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Opinión

  • | 2005/05/09 00:00

    El drama continúa

    Menos retórica y más ejecutoria en materia de inversión social y seguridad del Estado para Bojayá, exige José E. Mosquera, tres años después de la tragedia.

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Tres años después de los dolorosos hechos donde perdieron la vida 119 personas en Bojayá, las secuelas de las horas de horror y dolor siguen latentes en la conciencia de los sobrevivientes de la masacre.

Y la pesadilla continúa. La zozobra y el miedo siguen siendo parte de la vida diaria de los 13.000 habitantes de este municipio, y cada vez más crece el rumor sobre posibles incursiones armadas de los grupos al margen de la ley.
De hecho, la situación de orden público es crítica debido a que la concentración de fuerzas de los grupos violentos en la región ha desatado una crisis humanitaria sin precedentes en el Atrato Medio.

A pesar de la presencia de la fuerza pública con patrullaje permanente en el río Atrato, los pobladores tienen muchos tropiezos para abastecerse de los productos de primera necesidad, debido a que la movilidad por este río y sus principales afluentes sigue siendo muy relativa.

Hace un par de días, el presidente de la Organización Indígena del Chocó, Luis Fernando Zarco, denunció que la situación de orden público es muy delicada en las comunidades negras e indígenas asentadas en la cuenca del río Bojayá, en donde los paramilitares mantienen un bloqueo permanente al abastecimiento de víveres.

En efecto, los bloqueos y los combates entre las Farc y los paramilitares propiciaron el éxodo de 2.000 campesinos de las veredas La Loma, Piedra Candela y Caimanero hacia Bellavista.

De igual manera, los habitantes de las cuencas de los ríos Opogodó, Buchado y Pogue Napipí vivieron hasta hace poco una situación similar; mientras las autodefensas mantenían el control en las desembocaduras de estos ríos, las Farc lo hacían en las cabeceras, hechos que obligaron a la Organización Campesina del Atrato a conformar varias comisiones humanitarias, y con el acompañamiento de representantes de las Naciones Unidas recorrieron dichos asentamientos y evaluaron la situación, pero los resultados no fueron halagadores.

Un miembro que participó en dichos recorridos me manifestó sin tapujos: "La situación es bien delicada, tratamos de persuadir a los violentos para que sacaran a la población civil del conflicto, pero con esa gente las cosas son difíciles".
Los temores sobre nuevas incursiones no son infundados. La población civil tiene miedo de quedar atrapada en medio de los combates, en virtud de que los señores de la guerra siguen disputándose el dominio de los corredores estratégicos en la región.

Para resolver esta delicada encrucijada social se requiere de menos retórica y más ejecutoria en materia de inversión social y seguridad del Estado. No se compadece que después de tres años, los 2.000 desplazados no hayan recibido soluciones concretas.

La mayoría de los compromisos adquiridos por el Estado quedaron en letra muerta y el balance de la reconstrucción de la nueva Bellavista es un asunto supremamente vergonzoso.
De las 247 viviendas prometidas sólo se han construido tres y un polideportivo.

Es decir, tres viviendas por año, lo que indica que la engorrosa tramitología estatal ha dado al traste con los sueños y las esperanzas de estos compatriotas que siguen sufriendo en carne propia los rigores de la guerra.

Ya es hora de que el gobierno asuma con mayor celeridad los problemas de orden público y la crisis social que vive la población civil en la zona; la situación es grave y no da espera.
Sobre todo, cuando la Defensoría del Pueblo advierte que se esperan nuevos desplazamientos, y máxime cuando el Estado no está en capacidad de atender con prontitud las avalanchas de desarraigados.

Según las estadísticas del Codees se estima que de lo que va corrido del año más de 61.000 colombianos se vieron obligados a desplazarse forzadamente de sus lugares de orígenes. En el caso de Bojayá, el drama de la tragedia continúa.

*Lector de SEMANA.COM. joemosbe@epm.net.co

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