El cuentachistes

Tiene toda la razón el metomentodo juez español Baltasar Garzón cuando dice que no se debe, como hace el gobierno colombiano, anteponer la extradición por narcotráfico de los paramilitares a los Estados Unidos a los crímenes de lesa humanidad que han cometido en Colombia, y por los cuales deberían ser juzgados aquí de acuerdo con la ley de Justicia y Paz.

Tiene toda la razón el juez Garzón. Lo mismo se ha dicho aquí cien veces: jueces, columnistas de prensa, oenegés. Lo ha dicho, y lo acaba de repetir, Iván Cepeda, representante de las víctimas del conflicto armado. Pero esa gente es considerada por el gobierno "aliada de los terroristas". Se necesitó, pues, que lo dijera un magistrado extranjero, y en un foro convocado en el extranjero (en Madrid), para que el gobierno reconociera que puede haber ahí un problema: así lo aceptó el viceministro de Justicia, Miguel Cevallos, en Madrid. Sin embargo no todos los extranjeros tienen el mismo peso para este gobierno: embajador gringo mata juez español. Así que, tras reconocer que no hay un tratado de cooperación judicial que garantice la de los tribunales de los Estados Unidos con la justicia colombiana, arguyó el viceministro que hay que confiar en "el ofrecimiento de colaboración hecho por el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada". A través de ese mismo embajador cuentachistes que acaba de afirmar en Bogotá, con los ojos cerrados de la risa, que "los amigos no abandonan a sus amigos". Como si no supiera que la historia entera de los Estados Unidos es una historia de abandonos y traiciones a todos sus amigos (con la única excepción de Israel).

Pero el gobierno es inasequible a la evidencia. Parece ser que tampoco se ha dado cuenta de que los Estados Unidos tampoco respetan los términos del tratado de extradición firmado con Colombia, que se supone mutuo, pero sólo funciona de acá para allá, y no de allá para acá. (O a lo mejor es que no le importa: ni siquiera se preocupó por guardar las formas de la reciprocidad en otro tratado, el llamado "de libre comercio"). El gobierno insiste. Y así su Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, asegura (también en Madrid) que una vez que hayan cumplido sus sentencias por narcotráfico en los Estados Unidos los criminales regresarán por su propia voluntad para responder por genocidio ante la justicia colombiana. ¿De verdad lo cree? Y en cuanto a la reparación de las víctimas, para la cual el gobierno alega que el Estado colombiano no tiene dinero (cómo lo va a tener, si se lo gasta en darles subsidios agrícolas a los victimarios), tampoco podrá financiarse con las fortunas mal habidas, habidas a sangre y fuego, de los paramilitares: ya las negociaron ellos con la justicia y con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿De verdad tampoco saben eso el Alto Comisionado y el viceministro de Justicia? Y el ministro, claro, y el presidente: toda esa gente que le celebra con risas serviles sus chistes al señor embajador.

¿Y es que también creen que David Murcia, el de la pirámide, que estafó a dos millones de colombianos, quiere volver para que lo juzguen por eso después de negociar su condena por lavado de dólares con la justicia de los Estados Unidos, a donde está siendo extraditado él también? (Es tal la vesania extraditadora de este gobierno que no se entiende por qué insiste en que le nombren un Fiscal, si sólo podrá ocuparse de los delitos menores contemplados en la ley de pequeñas causas. No se necesita un Fiscal General de la Nación para tratar con apartamenteros y raponeros). Pero es que para este gobierno arrodillado son mucho más graves los delitos cometidos contra el fisco norteamericano que los que se cometan en Colombia contra la vida o los bienes de los ciudadanos de aquí.

¿Por qué?

No es porque nuestros gobernantes, Álvaro Uribe y sus amigos, sean idiotas. Al contrario: es porque se creen astutos. Esperan que su sumisión abyecta a los intereses norteamericanos les será devuelta bajo la forma de una futura defensa contra la Corte Penal Internacional, que ya les tiene echado el ojo. La creación de la Corte, en efecto, fue suscrita por Colombia, y en consecuencia la obliga. Pero no la suscribieron los Estados Unidos, y en consecuencia a ellos no.

Si confían en esa ayuda, es porque no conocen tampoco la historia de traiciones a sus amigos que es la historia de los Estados Unidos. Creen que los chistes que cuenta el embajador van en serio.