Miércoles, 22 de octubre de 2014

| 2013/07/06 00:00

El confundido

Durante la transición, como él la llama, ICM ejecutaba el controvertido contrato de pavimentación de Bogotá.

Foto: Jhon Calson

El señor gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, asegura que no es, ni ha sido el dueño de la empresa ICM Ingenieros. Lo contrario sería muy grave. En primer lugar, porque algunos testigos dicen que esa firma ha participado en el carrusel de la contratación pagando sobornos a políticos para asegurarse contratos multimillonarios. En segundo lugar, porque ICM contrata con el Estado y la ley establece que ningún funcionario público puede hacer negocios con la administración.

Lo curioso es que, a pesar de las enfáticas aclaraciones de Álvaro Cruz, la equivocación sobre la propiedad de la compañía de ingenieros parece continuar. 

Están confundidos la Fiscalía General de la Nación, los compañeros de devoción del gobernador Cruz y –aunque parezca increíble– el propio gobernador.

En una entrevista con Blu Radio sobre el carrusel de la contratación, el vicefiscal Jorge Perdomo afirmó que “más que estar involucrado, creo que lo que se puede decir hasta este momento es que una empresa –que entiendo es de propiedad del señor gobernador– participó en la pavimentación de las calles en un contrato en el que pareciera hubo alguna irregularidad. Esto es algo aventurado, pero pues sí... El nombre del señor gobernador ha aparecido por ser propietario de una de las empresas que colaboró en la pavimentación de la malla vial de Bogotá” (escuchar audio).

El gobernador admite que ha sido asesor de la compañía ICM pero niega haber sido socio, accionista o propietario. En una conversación telefónica me dijo que “lo primero que hice al posesionarme fue pedir que nombraran a un gobernador ad hoc para las cuentas de ICM”.

El gobernador se posesionó el 21 de diciembre de 2011 y tres meses después –el 21 de marzo de 2012– envió un oficio a la Presidencia de la República pidiendo la designación de un gobernador ad hoc para los temas de la empresa ICM, que tenía dos contratos, hoy cedidos, con Cundinamarca. 

La Presidencia le concedió su petición el 9 de mayo admitiendo que “el impedimento se presenta debido que el señor Jorge Ibán Rozo, quien es su cuñado, es accionista de la compañía ICM Ingenieros S.A, a través de la firma Inversiones e Infraestructura SAS” (ver decreto gobernador adhoc).

La firma Inversiones e Infraestructura SAS nació hace apenas dos años, en julio de 2010, y en el momento de su fundación la totalidad de las acciones pertenecía a Luz Zoraida Rozo Barragán, la esposa de Cruz (ver accionista escritura 7549).

La empresa fue matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá por el ahora gobernador Álvaro Cruz Vargas, quien se inscribió como su primer representante legal (ver firma Cruz en Registro Único empresarial).

El gobernador me explicó que, tanto la participación accionaria de su esposa como la representación legal suya de esa compañía, hicieron parte de “una situación de transición” por la separación matrimonial de uno de sus cuñados, Pedro Ignacio Rozo, de su esposa Marcela López, también accionista de ICM.

Transición o como él quiera llamarlo, durante el mismo periodo ICM ejecutaba el controvertido contrato de pavimentación en Bogotá. 

El gobernador es un devoto seguidor de Sai Baba, el fallecido líder espiritual de la India, a quien visitó varias veces en su monasterio de Puttaparthi. En ese místico y lejano lugar del mundo también quedaron informaciones equívocas sobre la identidad del dueño de ICM Ingenieros.

En uno de los sitios oficiales del gurú presentan a los líderes seguidores de Sai Baba. En la reseña de Álvaro Cruz afirman: “Álvaro Cruz cabalga entre dos mundos, los negocios y la política. Es el dueño y CEO de una gran empresa constructora, ICM Ingenieros Ltda. en Colombia, América del Sur, y ha sido el gobernador de Cundinamarca, el mayor estado de Colombia” (ver reseña Cruz SaiBaba).

El gobernador dice que es una imprecisión, quizás atribuible a un error de traducción. “Es que yo no hablo inglés”, me explicó.

También le pregunté en qué consistió su acuerdo con el gerente de ICM, Luis Guillermo Mesa, y si le pagaba o no un salario:

–“Me pagaban todos los gastos de oficina y todos los gastos del vehículo. Ocho o diez millones de pesos, según los negocios que consiguiera. En alguna época estuve empleado pero después preferimos con el socio tener total libertad y que me cubriera los gastos”.

–“Señor gobernador” –le repregunté– “si usted no ha sido accionista de la compañía, ni socio de él, porque acaba de decir “preferimos con el socio’”.

–“Bueno...” –me replicó– “quise decir ‘con el socio de la empresa’”. 

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