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Opinión

  • | 2011/04/08 00:00

    El despropósito de las instituciones con ánimo de lucro

    No hay que ir tan lejos –hasta Brasil, por ejemplo– para darse cuenta de la mala calidad de las instituciones con ánimo de lucro: con nuestros colegios es suficiente.

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Presentando a la opinión pública la iniciativa de reformar la ley 30 de 1992, sin consultarla antes con la comunidad universitaria, el Gobierno –como ya es costumbre– disparó y después preguntó. En su derecho y con toda razón, la comunidad académica ha mostrado su inconformidad. Y algunos estudiantes, de una manera insensata, han optado por la protesta radical –por la tradicional pedrea–. Mal hecho, porque este Gobierno utiliza este tipo de acciones como un argumento a su favor.

Se lleva a cabo una gran marcha nacional en contra de las políticas de Juan Manuel Santos. Bien hecho. En parte, porque si bien la protesta pacífica es más efectiva que la radical, en esta marcha, en particular, FECODE, los estudiantes y los trabajadores han salido a protestar por sus propios y diversos intereses. De ahí que sea de esperar que –como también ya es costumbre– marchas como éstas no sirvan de gran ayuda. Cuando se protesta por todo, no se protesta por nada.

Pero al margen de este despropósito, en el que prima la masa por encima de la sensatez, cabe decir que no será ésta la última protesta que afronte el Gobierno a causa de su iniciativa de reformar la ley 30. Porque el mensaje ha sido claro: el Gobierno está preocupado por ampliar la cobertura y la calidad de la educación superior. Pero dada su invitación a la empresa privada a invertir en la educación superior y su propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro, también nos está diciendo que: o no tiene plata para llevar a cabo esta ampliación o no tiene la voluntad de hacerlo; y que, en cualquiera de los dos casos, necesita entonces del apoyo del sector privado.

En teoría, hay que decirlo, la participación de la empresa privada en las universidades no busca privatizar la educación pública. En la práctica, sin embargo, no es tan infundada la preocupación por la manera en que esta participación pueda afectar la autonomía de las universidades. Quien pone la plata no suele limitarse a recibir ganancias.

Con todo, la preocupación fundamental que suscita esta reforma es por la calidad educativa. La Ministra de Educación está defendiendo una mayor oferta de la educación superior, un mayor número de egresados con calidad y una adecuación a la realidad nacional e internacional. Que no haga alusión a la causa principal de la mala calidad en la educación superior –la educación secundaria– es un claro indicio de su mala comprensión e, incluso, despreocupación por la calidad misma; y, en consecuencia, revela así que su interés principal está en la cobertura.

En Colombia, todo profesor universitario sabe muy bien que el problema principal de nuestra educación superior, en cuanto a calidad, radica en tratar de lograr –en los primeros cuatro semestres, por lo menos– que los estudiantes adquieran las competencias más básicas, las que debieron aprender en el colegio. Y la verdadera labor de la universidad se cumple, así, a medias.

De ahí que los colegios constituyan el mayor contraejemplo a la reforma que propone el Gobierno. Porque si bien ellos cuentan con una gran cobertura, están ofreciendo una pésima educación. La causa de este hecho tan lamentable es doble: el rotundo fracaso de las políticas y supervisiones del Ministerio de Educación y, justamente, el ánimo de lucro de los rectores (empresarios) de la mayoría de los colegios privados. No hay que ir tan lejos –hasta Brasil, por ejemplo– para darse cuenta de la mala calidad de las instituciones con ánimo de lucro: con nuestros colegios es suficiente.

Que el Gobierno no nos venga a decir, entonces, que está preocupado por la calidad de la educación superior, cuando lo que busca con esta reforma es una salida facilista para desembarazarse de sus deberes constitucionales, propendiendo por una educación mediocre. Salida que era de esperarse por parte de quien pone en frente del Ministerio de Educación a una persona que no se ha desempeñado en gestión educativa ni en dirección universitaria.
Si en verdad queremos reformar la educación superior tenemos que comenzar por el problema principal: la educación media.
 
Y es ahí cuando más debemos tener en cuenta que si bien hay que protestar en contra de esta reforma, no podemos perder de vista quién es juez y parte. Porque FECODE, por ejemplo, quien marcha hoy exigiendo incrementos salariales, parece olvidar que su gremio también es culpable, en gran medida, de la pésima formación de nuestros bachilleres. Mejor harían en exigir una mayor preparación.

Twitter: Julian_Cubillos
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