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Opinión

  • | 2007/03/25 00:00

    El empresariado y los grupos ilegales

    Alirio Calderón escribe sobre las relaciones entre el sector empresarial y los grupos ilegales

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Los sectores productivos y la industria son el motor de las economías y sus indicadores establecen el rumbo de cualquier país del mundo; por tanto sus decisiones dentro del contexto socioeconómico y geopolítico, generan en la comunidad alinderamientos que pueden ser contrarios a la ley, al Gobierno y a los intereses de la sociedad en general.

En ese sentido vale la pena preguntarse por casos puntuales como el de las multinacionales Nestlé, Chiquita Brands y Drummond que por diferentes circunstancias se vieron comprometidas con la guerrilla de las Farc y los grupos paramilitares. La respuesta verdadera posiblemente nunca la vamos a saber los colombianos. Sólo hipótesis (muy probables) que la opinión pública debe conocer, aunque la última palabra la dará la justicia.

La realidad en Antioquia, en el sur y en la costa norte del país muestra que el problema de las multinacionales con los actores armados ilegales trasciende las noticias que en público se han oído de las tres empresas: los campesinos en el Caquetá están amenazados por las Farc y no pueden llevar leche a Nestlé; Chiquita fue condenada en Estados Unidos a pagar 25 millones de dólares por su colaboración con las AUC y uno de los testigos clave en el escándalo de la ‘parapolítica’ enredó también a la empresa carbonera Drummond. En los tres escenarios las únicas reglas e intereses aquí y en la Patagonia son engrosar las utilidades y expandir sus negocios.

El gobierno ingenuamente atribuye estos hechos al tema de seguridad. Además se dice que tanto las Farc como las AUC tienen intereses económicos, y que las empresas pujan por acrecentar sus finanzas. Sin embargo, hay realidades que no se cuentan (porque muchas veces son difíciles de comprobar), pero que son evidentes en la cotidianidad de cada zona: el negocio de la coca continúa alimentando a las Farc de manera sostenida (basta con mirar el decomiso de droga y de caletas con dólares de los últimos meses), para concluir que el negocio sigue fluyendo y que dicha producción sale precisamente de las zonas que unos y otros controlan.

La hipótesis planteada por el gobierno raya en el simplismo, pues en el sur del país, las Farc podrían meterse en el negocio de la leche sin disparar un solo tiro, dado que en el Caquetá Nestlé sólo compra en promedio entre el 50% y 60% de la producción lechera, el otro porcentaje, que supera los 300.000 litros diarios, la podría la guerrilla si de verdad estuvieran interesadas en incursionar en dicho negocio.

Pero a los grupos ilegales les es mucho más fácil recibir cómodamente las “contribuciones” de las empresas. Esto tipo de pagos los sanciona la ley. Y en ocasiones, no les gusta al Gobierno. Sin duda en ese terreno siempre perderán, dado que las empresas llevan años consolidando estructuras y avanzando en tecnología y eso las hace absolutamente superiores en cualquier escenario de competitividad.

Las causas y soluciones de este grave problema de la economía nacional seguramente no se encuentran en este país. El fondo de este asunto trasciende las fronteras nacionales y por tanto, la solución. Cortar los caudales de dinero que dicha complejidad ilegal vierte pasan por la diplomacia internacional y lamentablemente la nuestra, en la última década, ha estado marcada por la inmensa debilidad institucional de los últimos gobiernos debido a los lamentables escándalos que han cargado a cuestas cada uno de ellos.

El problema de las multinacionales en Colombia va más allá del simplismo de las vacunas a que se encuentran sometidas. El gran dilema de éstas con los grupos ilegales pasa por la internacionalización de estos grupos; por que en ese contexto aprendieron a tasar matemáticamente las verdaderas y abultadas ganancias, que con sus negocios obtienen en nuestro país, producto de los precios monopólicos, y de las variadas y politiqueras gabelas, y exenciones tributarias que nuestra clase política les otorga en contraprestación a las jugosas contribuciones que el empresariado hace (o tiene que hacer) para el sostenimiento de nuestra democracia.

Es un secreto a voces en este país que las empresas, para poder mantener y salvaguardar lo que a estas realmente les interesa, muchas veces tienen que pagar para mantener sus negocios. De lo contrario, pasarían fácilmente del éxito al fracaso; por tanto les toca hacer estos inconfesables pactos que les augura prosperidad, pero que al común de las gentes les significa muerte, destrucción y miseria.

Colombia debe saber que Raúl Reyes, vocero internacional de las Farc, sindicalista de una multinacional y que el ex jefe paramilitar Carlos Castaño mantuvo contactos directos con autoridades de los Estados Unidos, lo que evidencia sin tapujos el poder de estos grupos ilegales. Sin olvidar igualmente que Suiza es un paraíso fiscal, amigo de la solución negociada del conflicto y que Estados Unidos lleva sobre los hombros el costo de este conflicto. Son muchos los dólares que se quedan en los bolsillos de quienes los manejan.

codespierta@hotmail.com


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