que no estemos sometidos a ataques terroristas.

La guerra civil requiere la división de la Nación en varias facciones y que los grupos armados que se enfrentan al Estado representen a algunas de ellas. Las guerrillas colombianas son grupúsculos que apenas si cuentan con alguna muy marginal simpatía. Su poder no proviene del apoyo popular o de su identificación con las masas, sino de la fuerza que les dan los negocios criminales del secuestro, la extorsión y el narcotráfico.

Quienes combaten en un conflicto como el nuestro no tienen tampoco la misma jerarquía. El derecho internacional reconoce que sólo el Estado, su gobierno y sus Fuerzas Militares y de Policía son legítimos, que sólo con ellos pueden relacionarse los otros Estados, y que sólo en ellos debe recaer el monopolio del uso de las armas. Más aun, el derecho internacional humanitario reconoce el derecho y el deber del Estado de combatir a los grupos ilegales con todos los medios y métodos que sean necesarios, teniendo como único límite el respeto mismo del DIH y el del núcleo duro de los derechos humanos. De hecho, los demás derechos son suspendibles, si la suspensión es necesaria y conducente para enfrentar eficazmente a los violentos. Que la Constitución del 91 haya dispuesto que no se puede acudir a la suspensión de derechos, ni aun en situación de la más grave emergencia, es harina de otro costal y resulta de la influencia del M-19 en la Constituyente y del abuso infinito de la figura del estado de sitio.

El punto es que el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado no supone que en el mismo haya 'partes' o que quienes combaten tengan la misma categoría o se encuentren en el mismo nivel. En conflictos armados como el nuestro no hay 'partes' y el DIH se construye sobre la base de reconocer que el Estado tiene una legitimidad intrínseca y superior jerarquía y que, como dije, puede y debe usar la fuerza que sea necesaria para someter a los violentos y para aplicarles con todo rigor sus normas penales.

La aceptación de que vivimos un conflicto armado tampoco supone negar que los grupos ilegales son terroristas. Lo son y son también narcotraficantes, porque terrorista es quien acude al terrorismo y es narcotraficante, quien está involucrado con la producción y la comercialización de narcóticos. Y nadie duda de que las Farc son una cosa y la otra. De manera que los grupos armados ilegales son guerrilleros, sí, porque usan el método de guerrilla, pero también son terroristas y narcotraficantes. La calificación no depende de los fines sino de los medios. No me cansaré de insistir en que son categorías concurrentes y que no se excluyen las unas de las otras. Y en que más allá de objetivos y motivaciones, el derecho internacional condena el uso de medios y métodos de combate que, como el terrorismo y la toma de rehenes, están rotunda y terminantemente prohibidos.

En donde sí tiene razón el gobierno es en su objeción a la famosa Comisión Internacional de Encuesta. La Comisión fue creada para operar en el marco de conflictos internacionales. La inconsulta propuesta es ofensiva para el Estado colombiano porque, aquí sí, sugiere que hay 'partes' y que los bandidos y el gobierno son iguales. Para recibir los cadáveres de los diputados asesinados por las Farc está la Cruz Roja Internacional. Si Suiza quiere buscarles oficio a los desocupados miembros de la Comisión, mejor sería que buscara otro conejillo de Indias.
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