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Opinión

  • | 2008/02/09 00:00

    El coronel beligerante

    Eric Tremolada analiza el efecto de la intervención, cada vez más cotidiana, del Presidente de Venezuela en los asuntos internos del país

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Con ocasión de los reiterados pronunciamientos sobre el conflicto colombiano y las Farc por parte del Coronel que preside Venezuela, se sumergió a los actores políticos de ambos lados de la frontera, a los académicos y al público en general en un mar de conceptos tan intrincados que nos evoca al laberinto García Marquiano sobre el Libertador.

Así, pese a que trabajo en derecho internacional, me vi obligado a revisar los Convenios de Ginebra de 1949 sus protocolos adicionales de 1977 y los manuales en la materia de Mariño Menéndez, Remiro Brotóns, González Campos, Puente Egido entre otros, para responder con la mayor objetividad posible si las Farc pueden ser sujetos destinatarios de normas internacionales y si Venezuela está interviniendo en los asuntos colombianos.

Un grupo armado que pretenda la creación de un nuevo Estado o como las Farc el cambio de un régimen político, y que no alcance una efectividad más allá de amotinarse o producir actos esporádicos y aislados de violencia, de acuerdo con el artículo 1.2 del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra, sería sujeto del derecho interno (penal) toda vez que no estaríamos frente a un conflicto armado.

Por el contrario cuando las fuerzas armadas insurrectas están bajo la dirección de un mando, con control parcial del territorio y mantienen operaciones militares sostenidas, estaríamos frente a un conflicto armado (guerra civil), que por extensión como si se tratara de un conflicto armado internacional sería destinatario del citado Protocolo (artículo 1.4).

Ahora bien, independientemente de la subjetividad del intérprete para ubicar a las Farc en alguna de las situaciones planteadas, en el caso de la segunda hipótesis o de una intermedia, la regla de aplicación a las partes del Derecho Internacional de los conflictos internos es, como nos lo recuerda Mariño “la automaticidad sin necesidad de reconocimiento alguno, desterrándose así progresivamente la práctica antigua del reconocimiento de beligerancia”. Se trata de una tendencia objetivista que se impone en la práctica contemporánea toda vez que cuando los insurrectos establecen su autoridad sobre una parte del territorio adquieren efectividad como gobierno local al punto que los terceros pueden relacionarse directamente con ellos, donde el reconocimiento previo no añadiría jurídicamente nada a su condición.

Por lo anterior, un reconocimiento de terceros, como el de Venezuela a los insurrectos colombianos podría darle, en interinidad, la calidad de sujetos del derecho internacional con capacidad de concluir acuerdos entre el que reconoce y el reconocido, pero siempre circunscritos a su condición. En todo caso un acto unilateral apresurado en este sentido puede escalar el conflicto tanto como persistir en ignorarlos.

Sin embargo, el pretender que Colombia reconozca la beligerancia y que como contraprestación los insurrectos respeten el Derecho Internacional de los conflictos internos, presionando además con bloqueos comerciales, es una flagrante violación a la obligación del principio fundamental de no intervención por parte de Venezuela, quien por el contrario debe cooperar para garantizar los propósitos y principios rectores de la Carta de Naciones Unidas.

El principio de no intervención, como norma imperativa de carácter consuetudinario, implica el derecho de todo Estado de conducir sus asuntos sin injerencia extranjera. Dicha obligación ha sido recogida y precisada por diversos instrumentos internacionales tales como las Resoluciones 2131(XX) y 2625 (XXV) de la Asamblea de Naciones Unidas y la Carta de la OEA. La Corte Internacional de Justicia hace lo propio en el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, y la doctrina difunde la vieja noción de Oppenheim quien consideró la intervención como “una injerencia dictatorial de los asuntos de un Estado por otro Estado con el objeto de mantener o alterar la condición actual de las cosas”.

Pero si todavía nos quedan dudas respecto de la injerencia venezolana, basta con remitirnos a la citada Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados que determina el alcance de la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados: “Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden”. Además señala que “Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado”. (La negrilla es nuestra).

En resumen Coronel, el reconocimiento de la beligerancia es una cuestión fáctica que obedece al alcance de la fuerza insurrecta y no a su simpatía con la causa, en todo caso, como acto unilateral le permitiría llegar a acuerdos con las Farc; no obstante, su coacción para que el gobierno de Colombia haga lo propio, es un ilícito que viola normas imperativas del ordenamiento internacional y que se contradice con su tesis relativa a que su Republica Bolivariana limita con las Farc y no con Colombia. De ser así, por qué su gobierno y la Cruz Roja necesitan autorización del gobierno colombiano para facilitar las liberaciones unilaterales de secuestrados que anuncian los insurrectos o, por qué estos insisten en un despeje si controlan el territorio que limita con Venezuela.

Entretanto el gobierno colombiano es casi aquiescente con estas violaciones, olvida las herramientas que el derecho internacional le brinda (contramedidas y responsabilidad internacional), e insiste en tapar el cielo con un dedo pese a la gravedad del asunto. Ya lo hizo en diciembre al interpretar como una victoria la resolución de las absurdas excepciones que el equipo jurídico interpuso en La Haya en su disputa con Nicaragua.

*Docente e investigador en Derecho Internacional de la Universidad Externado, Titular en Colombia de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario.
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