El gran desafío

Hace un año, cuando se dieron las primeras detenciones de congresistas vinculados con los grupos paramilitares propuse, sin éxito, una iniciativa de tres puntos: “anular” las curules de quienes ocupen cargos de elección popular cuando sean condenados por vínculos con grupos armados ilegales; obligar a los partidos a que devuelvan los recursos que el Estado les paga por cada voto que obtuviesen esos candidatos (3.500 pesos por voto en las pasadas elecciones de Congreso) y finalmente, que los partidos no puedan inscribir candidatos para esos cargos en el período siguiente.

En ese momento, apenas llegaban a una docena los investigados formalmente por para-política. Quisimos cerrarle las puertas a la ilegalidad dentro de la democracia, para evitar la crisis de legitimidad del Congreso a la que estamos sometidos en este momento. Hoy, cuando ya son más de 55 legisladores los vinculados a estos procesos nos acercamos a la delirante participación del 30 por ciento de la que habló un reconocido jefe paramilitar hace tres años, nos preguntamos ¿qué legitimidad y representatividad le queda al Congreso de la República?

Para responder esa pregunta, hice el ejercicio de calcular, cuántos votos tienen los hoy recién posesionados congresistas, vs. los votos obtenidos originalmente en marzo de 2006. ¿Cómo sería la composición del Congreso si, en lugar de “anular” las curules, se barajan de nuevo? Es decir, volver a calcular el umbral y la cifra repartidora, con el objeto de que puedan entrar a la repartición de escaños en el Congreso los partidos que no se vieron involucrados en los vínculos con los paramilitares.

Así evitamos el riesgo que para la institucionalidad del Congreso representaría la anulación de las curules de los congresistas que resulten condenados por vínculos con los ilegales, para no dejar sin representación a muchas regiones del país. Tal como le acaba de suceder al departamento de Caquetá, que se quedó sin uno de sus dos representantes a la Cámara ante la imposibilidad de que alguien le suceda en su lista (conformada por tres aspirantes), pues quien le podría reemplazar se encuentra incursa en una inhabilidad por ser hoy en día alcaldesa.

El Congreso de hoy

Es preocupante que los 15 reemplazos en el Senado hayan obtenido apenas 361.297 votos equivalentes al 37 por ciento de los obtenidos por las 18 personas que han salido (porque otros tres reemplazos también debieron salir por estar vinculados). La situación es tan dramática que partidos como Colombia Democrática, que increíblemente perdió sus tres senadores titulares, tienen uno que obtuvo sólo 4.000 votos. Una representación pírrica, si se tiene en cuenta que la media aritmética de los votos de los congresistas que entraron como reemplazos es de 24.000 votos.

Para comprobar esta hipótesis, calculé el umbral y la cifra repartidora en la elección de Senado de la República. Se descontaron los votos de los congresistas hasta ahora capturados más los de aquellos que renunciaron a su fuero por haber sido llamados a indagatoria. Los resultados dan unas luces de las reformas estructurales que se podrían hacer con el fin de blindar nuestra democracia de la influencia de los grupos armados ilegales. (Vea documento adjunto ‘La nueva composición del Congreso’).

A partir de la lista de congresistas involucrados en los procesos de la llamada para-política publicada por el Instituto de Medios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, descontamos a los 9.200.076 votos válidos para Congreso del 12 de marzo de 2006, los 1.050.273 votos que obtuvieron los 18 legisladores que ya se encuentran capturados o que renunciaron a su curul. Sin estos votos, que representan el 11 por ciento de los votos válidos, se volvió a calcular el umbral y éste disminuyó de 184.000 votos a 163.000. Esto permitiría que entrara a la repartición de escaños el Movimiento Por el País que Soñamos.

Pero además, deduciendo todos estos votos a cada partido con congresistas vinculados al proceso, los dos partidos con mayor cantidad de congresistas y sus reemplazos involucrados hasta ahora, que son Colombia Democrática y Colombia Viva, no alcanzarían el umbral, viéndose castigados con la pérdida de sus curules y de la personería jurídica.

La misma suerte correría Apertura Liberal, que es el único partido que obtuvo su derecho a tener bancada en el Congreso, con los votos de sus candidatos a la Cámara de Representantes en varios departamentos. Este movimiento que se conoce como el ‘partido del gatico’ (el hijo de Enilse López, la ‘Gata’) en Bolívar y del ex representante Jorge Caballero, quien estuvo prófugo por varios meses en Europa, avaló candidatos en la región norte y nororiental del país en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Norte de Santander y Boyacá, obteniendo 200.000 votos y el derecho a la personería jurídica. Pero si le descontamos los votos de sus integrantes capturados o que renunciaron, la colectividad perdería la personería jurídica porque pasaría de 200.000 votos a 54.700.

Los cambios en el Senado

Por otro lado, sucedería que partidos que hasta el momento no han visto a ninguno de sus miembros involucrados en este escándalo, aumentarían su participación. Por ejemplo el Polo Democrático aumentaría 20 por ciento sus curules al pasar de 10 a 12 congresistas y el Mira aumentaría 50 por ciento al pasar de dos a tres curules. Por el País que Soñamos, entraría al Congreso con dos curules y así el ex alcalde Peñalosa obtendría su curul como senador.

Castigar a los partidos

Sin embargo, el riesgo de esta propuesta es que al anular únicamente los votos a estos partidos y no adicionalmente las curules de los congresistas condenados o que hayan renunciado, estas mismas colectividades podrían ganar más participación en el Congreso, por cuanto el sistema de umbral y cifra repartidora, conocido como fórmula D’hont, está diseñado para favorecer las colectividades grandes que tengan mayor votación. En este caso, los partidos de La U y Cambio Radical obtendrían una curul adicional.

Así las cosas, es necesaria una fórmula que combine algo de las dos propuestas: que se vuelva a calcular el umbral y la cifra repartidora en la respectiva circunscripción, bien sea la nacional de Senado, o la departamental de la Cámara de Representantes, pero que se le descuenten a los partidos sancionados los escaños y se le distribuyan a las colectividades que no incurrieron en estos delitos. Con esta fórmula los departamentos no perderían representación en la Cámara de Representantes que como ya mencioné es lo que le va a pasar a Caquetá.

Finalmente los partidos deberían devolver al Estado el dinero de la reposición de los votos de los congresistas sancionados, y establecer alguna prohibición para que los partidos con congresistas con vínculos con la ilegalidad no puedan participar con candidatos en la circunscripción de la que hacían parte estos candidatos en elección siguiente.

Hoy la crisis de institucionalidad es evidente, y nos desanima aún más ver cómo los partidos se han hecho los de la vista gorda y no quieren asumir las responsabilidades colectivas por este desastre que significa la para-politica. Se escuchan voces que piden la revocatoria, pero para qué revocatoria si no tenemos las herramientas para evitar que los para-políticos, sus testaferros o familiares hereden la curul.

Sorprende aún más que el Congreso se haya negado a afrontar una reforma estructural para evitar en el futuro que esto se repita, tal como sucedió ahora que el fantasma del 8.000 ronda por el Capitolio al comprobarse nuevamente los vínculos de los ilegales en la política. Ante esta crisis que ya hace metástasis en el interior de la Democracia Colombiana, el reto de todos los sectores es asumir el gran desafío de consolidar nuestras instituciones, establecer las sanciones necesarias para cerrar por fin y para siempre, las puertas de la política al poder ilegítimo de los grupos armados ilegales y las mafias.