El ‘greenwashing’ tributario de Petro

El Gobierno, bajo la bandera de promover energías limpias y la descarbonización, utiliza estos conceptos para sustentar medidas fiscales que, sin embargo, generan preocupación por sus posibles efectos adversos.

En la reciente reforma tributaria colombiana, términos como ‘energías renovables’, ‘energías limpias’ y ‘combustibles’ aparecen en la exposición de motivos más de treinta veces, presentándose como argumentos centrales para justificar incrementos en impuestos a la gasolina, vehículos eléctricos, entre otros, a partir de 2026. Un verdadero ‘himno verde’ sirve de justificación para el aumento de los impuestos a la gasolina a partir de 2026. Ese año, la tarifa del ingreso al productor en la venta de gasolina será del 10 %, y desde el primero de enero de 2027 se aplicará la tarifa general del 19 %. En el caso del ACPM (diésel), el gravamen será del 10 % durante 2026 y 2027, para luego quedar también en 19 % a partir de 2028. La compra de vehículos eléctricos estará gravada con IVA del 19 %, sin contar el impuesto al carbono, que duplicará su valor.

Desde octubre de 2024, con el último paro camionero, se había acordado con el Gobierno suspender nuevos aumentos en el precio de la gasolina hasta cumplir ciertos compromisos, que a la fecha no se han llevado a cabo, pero la reforma tributaria ha reactivado incrementos que afectan directamente al sector transportador de carga y a la economía familiar. El aumento del precio de la gasolina, que ha crecido cerca del 60 % desde el inicio del actual gobierno, se debe en gran parte a la eliminación de subsidios y decisiones fiscales de corto y mediano plazo. Este incremento repercute en los costos logísticos, encareciendo el transporte de materias primas y productos, lo que se traduce en mayores precios para los consumidores.

El impacto es especialmente severo para los hogares en situación de pobreza y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), concepto desarrollado por la Cepal para identificar vulnerabilidades socioeconómicas. Estos hogares, que enfrentan alta dependencia económica, hacinamiento o falta de servicios, son los más afectados por el aumento en los precios de productos esenciales, ya que el encarecimiento del transporte se refleja directamente en la inflación de la canasta básica familiar. Estudios como el de Chahín Hernández (UniMinuto) evidencian que las familias de menores ingresos ajustan sus presupuestos priorizando necesidades básicas y limitando gastos no esenciales ante los incrementos de gasolina. Además, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, en 2024, presentó el estudio ‘Las motocicletas en Colombia: aliadas del desarrollo del país’, que resalta la importancia social y económica de este medio de transporte. El informe revela que el 90 % de los hogares con motocicletas pertenece a estratos 1, 2 y 3, lo que muestra su papel como vehículo de movilidad y acceso para la mayoría de la población.

En cuanto a la descarbonización del transporte de carga en Latinoamérica, el proceso implica reducir emisiones de gases de efecto invernadero mediante la adopción de tecnologías limpias, combustibles alternativos y políticas públicas integrales, procesos que se apoyan desde el sector transportador como Logyca, educando en esta materia. Esto incluye la electrificación de flotas, el uso de biocombustibles y la mejora en la eficiencia logística.

Lo cierto es que la OCDE recomienda gravar los combustibles contaminantes como una herramienta eficaz para reducir emisiones y el sector transportador debe entender que el combustible debe tener incrementos progresivos, pero tanto la OCDE como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también enfatizan en que estas medidas deben ir acompañadas de políticas redistributivas, incentivos para energías renovables y desarrollo de infraestructura para evitar impactos sociales negativos.

La transición energética enfrenta retos como la dependencia histórica de combustibles fósiles y la necesidad de políticas integrales que incluyan subsidios, inversión en infraestructura y educación. Sin un marco coherente, el aumento de impuestos puede generar rechazo social y limitar la adopción de energías limpias, no en una reforma tributaria como se plantea, con una bandera greenwashing.

Por ello, el incremento del impuesto a la gasolina tiene efectos contrarios si no se implementan medidas para proteger a los sectores vulnerables.

Moraleja: no todo vale en nombre de las energías renovables. El greenwashing político solo confunde y perjudica. Si queremos un futuro verde, que sea con acciones reales, no solo con discursos bien maquillados, pues, señor presidente, “el pobre sí usa gasolina y mucha”.

*Gerente de Olea Legal y profesora de derecho de transporte y empresa de la Universidad de la Sabana.