Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2008/06/27 00:00

El Estado debe reconocer que agentes suyos también violaron los derechos humanos

Duele que el gobierno no reconozca que miembros del Estado, asociados a grupos ilegales o no, han violado los derechos humanos de manera sistemática. La historia controvierte esa versión.

El Estado debe reconocer que agentes suyos también violaron los derechos humanos

Aceptar que miembros del Estado no ha violado los derechos humanos en más de 40 años de conflicto armado es desconocer la realidad de la guerra irregular contrainsurgente, en cuyas acciones también han participado, de manera activa u omisiva, militares, policías y agentes de organismos de seguridad.

Sin embargo, el gobierno logró imponer en el Senado esa visión durante el debate sobre el proyecto de Ley 157, que pretende establecer la reparación de manera integral a las víctimas que ha dejado la guerra en el país. Si se aprueba sin mayores modificaciones, será un paso significativo a favor de aquellos que por acciones insurgentes y paramilitares perdieron a sus seres queridos y sus posesiones.

No obstante, el proyecto aún queda en deuda con las víctimas de crímenes de Estado: al negar que sus agentes han sido violadores de los derechos humanos, reduce su responsabilidad política y criminal como parte activa en la guerra a una responsabilidad de tercero presuntamente neutral y garante, que sólo brindará atención “solidaria” y “residual”. Esta negación, constante en las últimas décadas, va en contravía de la historia.

¿Dónde estaban los militares cuando los paramilitares llegaron a El Aro, en Ituango, Antioquia, el 25 de octubre de 1997 y asesinaron a varios de sus pobladores, incendiaron las casas y se robaron el ganado? Estaba en las afueras del caserío, protegiendo a los ilegales, tal como lo demostró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la Nación en julio de 2006.

¿Dónde estaban cuando se perpetró la masacre de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, el 21 de febrero de 2005, y perecieron ajusticiadas, degolladas y descuartizadas ocho personas, entre ellas tres menores de edad? Apoyaban al comando paramilitar, tal como se ha podido demostrar en el proceso penal contra miembros de la Brigada XVII del Ejército.

Ambos casos, representativos del papel que han jugado ciertos funcionarios del Estado en la guerra, si bien son distantes en el tiempo, guardan similitudes en sus tácticas operativas que indican que no son hechos aislados, sino estrategias sistemáticas sostenidas en el tiempo.

Algunos han alegado que el paramilitarismo es un fenómeno autónomo, pero sus mismos jefes han reconocido la responsabilidad de los militares en su formación y funcionamiento: “El Ejército realmente nos formó, nos capacitó para combatir a la guerrilla”, reconoció en 1996 Carlos Castaño. En el 2006, Ramón Isaza explicó cómo empezó su labor criminal: “organicé a 16 ganaderos, los llevé al batallón y allá nos consiguieron 16 escopetas de 7 y 8 tiros”.

La negación que impone el gobierno nacional, busca evitar que se reconozca la responsabilidad de los agentes del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos, y también que sean relacionados con la asociación que muchas veces tuvieron con grupos contrainsurgentes, lo que también controvierte la historia.

Las concepciones ideológicas que amparan lo narrado por los jefes paramilitares están consignadas en el Reglamento de combate de contraguerrillas de abril de 1969, que sugirió la creación de juntas de autodefensa como “organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que amenacen el área y para operar en coordinación con tropas de acciones de combate”. Propósito que se mantuvo en el manual de Combate contra Bandoleros y Guerrilleros, de junio de 1982, que planteó como función de la institución militar organizar, instruir y apoyar a las juntas de autodefensa, “y orientar la provisión de armas y el establecimiento de una relación amistosa”. Con igual sustento ideológico, surgieron, en la década del 90, las asociaciones de seguridad privada, llamadas Convivir.

El Estado, en contextos del conflicto armado, es responsable cuando sus propios agentes violan los derechos humanos cometidas y cuando éstos se asocian con fuerzas ilegales para perseguir, reprimir y eliminar a los grupos guerrilleros y, por extensión, a opositores políticos y a la población civil señalada como auxiliadora o simpatizante de la insurgencia.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 1999, hizo notar que en “casos de actividades conjuntas entre paramilitares y militares, en especial aquellas operaciones que se llevan a cabo con el conocimiento de los superiores, los miembros de los grupos paramilitares actúan como agentes estatales (…) y advierte que las violaciones que éstos cometan se toman por violaciones del Estado colombiano”.

En conclusión: mientras el Estado no asuma que a través de agentes de seguridad o en asocio con grupos armados ilegales actuó en la comisión de violaciones de derechos humanos, todo proyecto que se apruebe a favor de las víctimas negará la verdad histórica, evitará la reconciliación y dificultará la búsqueda de salidas políticas a una guerra que aún golpea con fuerza a las comunidades.




(*) Periodista y docente universitario



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