El fraude a los concursos de mérito

En 2005, el Gobierno Nacional convocó a un concurso público de méritos para proveer más de 100.000 cargos en la administración pública. La respuesta de los colombianos fue abrumadora: 620.000 personas se inscribieron para participar en el concurso, cada una de las cuales pagó, en promedio, $15.000 por la inscripción.

La convocatoria de 2005 no tenía precedentes en Colombia. En nuestro país se ha legislado sobre la carrera administrativa desde 1938, pero los resultados han sido muy pobres. Una convocatoria tan masiva parecía indicar que el Estado se comprometía finalmente con la implantación del sistema del mérito en el país, lo cual haría innecesario el favor de los políticos o las conexiones para poder acceder a un cargo público.

Pero una historia tan feliz no es propia de estas tierras. Mientras los distintos pasos del concurso se realizaban, se forjó en su contra una coalición inaudita para tiempos de tanta polarización política, que incluyó desde los partidos uribistas hasta el Polo Democrático, pasando por el Presidente Uribe y la la Central Única de Trabajadores.
 
Luego de que el Presidente enviara un mensaje de urgencia al Congreso de la República, éste aprobó en abril un proyecto de ley por el cual se declara que los funcionarios con nombramientos en provisionalidad que trabajaran para el Estado desde el año 2004 – y en algunos casos desde antes de 2006 - podrían seguir en sus cargos, sin presentarse al concurso. Se calcula que con ello el número de puestos por proveer pasó a ser de menos de 12.000.

El Procurador General de la Nación le solicitó al Presidente de la República que no sancionara el proyecto de ley, puesto que desconocía la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El Presidente atendió las observaciones del Procurador y decidió objetar los artículos centrales del proyecto, por inconstitucionalidad. De esta manera, por ahora, el futuro del proyecto está nuevamente en las manos del Congreso.

Los defensores del proyecto de ley afirman que muchos de los funcionarios en provisionalidad han estado en sus cargos desde hace mucho tiempo y que no es responsabilidad de ellos que, durante tantos años, el Gobierno Nacional haya omitido convocar a concurso. También dicen que ellos han puesto todas sus energías y conocimientos al servicio del Estado y que una prueba de su rendimiento satisfactorio es que no han sido retirados de sus puestos. Finalmente, algunos dicen que estos funcionarios no se encuentran en igualdad de condiciones para competir en los concursos con personas recién egresadas de las universidades o de los colegios y que su eventual salida de los cargos significaría un riesgo para la estabilidad económica de sus hogares.

Los argumentos expuestos no son admisibles. Es cierto que el Gobierno demoró años en convocar la oposición, pero esa es precisamente una razón importante para abogar por el concurso amplio que se propuso al inicio. Además, todo servidor público tiene el deber elemental de cumplir con sus funciones, pues es por ello que recibe su salario. Tampoco es tan claro que los funcionarios no tengan posibilidades de competir con personas recién egresadas, pues ellos tienen a su favor la experiencia profesional y han tenido la oportunidad de mantenerse actualizados.

La angustia de los funcionarios en provisionalidad es comprensible. Ello ameritaría tomar algunas medidas a su favor, para propiciar la reacomodación laboral de los que no aprueben el concurso. También parece necesario dar un tratamiento especial a aquellos que están próximos a la pensión. Sin embargo, el proyecto de ley es inaceptable, pues además de que defrauda a los cientos de miles de colombianos que se inscribieron, y pagaron, para participar en el concurso, desconoce de lleno el principio de que los cargos públicos se asignan mediante concurso de mérito.

En realidad, el proyecto de ley constituye una versión más de las múltiples trampas que se han hecho en el país, apelando a todo tipo de medidas, para impedir la implantación del sistema de carrera. Pero los tiempos han cambiado y ahora hay más conciencia acerca de la necesidad de impulsar la carrera administrativa. Con ello se garantiza la vigencia del principio de igualdad, se asegura una administración más competente y se obtienen funcionarios leales a la Constitución y a la ley, y no a los caciques políticos.

Por todo lo anterior, sería deseable que el Congreso de la República aceptara el núcleo de las objeciones presentadas por el presidente Uribe. Pero, en vez de ello, numerosos congresistas de todos los partidos, conscientes de que el proyecto puede tener problemas de constitucionalidad, impulsan ahora una reforma de la Constitución, para ingresar en carrera a los funcionarios que están en provisionalidad desde hace tres años y suspender el concurso. La reforma va a un ritmo acelerado, pues está a punto de superar la primera vuelta.

Lo ocurrido era previsible. Al fin y al cabo, ahí está en juego la clientela de todos los partidos. Pero, ¿dónde queda la prometida meritocracia?