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Opinión

  • | 2011/06/02 00:00

    El gobierno Santos y el diseño del nuevo órgano regulador de la TV

    Distintos analistas coinciden en señalar a la Comisión Nacional de Televisión CNTV como uno de los más grandes fracasos de la Constitución de 1991.

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Distintos analistas coinciden en señalar a la Comisión Nacional de Televisión CNTV como uno de los más grandes fracasos de la Constitución de 1991.

Desde las perspectivas más progresistas de aquellos días la CNTV debía crearse como un organismo que concertara una diversidad de puntos de vista e intereses alrededor de las políticas de televisión en el país, para que fruto de ese consenso y negociación de intereses los colombianos tuvieran una televisión pluralista y de calidad en la información, la ficción, los programas periodísticos y de debate, el documental y la reflexión e información cultural. En estos 20 años de existencia, la CNTV ha estado lejos de corresponder a esos fines, y ha terminado atrapada por los intereses particulares de los canales privados y de los poderes clientelistas y gubernamentales. Corrupción interna; comisionados muchas veces ignorantes del tema y las políticas de la televisión, nombrados allí por el presidente de la república de turno como pago de favores políticos o como garantía de incondicionalidad con el Ejecutivo; representatividad precaria o nula de los comisionados, afectada además por el cambio permanente y discrecional por los gobiernos de las reglas del juego para su elección; toma de partido por parte de algunos comisionados a favor de los intereses económicos de los grandes canales, son algunos de los elementos del balance de los veinte años de esta institución.

Con la llamada “apertura” o “flexibilización” del sistema de TV en 1998, eufemismos para encubrir la privatización neoliberal, ocurrió en la televisión de señal abierta, una reducción radical del número de programadoras, así como de voces, opiniones y perspectivas sobre los asuntos nacionales e internacionales. De 12-15 noticieros pasamos a dos que se mantienen en una posición dominante dentro del mercado (Noticias RCN y Noticias Caracol) controlando la mayoría de la pauta publicitaria, y a otros dos que se mantienen en el Canal Uno (CM& y Noticias Uno) en una posición subordinada, con una audiencia bastante disminuida frente a la inversión tecnológica y financiera de los privados, y en virtud del descuido de la red de transporte de la señal de la TV pública. En cuanto a la producción de ficción, el interés comercial dominante ha conducido a que las parrillas de programación de los privados se llenen de realities y narconovelas, como si la sicaresca, la fama y el dinero fáciles constituyeran la única saga o el único dilema moral y existencial de la vida colombiana. Los programas de opinión nacionales (no hablo aquí de los noticieros de los canales regionales) prácticamente reducidos a dos, “La Noche” y “El Radar”, siguen confinados al horario de las 11 de la noche, imposibilitando a los madrugadores y no trasnochadores poder ser unos televidentes mejor informados y así posiblemente mejores ciudadanos. Reitero una vez más mi propuesta hecha en varios escenarios públicos y académicos: una norma que obligue a los canales del sistema público y privado a tener un espacio “periodístico” o de debate en la franja horaria de alta sintonía. Tal medida contribuiría a fortalecer en el país una cultura cívica de preocupación por los asuntos públicos que hoy brilla por su ausencia. Las parrillas cargadas de realities y telenovelas (ya nada queda además de las llamadas “telenovelas de ruptura” de los 90 que auscultaron algunos de los más inquietantes asuntos nacionales), no parecen ser los mejores promotores del interés ciudadano hacia los problemas del país.

