Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/07/07 00:00

El fiasco del Congreso

María Paula Saffón, de DeJuSticia, ve en el hundimiento del proyecto de ley que pretendía garantizar los derechos de las parejas homosexuales una preocupante ilustración de la pobreza de la democracia deliberativa del país.

El fiasco del Congreso

Todavía se siente el sabor amargo dejado por el inesperado hundimiento del proyecto de ley que buscaba extender los beneficios patrimoniales y de seguridad social a las parejas del mismo sexo. Nadie tiene claro por qué, a pesar de haber sido aprobado en los cuatro debates legislativos, el proyecto terminó archivado en la instancia de la conciliación, que busca unificar formalmente el texto definitivo de las leyes ya aprobadas por Cámara y Senado. Y menos aún que ello haya sucedido sin ninguna discusión previa, que justifique el repentino cambio de posición del Senado.

Algunos explican el hundimiento del proyecto como una consecuencia de la desidia o negligencia de varios senadores que estaban a favor del mismo y que no acudieron a votar la conciliación por ver en ella un trámite formal sin mayores consecuencias. Otros, en cambio, creen que el hundimiento fue el resultado de una estrategia de los opositores del proyecto, quienes al carecer de argumentos sustantivos en su contra –pues ya se había demostrado que la medida era constitucional y podía ser costeada sin quebrar al erario público- acudieron a una artimaña formalista para alterar el resultado democrático alcanzado. Comoquiera que sea, es evidente que el hundimiento del proyecto de ley deja mucho que desear en términos de democracia deliberativa.

En efecto, el proyecto fue aprobado por Cámara y Senado después de una amplia participación de la ciudadanía en las audiencias públicas, y de cursar cuatro intensos debates legislativos en los cuales se establecieron alianzas entre diferentes partidos políticos y se acudió a la disciplina de las bancadas. En cambio, el informe de conciliación del proyecto fue votado en contra en el Senado sin que ningún tipo de deliberación lo precediera, y como consecuencia de un elevado ausentismo (40% de los senadores que debían votarlo), de un confuso cambio en la orientación de los votos de algunos congresistas (sobre todo de los sucesores de los políticos investigados por sus nexos con los paras), de la ruptura de la bancada uribista y del ambiguo y precario apoyo del gobierno (que dijo defender el proyecto, pero no hizo nada para evitar su hundimiento).

Así, el hundimiento del proyecto de ley se caracterizó por que el silencio reemplazó el debate y el caos se apoderó del espacio de negociación política.

Además, el hundimiento del proyecto de ley implica una grave vulneración de los derechos de la comunidad homosexual, y por ende una violación de la obligación estatal de protegerlos. Actualmente, resulta innegable que la exclusión de las parejas homosexuales de los beneficios de seguridad social de los que gozan las parejas heterosexuales va en contravía de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado colombiano.

De un lado, la reciente sentencia de la Corte Constitucional que extendió el régimen patrimonial de compañeros permanentes a las parejas homosexuales declaró que éstas gozan de igual dignidad que las parejas heterosexuales, y que deben por ende ser beneficiarias de una protección igual a la que se otorga a las parejas heterosexuales. De otro lado, la aún más reciente decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, X contra Colombia, declaró que Colombia violó el derecho a la igualdad de un ciudadano homosexual al impedirle acceder a la sustitución pensional de su compañero permanente, y ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para impedir violaciones similares en el futuro.

Así, el hundimiento del proyecto de ley no sólo reafirmó la discriminación legal contra las parejas homosexuales, sino que truncó la posibilidad de que el Estado se pusiera al día con una de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los efectos nocivos que esto tiene para la democracia son obvios, pues un presupuesto necesario para el funcionamiento de ésta es un mínimo de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Finalmente, el hundimiento del proyecto de ley lanza el problemático mensaje de que no es nada fácil que las minorías se abran espacios a través del ejercicio democrático. En efecto, la comunidad gay acudió a todas las estrategias democráticas habidas y por haber para lograr la igualdad legal de las parejas homosexuales: campañas de sensibilización de la opinión pública, uso de los medios de comunicación, intenso cabildeo político y la defensa de cuatro proyectos de ley en los últimos cinco años.

A través de estos mecanismos, la comunidad gay logró poner en el centro de la discusión pública el problema de discriminación que sufren los homosexuales y formularlo en términos de un asunto de derechos fundamentales y no de concepciones morales o religiosas. Más aún, la comunidad gay logró obtener las mayorías políticas necesarias para la aprobación del proyecto, el visto bueno del gobierno –incluido el Ministerio de Hacienda- y el apoyo de amplios sectores sociales.

A pesar de ello y agotados todos los instrumentos democráticos, hoy las parejas homosexuales siguen sometidas a un régimen legal de discriminación por razones de su orientación sexual. Sin duda, esto produce sentimientos de desconfianza y frustración en la democracia, que pueden conducir a que la comunidad gay no esté dispuesta a someterse nuevamente al arduo trámite de otro proyecto de ley, cuyos efectos son inciertos y pueden cambiar hasta el último momento.

Tal vez esto significa, entonces, que la única opción que le queda a la comunidad gay para defender sus derechos es acudir a los jueces nacionales y a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Y los jueces no podrán ya utilizar el argumento de que no intervienen en estos asuntos porque le corresponde a la democracia resolverlos, pues tienen el deber de remediar este gran fiasco del Congreso.

(*) "El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DeJuSticia– (www.dejusticia.org), antes DJS, fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos."

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