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Opinión

  • | 2001/08/13 00:00

    El costo de la verdad

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La desaparición forzada, una conducta considerada por la legislación internacional como un crimen de lesa humanidad, es una práctica que desde 1977 se ha venido cometiendo en Colombia con unos altos índices progresivos y que en los últimos años por el conflicto del país se ha agudizado.

De los más de 4.000 desaparecidos solamente en el año 2000, 743 personas fueron desaparecidas, cifra que revela la agudización de la situación en los últimos años. Precisamente el 10 de julio se cumplió un año de la tipificación de la desaparición forzada, un avance importante que el Estado estaba en mora de reconocer.

La ley 589, que tipifica los delitos de genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y tortura, ha sido el resultado de ingentes esfuerzos de algunas organizaciones de derechos humanos y de los familiares de víctimas de desapariciones forzadas.

Algunos de los artículos de esta ley fueron el resultado de pedidos concretos que durante muchos años la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos —asfaddes— pidió que fueran considerados producto de la experiencia en la búsqueda de sus seres queridos. De cierta forma la ley es el resultado de uno de los propósitos que durante varios años esta asociación persiguió, en medio de una incansable labor de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.

Esta ley tiene su propia historia. Doce años le antecedieron, en los cuales Asfaddes realizó un seguimiento continuo al desarrollo y presentación en cada uno de los debates en el Congreso de la República de seis proyectos que fueron presentados durante este tiempo.

De estos proyectos tres fueron archivados sin ni siquiera darse las respectivas discusiones en el Congreso. Un cuarto proyecto fue discutido en la Cámara de Representantes pero posteriormente fue archivado. La quinta iniciativa fue discutida y aprobada por el Congreso de la República pero finalmente objetada por el entonces presidente de la República doctor Ceesar Gaviria Trujillo, en el año de 1995.

En 1997, bajo el gobierno del doctor Ernesto Samper, fue presentado ante el Congreso un proyecto de ley por el gobierno, producto de las demandas internacionales y el fuerte lobby en el congreso de la República. Esta iniciativa suscitó arduos debates en las cámaras y de nuevo fue objetado por el presidente electo Andreés Pastrana. Afortunadamente, y gracias a las peticiones de la comunidad nacional e internaciona,l el proyecto finalmente fue sancionado como ley de la República el 10 de julio de 2000.

Precisamente Asfaddes, organización promotora de esta ley, está hoy a punto de desaparecer en medio de hostigamientos, amenazas y atentados contra su actividad y los miembros que la integran. Esta situación ha repercutido ya en el cierre de cuatro de sus sedes seccionales, el asesinato de dos de sus miembros, la desaparición de otros dos, el exilio y hasta interceptación ilegal por parte de organismos de seguridad del Estado. Todo esto aunado al daño sicológico que estas prácticas han originado tanto individual como colectivamente.

Y así como hubo una gran preocupación por parte de la comunidad internacional para que se sancionara la ley, hoy los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recibe el apoyo y preocupación internacional para que el trabajo de esta organización no se extinga.

Una misión internacional integrada por la Premio Nobel de Paz 1992, Rigoberta Menchú; el general ecuatoriano René Vargas Pazzos; la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo y de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) Martha de Vásquez; la representante de la delegación sueca de Amnistía Internacional, Rose–Marie Asker; la directora del Centro por la Justicia y el Derecho, Viviana Krsticevic, y la subdirectora del Instituto de Derechos Humanos de la defensoría de la provincia de Buenos Aires, visita el país para entrevistarse con los miembros de Asfaddes y las autoridades gubernamentales. Esta misión presentará su informe y conclusiones el 17 de julio, cuando culminará su visita.

Es tan grave la situación de Asfaddes que recibirá en custodia como reconocimiento y solidaridad la obra donada por el maestro Oswaldo Guayasamín, El Reposo. Obra que fue donada a la causa de los derechos humanos en Colombia para resaltar tan noble labor.



*Presidenta de la Asociación de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).
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