Comparto la idea de liquidar la CNTV. Sin embargo, el control de esta industria cultural no lo podemos dejar exclusivamente en manos del Ejecutivo, de los empresarios dueños de los canales o de una clase política rapaz y premoderna, incapaz de desarrollar una política de medios democrática orientada a la defensa del interés público en el manejo de la TV. Necesitamos crear un organismo técnicamente competente, lo que no significa solamente, como lo piensa el actual Ministro de Comunicaciones y TICs, -que poco sabe sobre TV y piensa que ésta se acabó, absorbida por el computador y las nuevas tecnologías-, nombrar personas expertas que sepan ante todo de nuevas tecnologías de comunicación y de convergencia de medios. Además de esos saberes, sin duda necesarios para orientar las políticas de telecomunicaciones, de inclusión digital y de convergencia , necesitamos para el nuevo organismo que se encargue de la regulación de la TV, funcionarios expertos en temas de calidad de la televisión, que conozcan por ejemplo, el trabajo de investigación sobre calidad de la TV en el mundo del brasileño Arlindo Machado, que estén familiarizados con las investigaciones y propuestas de Denis Mc Quail o de Jay Blumler sobre políticas públicas de TV en Europa, sobre cómo se han tenido que redefinir los sistemas de TV públicos europeos, bajo las condiciones de apertura a la competencia privada en los últimos 20 años. Las investigaciones y las propuestas concretas de estos estudiosos de la televisión, de criterios acerca de cómo construir y defender el interés público en las políticas de televisión, articuladas con lo mejor de las reflexiones y propuestas provenientes de la experiencia latinoamericana y colombiana, deben estar a la base del diseño de ese nuevo órgano, competente técnicamente, y representativo desde el punto de vista político y socio-cultural, que reemplace a la CNTV.

Luis Carlos Galán, estudioso de la televisión y de los medios de comunicación, de la calidad del ejercicio periodístico y de la relación de estos fenómenos con el fortalecimiento y la ampliación de la democracia, observaba en noviembre de 1978 en la revista “Nueva Frontera” que “la televisión colombiana no es equitativa en las oportunidades que ofrece a los diversos sectores políticos y sociales para ponerse en comunicación con el país”. 33 años después la televisión sigue siendo inequitativa en ese sentido, y aunque el ministro Diego Molano afirme sin ningún apoyo estadístico que “hoy día un adolescente no ve televisión” (debate en la Comisión Primera de la Cámara el lunes 16 de mayo de 2011), la televisión de señal abierta sigue siendo una instancia clave de información sobre los asuntos nacionales (varias encuestas de consumo de medios informativos de los últimos tres años coinciden en que un 70 % de los colombianos se informa a través de la televisión), constituyendo un medio de comunicación de importancia central para la integración y la unidad nacional. Tanto la ficción como la información noticiosa (no obstante sus sesgos, sus silencios y olvidos) permiten a los colombianos compartir unos referentes de país y de nación.

Hace muchos años que no vemos en el panorama nacional un político como Galán, consciente del papel que los medios y la comunicación podrían jugar en la profundización de la democracia informativa y del pluralismo político y social.
El presidente Santos que proviene del mundo del periodismo y los medios, y quien viene transformando el “régimen comunicativo” heredado del uribismo a favor de uno menos polarizado, más dialógico y más respetuoso de la oposición y de las diferencias, que ha impulsado proyectos claves para la reconciliación nacional como la Ley de Víctimas, debería pensar en cuál va a ser su legado político frente al manejo de la televisión: si su gobierno va a continuar con las viejas negociaciones debajo de la mesa o si va a posibilitar un diseño técnico y moderno, concertado y participativo, del nuevo órgano regulador.
Invito a académicos, empresarios del medio, políticos serios, estudiosos y progresistas, anunciantes, periodistas, a las escuelas de comunicación y periodismo, a los medios de comunicación, a los televidentes y al conjunto de la sociedad colombiana, a que se vinculen a una amplia discusión ciudadana sobre la televisión que queremos y la televisión que necesita el país. El gobierno Santos tiene también la palabra.

* Historiador y analista de medios. Ph.D en Literatura Hispanoamericana University of Pittsburgh. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales-IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de los seminarios “Teorías de la Comunicación” y “Análisis Crítico de TV y Ciudadanía” en la Maestría en Estudios Políticos del IEPRI.

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