El decreto de media noche

Una de las características de la vida institucional de los países en desarrollo es su inestabilidad. Como si las instituciones no pudieran afirmarse sobre un piso sólido, se suceden mutaciones, al vaivén de criterios precarios o unilaterales. El resultado es que no es posible asentar condiciones para que germinen proyectos y se cosechen resultados. Esto sucede ahora con las universidades públicas. El Decreto 1444 de 1992 estableció como norma para el sistema salarial de los docentes la acumulación de puntos por factores tales como los títulos de posgrado y la productividad académica. En apariencia, la evaluación negativa de la aplicación de este decreto motivó al Ministro de Educación para que lo reemplazara por uno nuevo, expedido al filo de la última noche del año pasado. El nuevo decreto (2912) promete puntos "a favor de todos" los académicos. ¿A favor de quién?, nos preguntamos los profesores universitarios.

En los años 70, la Universidad Nacional creó el modelo de otorgar un puntaje salarial por cada artículo, libro u obra de los profesores en sus distintas áreas. Consistió en estimular la producción artística, científico-técnica y humanística a través de una comunidad académica integral en el país. Ella debía servir de soporte para mejorar la calidad de la formación superior, piedra angular del desarrollo en las sociedades modernas. Este grupo social ha sido la base de la vida universitaria de calidad en el mundo pues crea las condiciones necesarias para una buena enseñanza y para la incesante renovación del conocimiento. La carrera docente universitaria permite que los profesores se dediquen por completo a ella, sin dividir su tiempo entre distintas actividades. Se entiende que un docente no es tan sólo tiza y tablero, sino alguien inquieto por el estado del conocimiento en su campo y con el ánimo de aportar con su saber al país.

Paulatinamente otras universidades públicas colombianas pusieron en marcha el mismo sistema y en 1992 se introdujo en todas ellas. El Decreto 1444 trajo aplicaciones poco rigurosas, y excepcionalmente desmedidas, en quienes no tienen la tradición de rigor que ha caracterizado a la Universidad Nacional. La preocupación gubernamental quedó consignada en documentos de 1997 y 1999. Sin embargo, en vez de apuntar a mejorar la calidad del sistema universitario se derivó hacia una preocupación fiscalista que desecha una visión integral de la educación estatal y sus deficiencias. No se interrogó cómo consolidar una comunidad académica en las universidades más débiles y evitar los abusos, ni exploró alternativas para crear una política estatal en educación superior hasta ahora ausente. Por el contrario, se empeñó en una visión estrecha según la cual es muy costoso para el país pagar al profesorado universitario.

El decreto del 31 de diciembre pasado desmontó, no sólo los puntos por producción que van al salario, sino la carrera profesoral completa al colocar talanqueras insalvables para la promoción de los docentes según sus méritos. Ahora las promociones se condicionan a la realización de trabajos que sean "contribución significativa" al conocimiento o al arte realizados en un período de tres años. Quien logre publicar en el exterior, pues pocas revistas nacionales se toman en cuenta para ello, y haga tales ‘contribuciones’ a juicio de Colciencias, deberá participar de un sistema de cuotas del número de profesores que pueden promoverse periódicamente. Lo vicioso del modelo es que, por un lado introduce exigencias por fuera de las condiciones de producción en Colombia y, por el otro, consolida la tradicional costumbre colombiana de entregar en manos de un grupo pequeño y de sus propios colegas, la escogencia de los elegidos.

Así, el decreto de media noche no sólo presenta un pasmoso desconocimiento de las condiciones de creación intelectual, sino que abre un espacio para el uso de nuevas formas de clientelismo para tene acceso a la cuota establecida y a los respectivos "premios". Un profundo desprecio por la producción nacional recorre el nuevo decreto. No existen dudas sobre la conveniencia de impulsar la publicación de la producción nacional en revistas internacionales. No obstante, el decreto lo hace de manera abrupta y elitista. Es como si el gobierno le diera incentivos a la producción de otros países en desmedro de la nacional.

Desde hace varios años cierta tecnocracia viene proclamando que la educación superior pública es muy costosa y debe regirse por la leyes del mercado. Más demanda, mayores presupuestos. La pregunta es si estas "leyes universales" del mercado le convienen a un país que aún está en vías de consolidarse en la creación de conocimiento. O más bien si el efecto es el de botar por la borda lo que, pese a los tropiezos, se venía construyendo durante las tres décadas pasadas. Cuando por fin tenemos las bases para poder exigir criterios de rendimiento académico y para que la sociedad le pida cuentas a cada universidad sobre cómo invierte los dineros públicos, el Ministerio de Educación da un bandazo. En vez de ajustar, desbarajusta.

Es irónico que la tecnocracia actual reviva un viejo argumento de la élite más conservadora: es más barato formar universitarios en el exterior que en Colombia. Al fin y al cabo, ¿cuánto cuesta cada metro del terreno de la Universidad Nacional? Así las cosas, el nuevo decreto le otorgará puntos a favor de la institución que mal pague a un catedrático empobrecido y desactualizado que tendrá que correr de uno a otro lado, tiza y tablero, para ganar su salario sin pensar.

* Profesora Universidad Nacional de Colombia