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Opinión

  • | 2017/01/28 09:49

    El debate sobre los toros: entre el ridículo y el populismo

    Es un debate para una sociedad muy evolucionada. O por lo menos regida por una sólida institucionalidad.

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Por una parte, están los anti taurinos que reclaman el “reconocimiento del estatus moral de los animales no humanos”. Es decir que, como seres que sienten dolor, los animales son merecedores de consideración moral y titulares de unos derechos que hay que cumplir. Por otra, están los taurinos que reclaman el respeto a una tradición cultural viva y original que ha transmitido de generación en generación una ética y una estética en la relación con el toro; un patrimonio que ha contribuido al desarrollo de los territorios e incluso ha enriquecido el idioma, la literatura y la historia del país.

Semejante discusión requería de un elevado nivel de deliberación y respeto. La reapertura de la plaza de toros ofrecía la oportunidad. Unos y otros tenían respetables argumentos. Pero como no estamos en una sociedad con sólidas instituciones, cualquier movilización resultaba poco menos que ridícula. Claro, siempre estaba presente la amenaza de que, en un país caracterizado por la intolerancia y la violencia, las razones fueran sustituidas por insultos y agresiones. Y cuando la amenaza se volvió realidad, el asunto dejo de ser ridículo. Las agresiones a quienes asistieron a la Santamaría y la intensidad con que tuvo que actuar la policía, revelan bien que había cosas que iban más allá de la simple manifestación anti-taurina: el oportunismo político de quienes querían pescar en el rio revuelto de la reapertura de la plaza.

Al ex Alcalde Petro, la defensa del toro le permitía volver a la escena pública, sin tener que exponerse a que cuestionen la incompetencia y la corrupción que caracterizan sus cuatro años de gobierno en Bogotá; al Alcalde Peñalosa, le daba la oportunidad de propiciar un desplazamiento de su agenda política del debate sobre la revocatoria de su mandato, a la defensa de la vida de los animales (de paso, arrebatando las banderas a Petro); a los congresistas y concejales “animalistas”, le ofrecía un escenario para hacer política como enemigos del maltrato animal; y a los jueces, especialmente de la Corte Constitucional, salir del terreno fangoso de la validación irregular que le dio al procedimiento para implementar los acuerdos con las FARC.

El problema está en que a todos se les salió de las manos la situación. A Petro sus trinos sobre el desbordamiento policial, antes que preocupación, le revivió la sospechosa relación entre la presencia de su gente en manifestaciones y la ocurrencia de hechos violentos (como cuando se produjeron los ataques en que fueron destruidos mas de 70 buses y seis estaciones de Transmilenio en los inicios de 2016); A Peñalosa, su decisión de tomar partido por una de las posiciones, lejos de propiciar un ambiente de seguridad y convivencia, crispó más el clima de tensión y violencia que 1200 policiales no pudieron contener. Cambió popularidad por autoridad. Y a los congresistas y concejales “animalistas”, su propuesta de liquidar la fiesta le significó el cuestionamiento de no haber hecho nada contra la barbarie que se vive, sobre todo en los mataderos y lugares de sacrificio animal.

En Francia, a pesar de que existe una dura ley contra el maltrato animal, el debate se resolvió cuando la más alta instancia jurisdiccional de ese país, el Consejo Constitucional, confirmó en 2012 la excepción de permitir las corridas en las regiones y localidades en donde hay tradición taurina ininterrumpida. «Me alegro de ver que la República responde a su ideal que no es otro que defender en primer lugar la libertad, y en concreto, la libertad de vivir según su cultura», afirmaba el socialista Michel Vauzel, presidente de la región Provenza-Alpes-Costa Azul, una de las cuatro del sur de Francia en donde está permitida la Fiesta.

Los Magistrados de la Corte Constitucional no pueden caer en el juego populista de la prohibición, cuando están ante la exigencia de hacer valer los derechos y las tradiciones de una minoría. Máxime que ya hay cosa juzgada constitucional. En la sentencia C-666 de 2010 que declara la exequible la norma que exceptúa las actividades taurinas, el coleo y las riñas de gallos. Permite su realización bajo condiciones muy concretas, y exhorta al legislativo a conciliar las normas que enfrentan la protección con las que se producen en virtud de prácticas culturales y tradiciones. El Congreso en la Ley 1774 de 2016, confirma la excepción de la norma que había sido demandada.

El país ya está muy dividido. Por eso, no se trata de cortar de tajo el debate de manera que haya un vencedor. Más bien, hay que abrir las puertas para que la deliberación se produzca en condiciones de argumentación y respeto. Hay que acabar con el ruido de los oportunistas, que no le está permitiendo a los anti-taurinos entender la tradición de valor y respeto que los ganaderos, toreros y aficionados sienten por el toro durante su cría y lidia. Y a los taurinos comprender los reclamos por la consideración moral de los animales. Si se supera el ruido, tal vez se llegaría a un acuerdo, sin que se llegue a la confrontación. Que como van las cosas, lejos no está.

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