EL FESTIN

Ve uno el alud de noticias sobre corrupción que divulgaron los medios la semana pasada y
uno no sabe cómo reaccionar. Si ilusionarse o sentarse a llorar. O la dos, por qué no. El ministro de Salud,
Virgilio Galvis, salió a decir que de 100 pesos que se invierten en este sector sólo 45 les llegan a los
pacientes. Sobra decir a dónde van a parar losotros 55 pesos. ¡Es que no se roban el 20 o el 30 por ciento
(como podría uno imaginarse) sino el 55 por ciento del presupuesto de la salud! El mismo día, pero en horas
de la noche, nos enteramos que dos ex presidentes del Seguro Social, Antonio Yepes y Carlos Wolff, son
investigados por el despilfarro de más de 144.000 millones de pesos en contratos de publicidad, viajes a
Europa y la compra de lujosos vehículos. La víspera, la Fiscalía detuvo al ex presidente del Banco del Estado,
Henry Avila, y al ex embajador en México y amigo cercano del Presidente, Diego Pardo Koppel, por
realizar préstamos irregulares a través de esa entidad bancaria. Unas horas antes, la Fiscalía llamó a
indagatoria a 17 magistrados y 47 jueces por el monumental desfalco de Foncolpuertos, cuyo fraude
continuado le puede costar a los contribuyentes la módica suma de dos billones de pesos. Dentro de esta
maloliente 'Olla de Pandora' que se ha destapado en la burocracia estatal es reconfortante ver que llueven
indagatorias, se abren investigaciones disciplinarias y se dictan autos de detención contra los posibles
responsables en un país acostumbrado a vivir en el marasmo de la impunidad. Y reconforta también, como
parece suceder, que los organismos de control están aplicando la estrategia ejemplarizante del 'pez gordo'
donde el peso de la justicia ya no es sólo para los de ruana. Pero al mismo tiempo no dejan de preocupar los
sonoros y coloridos fuegos de artificio que estallan detrás de cada una de estas investigaciones, algunas en
etapa preliminar. Sobre todo cuando en el pasado hemos visto lo fácil y peligroso que es utilizar la justicia
como medio de propaganda política, y lo difícil y oneroso que resulta meter a un corrupto a la cárcel. El
mensaje que le llega a la sociedad es, no obstante, el mismo: los corruptos están saqueando el país. Así,
mientras nuestro esquelético Estado tiene que soportar de puertas para afuera los golpes de ariete de la
guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común, en su interior es carcomido por la desidia y venalidad de
unos funcionarios que ven el tesoro público como un botín que se tienen que repartir. Sin duda la corrupción
no empezó ayer, ni con el gobierno de Samper, y tampoco creo que sea muy distinta a su período glorioso
del Frente Nacional. Pero hasta ahora el país está conociendo la magnitud de los boquetes dejados en las
arcas del Estado. Y hoy todos estamos sufriendo sus consecuencias.En la Caja Agraria el hueco es de
38.000 millones, en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras no aparecen 80.000 millones, en
Ferrovías se esfumaron 300.000 millones y en Caprecom el desfalco es de 120.000 millones, para citar sólo
los escándalos más recientes. Producto de este desgreño, de la mala administración y de la falta de
previsión, todas las finanzas públicas están en rojo. El pasivo pensional, la bomba de tiempo más grande del
país, asciende a 193 billones de pesos, cerca de dos veces el Producto Interno Bruto (!). Casi todos los entes
territoriales están quebrados y su deuda bordea los 17 billones de pesos. La banca oficial está en estado de
coma por malos manejos y porque se había convertido en la caja registradora de los políticos de turno. El
sistema de salud está agonizando y los desembolsos del gobierno no alcanzan para sacarlo del limbo. Son
tantas y tan sensibles las venas rotas del Estado que la corrupción le cuesta al erario público más de dos
billones de pesos al año y nos ubica en el vergonzoso ranking de ser uno de los 10 países más corruptos del
mundo.Pese a la rectitud y los esfuerzos de funcionarios como el Fiscal, el Procurador y el Contralor, todavía
no hay una política de Estado para enfrentar este cáncer que está acabando con el país. La lucha contra la
corrupción sigue siendo un asunto de héroes y mártires, de funcionarios corajudos que desafían la muerte, y
no un problema de seguridad nacional que compromete a las distintas entidades del Estado. Por eso las
recién creadas 'Patrullas Voladoras', integradas por funcionarios de la Procuraduría, la Contraloría, el DAS y
la Superintendencia de Salud para combatir las sofisticadas mafias del peculado que rondan los
hospitales, son el primer paso hacia la construcción de una verdadera política anticorrupción que debería ser
liderada por el gobierno.Porque la paz, más que en la firma de un pergamino, está en hacer llegar los
recursos que siempre se prometen y nunca llegan. Y que convierten a la corrupción en el principal generador
de violencia del país.