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Opinión

  • | 2013/12/21 20:00

    El Fiscal que perdió los papeles

    Nunca se fíen de aquellos que presumen de progresistas en Colombia. En este país, desmemoriado y calenturiento, abundan los ‘liberales godos’ y los incoherentes en general.

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El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es uno de esos casos de dinamismo extremo y oportunismo sin par. En los últimos días ha dicho que el sistema que le dio vida a la Procuraduría es “premoderno, medieval e inquisitivo”. Sin embargo, el exmagistrado y exabogado de Saludcoop –nada mal remunerado, por cierto– omite con destreza capítulos de su vida como viceprocurador general en el pasado reciente. 

El hoy fiscal Montealegre se rasga las vestiduras porque una autoridad administrativa destituye e inhabilita a un político escogido por voto popular. Se aterra de la falta de garantías del Ministerio Público y sostiene la tesis de que el presidente de la República, cuando se trata de la destitución del alcalde mayor de Bogotá, debe ser algo más que un simple ‘firmón’.

Lo que no nos ha contado el ‘niño terrible’ de la justicia en Colombia es que mientras ocupaba su cargo como viceprocurador vio pasar por su despacho más de 34 destituciones de autoridades elegidas por el pueblo –incluida la de la exgobernadora Leonor Serrano– y nunca se quejó del procedimiento poco garantista de la institución para la que trabajaba.

Resulta todavía más increíble que Montealegre nos oculte que ese sistema “premoderno y medieval” que opera hoy en la Procuraduría fue inspirado por él y su jefe, Jaime Bernal Cuéllar, y continuado por otros dos ‘liberales’, Edgardo Maya y Carlos Gómez Pavajeau.

Según consta en algunas actas de la comisión primera del Senado de entonces, la participación de Montealegre fue definitiva para la aprobación del Código Único Disciplinario que le permitió a Alejandro Ordóñez destituir a Gustavo Petro. 

Es más: Bernal Cuéllar y Montealegre, como su segundo a bordo, querían que el procurador tuviera la facultad de inhabilitar a sus disciplinados hasta por 30 años y fue el Congreso –en el que tenían asiento Gustavo Petro y Antonio Navarro– el que decidió bajar la sanción máxima a 20 años, por considerar la propuesta inicial exagerada.

En una nota periodística del 23 de junio de 1999, “la Procuraduría de Jaime Bernal dice que la enumeración de las conductas que pueden ser constitutivas de falta gravísima, es decir, que dan lugar a la destitución, es escasa y poco aplicable”. 

Fue así como el catálogo de faltas se amplió, al incluir conductas que no necesariamente son delitos sino errores administrativos, como aquellos en que incurrió Petro y por los cuales recibió una sanción para muchos absurda, pero legalmente válida.

Buena parte de eso se le debe a Eduardo Montealegre, que unos años más tarde, en su condición de magistrado de la Corte Constitucional, conoció varias demandas en contra del ‘engendro’ del Código Disciplinario y no dijo nada porque cada artículo le pareció razonable.

Tenían que haber tumbado a Petro y tenía que haberlo hecho Alejandro Ordóñez para que de repente le pareciera que todo andaba muy mal en el país. 

El desatado fiscal resolvió además inaugurar una nueva forma de oír a sus investigados: no a través de un interrogatorio formal o una versión libre, sino al calor de un rico café en su oficina, en medio de una conversación amable que duró más de dos horas. 

Después de esa animada reunión con Petro, Montealegre le dijo al país que en mes y medio tendría resultados de su investigación penal en contra del alcalde. 

El fiscal perdió los papeles y, de paso, toda su respetabilidad. Podría ahorrarse las semanas que le quedan para ‘revelarnos’ lo que todos ya sabemos: que le precluirá la investigación a Petro para que pueda acudir con ese trofeo al sistema interamericano de derechos humanos. ¡Vaya fiscal! 



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