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Opinión

  • | 2017/12/27 19:44

    El escándalo de corrupción que sacude al canal regional Telecaribe

    La primera pregunta que debería responder el gerente de Telecaribe, Juan Manuel Buelvas, a la Procuraduría General y a la Fiscalía es por qué la junta directiva del canal le concedió el estudio de una licitación a una corporación que no tiene nada que ver con comunicaciones ni mucho menos idea de cómo funciona un canal de televisión.

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La unificación de la opinión, como lo pretende la junta directiva del canal regional Telecaribe, es un atentado contra la opinión misma y, de paso, contra los principios democráticos de cualquier sociedad formalmente constituida. La libertad individual de ese derecho universal de opinar no puede castrarse bajo ningún argumento permeado por los intereses políticos de un grupo económico poderoso en detrimento de los intereses de una mayoría. Lo anterior solo es explicable, y ahí radica su oportunismo, en el momento coyuntural en que se aplica la medida: la inminencia de unas elecciones que definirán el futuro de los colombianos en los próximos cuatro años.

Amarrar la opinión y disponer de los espacios de emisión a su conveniencia, es, pues, un imperativo en la búsqueda del éxito mayor: que sus candidatos a las corporaciones legislativas y a la Presidencia de la República alcancen sus objetivos. Para nadie es un secreto que el canal regional Telecaribe, que cumplió recientemente 30 años al aire, dejó de ser hace rato un canal regional para convertirse solo en uno cuya deficiente programación no alcanza un nivel de audiencia más allá de los límites de la ciudad de Barranquilla. Tampoco es un secreto que su gerente, Juan Manuel Buelvas, es una cuota política de ese grupo económico poderosísimo representado en la familia Char. Afirmar que Buelvas es un “gerente” es darle un crédito que sobrepasa los límites significativos que encierra esa palabra. Pues, para ser más específico, su función es llevar al papel las órdenes de sus superiores. No tiene sentido, como lo han expuesto varios representantes de los programas de opinión que se emiten con grandes dificultadas por ese canal, que los únicos méritos que se hayan tenido en cuenta para catapultar a Buelvas a la dirección de Telecaribe estén relacionados con su cercanía con el poder y vestirse como lo demandan los cánones culturales del Caribe.

Tampoco tiene sentido que la junta directiva de ese canal convoque una licitación para reorganizar la asignación de la programación y le exija como prioridad a las programadoras para seguir al aire el pago anticipado de 300 millones de pesos. Según lo expresado recientemente por Harold Salazar, presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico, ACSA, no hay en la región Caribe colombiana un solo periodista, o gremio periodístico independiente, que tenga esa capacidad financiera para pagar esa suma que correspondería únicamente a la emisión de los contenidos, ya que la producción alcanzaría sin duda un valor igual o superior.

Pero más allá de la alta cuota que se les exige para mantenerse al aire, la licitación busca, contradictoriamente, medir la calidad de los programas por los “me gusta” que puedan producirse en las redes sociales, atentando de esta manera contra los intereses de la televisión pública regional, en este caso contra los intereses reales de Telecaribe y su objetivo general como es la participación en su parrilla de todos los departamentos y ciudades de la región con su diversidad de opinión, problemas  y necesidades que los afectan.

“No conocemos ningún periodista, ni gremio periodístico, que tengo 300 millones debajo del colchón para invertirlo en un negocio con las afugias de la televisión de hoy. Si no es sostenible la televisión pública nacional que maneja más de 6.000 millones de pesos, que es lo que ha administrado el señor gerente de Telecaribe, Juan Manuel Buelvas, y que es lo que le ha traslado la Autoridad Nacional de Televisión desde que él se desempeña en ese cargo, qué se puede esperar de la televisión regional”, ha expresado el periodista Harold Salazar en una comunicación con la cadena radial Caracol.

Resulta imposible para aquellos periodistas independientes que buscan mantener la emisión de sus programas producir 800 millones de pesos en un año, mucho menos si lo que se intenta es que esa cifra se facture en un mes cuando la teleaudiencia del canal disminuye cada día con una velocidad pasmosa: menos del 20 por ciento de los costeños sintoniza la programación del canal regional Telecaribe y solo el 40 por ciento de los barranquilleros ve las franja de opinión, representada en las noticias de las 6:30 de la tarde, han expresados algunos periodistas.

Que se busque controlar la franja informativa en un momento coyuntural político, donde se avecinan elecciones para elegir un nuevo Congreso de la República y un nuevo inquilino de la Casa de Nariño “no deja de ser sospechoso” para los  miembros de la ACSA. Pero resulta mucho más sospechoso si se piensa que la nueva licitación que busca reglamentar y darle nuevos giros a la franja informativa, le fue adjudicada para su estudio a la Corporación Mi Ciudad de Dosquebradas, Risaralda, como lo registra el acta de informe de evaluación de propuesta del concurso de méritos número 001 de marzo de 2015 que se puede consultar en la web del canal.

El asunto no tendría ninguna trascendencia si la Corporación Mi Ciudad fuera una empresa reglamentada ante la Cámara de Comercio y ante los organismos reguladores de la contratación del Estado como una firma dedicada a este tipo de estudios. Pero no. La corporación que contrató el gerente de Telecaribe, como cabeza visible de la junta directiva y cuyo monto de contratación superó los 800 millones de pesos, según lo expuesto por algunos periodistas que han denunciado el hecho ante la Procuraduría Nacional, está dedicada a otra actividad social, definida como una organización que busca cohesionar socialmente, a través de actividades de grupo y superación, a las familias más necesitadas de Dosquebradas. Su NIT es  el 816008837-4 y se encuentra impreso en el acta de contratación que suscribió con Telecaribe.

En este sentido, la Procuraduría Nacional y la Fiscalía tienen muchos interrogantes por hacer. Y Juan Manuel Buelvas y  la junta directiva del canal muchas preguntas por contestar.

En Twitter: @joaquinroblesza

E-mail: robleszabala@gmail.com

*Magíster en comunicación.

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