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Opinión

  • | 2013/10/12 00:00

    El cuerpo

    Junto a la tierra, me atrevo a decir que el cuerpo de la mujer ha sido el gran botín de la violencia en Colombia.

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El cuerpo, aquel territorio donde los seres humanos construimos la identidad, el gran lugar del conocimiento, donde aprendemos a aceptar el cambio y a vivir el placer, ese espacio donde surgen las emociones y se fundan las relaciones con los otros, se convierte en un territorio de miedo y miseria, de culpa y de infelicidad, cuando es abusado.  

El asunto no es excepcional. Según Medicina Legal, en nueve meses 12.000 menores fueron víctimas de violencia sexual, de las cuales casi 10.000 son niñas. Agréguele al asunto que la impunidad es del 99 % y que el subregistro es abrumador.

La mayor parte de mujeres que conozco tienen para contar algún episodio de violencia contra su cuerpo, especialmente en la adolescencia. No faltó el que le mandó la mano de manera descarada o con disimulo, el piropo que en lugar de halagar resultó humillante, el que le restregó su pene en el autobús o le obligó a tener relaciones sexuales sin consentimiento. Maestros, padres, padrastros o hermanos; conocidos, vecinos y amigos, son casi siempre quienes las (o nos) violentan. Y no pocas veces con la indiferencia o el permiso explícito de otras mujeres. Las niñas casi siempre viven la agresión en silencio, convencidas de que ese es un gaje más en la tarea de aprender a ser adultas. 

Por supuesto la guerra y la criminalidad han disparado esta predisposición al abuso. Grupos armados de toda calaña han sometido sobre todo a las mujeres rurales a situaciones degradantes. Basta recordar como en Libertad, Sucre, las AUC organizaron peleas de boxeo obligatorias entre mujeres para castigar su “mal comportamiento”; que en San Onofre, Rodrigo Cadena mandaba a “tusar” a las mujeres que él consideraba chismosas, y que en barrios de Medellín los paramilitares marcaron los cuerpos de algunas jóvenes con las siglas de su organización. Hasta ahora la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía está investigando cerca de 624 casos de esta violencia cometidos por las AUC. 

La guerrilla no se queda atrás. En un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, que desató la ira de los delegados de las FARC en La Habana, hay testimonios de centenares de mujeres desertoras en los que narran cómo el aborto obligado y las relaciones sexuales inducidas en la adolescencia son el pan de cada día en los campamentos guerrilleros. 

Dice el estudio que el 63 % de las niñas que huyeron del ELN habían ingresado vírgenes; y en las FARC, el 45 %. Para ellas, que escaparon del abuso que se cernía como amenaza en sus casas, la iniciación sexual resultó casi siempre una faena apresurada de la guerra, en la hamaca de veteranos comandantes que buscan “carne fresca”. Expresión degradante que se ha normalizado en el país para nombrar esta atávica tendencia de los viejos a seducir a las menores. 

Y eso no es todo. Esta semana el periódico británico The Independent publicó un reportaje en el que denuncia que en Medellín las niñas vírgenes son vendidas por los combos de barrio en redes clandestinas que se alimentan con catálogos y subastas por internet. Un tráfico que existe, pero cuyas dimensiones se desconocen.  

En suma, el cuerpo de las mujeres, y más grave aún, el de las niñas, es tratado como un territorio baldío que usufructúan, cercan y colonizan depredadores con todo tipo de intereses, instintos o ideologías. 

Sin embargo, nuestras instituciones todavía tratan el problema del abuso sexual como un asunto punitivo, fruto de la descomposición social y familiar. Y no como lo que es: una epidemia nacional de carácter público que requiere una atención urgente e integral.

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