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Opinión

  • | 2008/11/23 00:00

    El eterno retorno

    Cada vez que vemos el crítico estado de la justicia, los colombianos volvemos a proponer las mismas soluciones a las que antes ya se les había gastado tiempo y dinero.

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Mucho se ha escrito en días pasados sobre la reforma de la justicia. El paro de los funcionarios judiciales, que se prolongó por más de cuarenta días ocasionando innumerables problemas, suscitó los primeros debates sobre el tema. Con independencia de si a estos funcionarios les asiste la razón en sus reclamos, su cese de actividades dio pie para que de nuevo se discutieran las tradicionales dificultades relacionadas con el atraso judicial, la ineficiencia de la justicia, la demora en los fallos, la inestabilidad jurídica, los choques de trenes entre las altas cortes, entre otras. Aun cuando el proyecto de reforma presentado por el gobierno, objeto de varias críticas, fue finalmente retirado, pareciera haber un consenso, tanto sobre la necesidad de una reforma judicial como sobre la insuficiencia de las medidas propuestas.

Dado que tuve la oportunidad de trabajar durante un corto tiempo en el Consejo Superior de la Judicatura, entre 1992 y 1994, no puedo negar que me sorprendieron muchas de las afirmaciones que en torno a esta cuestión han aparecido recientemente en la prensa. En aquella época se inició un programa de sistematización de la rama judicial, en el que se invirtió mucho dinero para la compra de los equipos y para la capacitación de los funcionarios, pensando que con esto se agilizarían los procesos en los juzgados y se dispondría de herramientas para la fácil consulta de una jurisprudencia actualizada. Ahora me entero que Luis Carlos Sarmiento ofrece financiar la sistematización de la Rama Judicial, e incluso que premiaron a la Fiscalía de Itaguí porque tiene sistematizados los procesos. ¿Qué sucedió con todo el esfuerzo realizado hace quince años?

Adicionalmente a la sistematización, se comenzó por aquel entonces a diseñar una Escuela de la Magistratura, que ofreciera a los jueces los conocimientos y habilidades en la gestión de los despachos, en la administración, y en ciertas áreas del derecho. Este programa incluía convenios con diferentes universidades, e incluso contemplaba pasantías en universidades extranjeras.

Al leer que una de las propuestas para la reforma de la justicia era la creación de una Escuela de la Magistratura, como en el caso de la sistematización, tuve realmente la sensación de experimentar el eterno retorno. Pareciera que las reformas de la justicia en Colombia son cíclicas, y que cada cierto número de años (en este caso al menos catorce) se propone exactamente lo mismo, como si se tratara de novedosas ideas cuya implementación, ahora sí, solucionará los graves problemas que aquejan a la justicia.

Es evidente que una justicia “eficiente, pronta y cumplida” exige contar con un fácil acceso a la información y con jueces especializados. Quizás las afirmaciones del señor Sarmiento, como lo dice el presidente del Consejo de la Judicatura, sean exageradas e ignoren los muchos avances que se han hecho en la administración de justicia, pero acierta al menos en pensar que sin una mejora de la gestión administrativa, es imposible lograr la justicia necesaria.

Si no se atienden estas dos condiciones que creo fundamentales, jueces especializados y al día e información sistematizada, dentro de diez o quince años enfrentaremos una nueva reforma del sistema judicial, y escucharemos propuestas análogas a las que se discuten actualmente que, probablemente, tampoco serán implementadas. No le seguí la pista al destino de los programas iniciados en los años noventas, pero evidentemente hemos perdido, además de un tiempo valioso para un sistema de justicia que ya adolece de graves problemas, una enorme cantidad de recursos invertidos en iniciativas urgentes y que, al parecer, nunca se realizaron. Y parece lamentable también que sea a personas ajenas a la rama judicial a quienes les interese más que a sus propios integrantes mejorar su funcionamiento.


*Magdalena Holguín es profesora de filosofía y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.










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