El embrujo mentiroso

Por andar pendientes del debate -en abstracto- sobre las ONG, pocos analistas, políticos y periodistas se dieron a la tarea de meterle el diente al ya famoso informe "El embrujo autoritario" que 80 organizaciones agrupadas en la "Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo", publicaron hace unos pocos días. En la Plataforma está lo más representativo de nuestras ONG criollas: la Comisión Colombiana de Juristas, el Cinep, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Codhes, entre otras. En fin, las ligas mayores de los defensores de derechos humanos del país.

¿Y qué fue lo que dijo "El embrujo" que desencadenó la ira presidencial? Básicamente que, palabras más palabras menos, en Colombia somos víctimas de un régimen que no tendría nada que envidiarle al de cualquier dictador tropical de hace unas décadas. "Represión", "autoritarismo", "militarismo", se repiten como una letanía a lo largo de 176 páginas y 17 temas.

Sin ir muy lejos, vale la pena deleitarse con los títulos de algunos capítulos: "Hacia un Estado autoritario", "Violencia contra los trabajadores", "Libertad de expresión. Entre la censura y el fuego", "Derechos Humanos en contravía", entre otros.

¿Cuáles son los argumentos para justificar que estamos ante tal "Estado autoritario"? En primer lugar, que el gobierno tomó la decisión de aumentar el gasto en seguridad, "es decir en militarismo y represión". (Pág. 18) De donde se deduce que para no ser un "Estado autoritario" la receta es simple: dejemos que guerrilla y paramilitares se armen hasta los dientes y presenciemos impotentes una guerra que es contra todos nosotros pero que, para no ser "autoritarios", es mejor no enfrentar.

También se dice que la reestructuración del Estado, con medidas como "reforma política, reducción del Congreso, supresión de organismos de control como las personerías y las contralorías, y reforma a la administración de Justicia", es con el objetivo de "profundizar el conflicto, de involucrar a la población, y a todas las instituciones, en la llamada guerra contra el terrorismo y guerra contra las drogas" (Pág. 17). Francamente no entiendo (ignorante que es uno) qué tienen que ver la cifra repartidora o el sistema de control fiscal o la supresión del Consejo Superior de la Judicatura o la modificación a la tutela con el mayor papel civil en el conflicto y la profundización del mismo. Uno puede no estar de acuerdo con la agenda reformista de Uribe, pero de ahí a hacer una afirmación de esas hay un abismo. ¿O será que es que los congresistas no elegidos, o los magistrados, personeros y contralores desempleados se van a meter a pelear en la guerra?

En terrenos más teóricos el informe también es falaz. Por ejemplo, la prueba reina de que el régimen sistemáticamente viola el principio de no distinción es la existencia de los soldados campesinos. En su afán de hacer el papel de Casandra y de relatar un panorama tan turbio como preocupante, pasan por alto que aquellos hacen parte de la Fuerza Pública y por ende no son civiles.

Ahora bien. Si alguien alberga aún dudas de que "El embrujo autoritario" es más un discurso de oposición que un informe objetivo y ponderado sobre el primer año de gobierno de Uribe, no es sino ver el balance sobre Derechos Humanos, cuya conclusión más obvia y destacada es que "Se evidencia también un notorio crecimiento en la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares... y de los demás organismos de seguridad del Estado.e sta tendencia obedece seguramente al desarrollo de acciones represivas en el marco de la política de defensa y seguridad nacional" (Pág. 116).

En la misma línea se afirma que la guerrilla fue responsable de 1.066 infracciones al DIH y los DH; los paramilitares de 2.857 y la Fuerza Pública y distintos organismos del Estado de 3.486. (Pág. 115) Y cuando se entra a hablar de los "casos tipo" o "emblemáticos" (Pág. 116 y ss) hay algo que llama poderosamente la atención: ¡ninguno fue cometido por la guerrilla! Mejor dicho, quien lea el informe creerá que mientras que los militares son una manada de bárbaros, los guerrilleros son ángeles que han hecho del respeto a las normas internacionales su razón de ser y que saben tan bien los Protocolos de Ginebra como El Capital de Marx. Yo no sé en qué país viven los señores que escribieron el capítulo pero no estaría de más recordarles que en Colombia, hace unos cuantos meses, hubo hechos como los de El Nogal, Neiva o Cúcuta que no es que fueran precisamente prototipo de respeto a la población civil.

En otros apartes, como en el de libertad de expresión, la situación no es muy distinta. "Entre la censura y el fuego", paradójicamente, no tiene registrado un solo caso documentado de censura real. Por eso, uno se queda sin saber de dónde es que tan olímpicamente deducen que en este gobierno aquella es una de "las armas más utilizadas para silenciar a los periodistas". (Pág. 157). Y en el análisis sobre la situación del sindicalismo, la teoría es verdaderamente sorprendente: como al gobierno autoritario no se le puede dar crédito en nada positivo, la disminución del 68 por ciento en los asesinatos de activistas, se debe a un simple "cambio en las estrategias de guerra" (Pág. 152).

Y eso por no hablar de los silencios del informe. ¿Para qué gastar tinta diciendo que en el país bajaron los secuestros 20 por ciento, que las tomas de poblaciones disminuyeron en 77,5 por ciento y que se redujeron significativamente los homicidios?

Tal vez a muchas de estas organizaciones les terminará pasando lo del pastorcito mentiroso. Pero, a juzgar por este libro, mientras eso ocurre, tratarán de seguir embrujando a la opinión pública y continuarán en su lucha frenética por ganar pantalla a costa de la dignidad de un gobierno, de la imagen de un país y la honra de muchos colombianos.

* Director ejecutivo Instituto de Ciencia Política

rafaelmerchan@icpcolombia.org