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El director chuzado

La grabación clandestina de un consejo de redacción es un atentado contra la libertad de expresión, el sigilo profesional y la autonomía periodística.

Daniel Coronell, Daniel Coronell
29 de junio de 2013

Políticos de Antioquia obtuvieron ilegalmente la grabación encubierta del consejo de redacción de un noticiero para presionar la salida de su director. El consejo de redacción es una reunión editorial privada en la que los periodistas exponen temas, plantean hipótesis y discuten enfoques. Los reporteros aprendemos, desde el primer día en el oficio, que lo hablado en un consejo de redacción no se comparte con terceros. Esa confidencialidad es parte del sigilo profesional y de la protección de las fuentes, a las que estamos obligados.

Juan Pablo Barrientos, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como director de noticias de Teleantioquia, es un joven que creció en La Sierra, una las comunas más duras de Medellín. Con esfuerzo logró escapar de la tragedia que marcó el destino de muchos de sus vecinos. Se educó, hizo una maestría en una de las mejores universidades de Estados Unidos, trabajó como corresponsal en Washington y hace año y medio llegó a la dirección del noticiero regional.

Algunos trabajos de su noticiero trascendieron más allá de Antioquia. Recuerdo, entre otros, el registro de las declaraciones racistas del diputado Rodrigo Mesa que afirmó que invertir  recursos en el Chocó era “como perfumar un bollo”. Estas y otras denuncias sobre andanzas de los políticos le granjearon enemigos poderosos a Barrientos.

Más de una vez, bajo el disfraz del “control político a los resultados de Teleantioquia”, miembros de la Asamblea le hicieron sentir a la Gobernación su inconformidad con la línea editorial del noticiero. Sin embargo, lo que sucedió hace dos semanas es peor que todo lo anterior.

A la oficina de la gerente de Teleantioquia, Selene Botero, llegaron el diputado Adolfo León Palacio y el exdiputado Julián Bedoya. Con gran misterio le pidieron que sacara del despacho a otra funcionaria y a su secretaria para mostrarle “algo muy grave”. Los políticos le pusieron una grabación de un consejo de redacción de Teleantioquia donde el director de noticias usó palabras de grueso calibre para referirse a las actuaciones presuntamente dolosas de algunos miembros de la Asamblea. 

Selene, que antes de ser gerente ha sido periodista de larga y brillante trayectoria, me confirmó los hechos y me dijo que no le preguntó a los diputados por el origen de la grabación: “Sabía la respuesta. No me lo iban a decir”.

Cuando llamé al diputado Adolfo León Palacio me llevé una gran sorpresa. Me negó cuatro veces la existencia de la grabación y de la reunión con la gerente. Cuando le conté que ella me lo había confirmado replicó: “Esa es su fuente, ¿qué le vamos a hacer?” y continuó negándolo.

Adolfo León Palacio, es un curtido político que ha hecho su carrera a la sombra del condenado César Pérez García, recientemente sentenciado –después de décadas de impunidad– por la masacre de 43 personas en Segovia. Palacio es también el director de la Comisión de Ética de la Asamblea que investiga al diputado Rodrigo Mesa por repartir en el recinto dinero en efectivo al mejor estilo de Rodríguez Gacha. (Otra denuncia de Teleantioquia).

La gerente, en una posición que respeto pero que no puedo compartir, sostiene que es igual de grave la grabación furtiva de un consejo de redacción que las expresiones usadas por el director en la conversación con su equipo. Las expresiones groseras son una falta a las buenas maneras, en cambio la grabación clandestina de un consejo de redacción es un atentado contra la libertad de expresión, el sigilo profesional y la autonomía periodística. 

Selene no le pidió a Barrientos su dimisión, el director de noticias se la ofreció voluntariamente en presencia del gerente de Comunicaciones de la Gobernación Sergio Valencia, quien preside la junta directiva del canal.

Juan Pablo Barrientos envió su renuncia ese día a la Cooperativa de Trabajo Asociado que contrata a los periodistas de Teleantioquia. Pidió que le dejaran presentar la carta con fecha primero de junio para “no darle el triunfo” a quienes pedían su cabeza. Una ilusión en el mundo de las formas. 

La verdad es que ellos ganaron. Los políticos celebran la salida del director incómodo mientras niegan la existencia de la grabación, la administración de Antioquia entregó una codiciada cabeza a la Asamblea cuyos votos necesita, y el reportero se quedó sin trabajo.

ACLARACIÓN: La empresa Avidesa MacPollo no tiene ya entre sus accionistas al doctor Jaime Liévano Camargo. La compañía quiere aclarar que no ha participado en el proyecto La Fazenda.