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Opinión

  • | 2006/02/12 00:00

    El costo de la omisión

    Ana Cristina González, ex directora de Salud Pública del Ministerio de Protección Social, analiza los costos de que la Corte no haya tomado una decisión de fondo en el caso del aborto.

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La inhibición de la Corte para fallar sobre la despenalización del aborto, no sólo sorprendió a la opinión pública que esperaba una decisión de fondo por parte de este tribunal, sino que deja sin solución un reconocido problema de salud pública. Pese a la inhibición, las mujeres en Colombia seguirán acudiendo en forma insegura y clandestina a la interrupción del embarazo y seguirán siendo, en una gran proporción, víctimas de las complicaciones e incluso la muerte por la falta de acceso a servicios que sean seguros. Esta inhibición, lamentablemente, hace que se mantenga el aborto como la tercera causa de muerte materna en el país, que cerca de la mitad de las mujeres entre 15 y 19 años que han estado embarazadas acudan al aborto, y que una buena parte de todas ellas -cerca del 30%- sufran complicaciones. Además, que sean las mujeres más pobres quienes tengan que someterse a la práctica de abortos que por su clandestinidad se suelen realizar en condiciones de inseguridad, en un país en el que casi el 50% de los embarazos son no deseados y casi la mitad de éstos terminan en aborto. La sensación colectiva y los debates que por primera vez se construyeron con tanta altura entre la opinión pública y que por suerte son ya un acumulado en nuestra sociedad, hacía pensar que por fin Colombia avanzaría en la materia reconociendo la importancia de despenalizar el aborto, en al menos algunas circunstancias, tal como lo afirmó, por ejemplo, el Procurador General de la Nación, y para no seguir en la 'cola' del mundo en materia de penalización. Salvar la vida y proteger la salud de las mujeres y evitar el sufrimiento prolongado e injusto de gestaciones que resultan en malformaciones fetales graves incompatibles con la vida o en caso de violaciones, cuando se trata de la voluntad de las mujeres de interrumpir su embarazo, son prerrogativas necesarias en materia social y legal, para avanzar en el acceso a servicios seguros y equitativos. Mientras la Corte se declara inhibida, el costo que las mujeres han de seguir pagando por la absoluta penalización del aborto será el "costo de la omisión": el que se deriva de NO realizar en forma oportuna y adecuada la atención en condiciones de seguridad a las mujeres que optan por una interrupción del embarazo. Costos en términos de vidas humanas para las mujeres, costos para la familia, la comunidad y la sociedad, que pierden un eslabón fundamental en sus entramados y costos para los sistemas de salud que tendrán que seguir atendiendo las complicaciones derivadas de abortos practicados en forma insegura. La solución a este problema tiene que ser una solución de fondo que aborde la educación sexual en forma amplia y abierta, que se oriente a la prevención de los embarazos no deseados, mediante una amplia oferta de métodos anticonceptivos y el empoderamiento de las mujeres. Una solución que aborde en forma integral la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la población colombiana, particularmente de las y los jóvenes y las mujeres en situación de desplazamiento o habitantes de zonas rurales o con menor escolaridad, sobre quienes recaen los indicadores más preocupantes de salud en esta materia. Una solución que atienda el llamado internacional que se ha venido haciendo insistentemente desde hace más de una década y con el que los gobiernos del mundo, incluido el de Colombia, convinieron en forma mayoritaria: revisar las legislaciones que penalizan el aborto y, en consecuencia, crear las condiciones para garantizar el acceso a servicios oportunos y seguros. *Ex directora de Salud Pública del Ministerio de Protección Social
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