Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2001/05/07 00:00

El Guavio, Dragacol, TermoRío... Commsa

Al frente de esta campaña está el gobierno español, que quiere impedir que sus compañías se vean afectadas por el incidente

El Guavio, Dragacol, TermoRío... Commsa

Los colombianos no acabamos de lamentar los ‘tumbes’ de El Guavio, Dragacol y TermoRío, cuando un cuarto multimillonario episodio que castiga directamente a las arcas del Estado comienza a ser mencionado tímidamente por los medios de comunicación: el aberrante ‘caso Commsa’.

¿En qué consiste? En 1997 se le adjudicó a un consorcio conformado por conocidas firmas constructoras colombianas y españolas la valiosa misión de construir un tramo de la autopista Bogotá-Medellín que intercomunicaría a Cundinamarca con el departamento del Cesar. La importancia de este tramo consiste en que no sólo acortará dramáticamente las distancias entre Bogotá y Medellín (¡en más de cinco horas!), sino que recorrerá la estratégica zona del Magdalena Medio, llevando la presencia del Estado a lugares peligrosamente azotados por problemas de orden público.

Cuatro años después el resultado de esta adjudicación no puede ser más dramático. Al contrato se le declaró la caducidad. La carretera no existe. Los socios privados del consorcio —ni los colombianos ni los españoles— cumplieron con el compromiso de hacer los aportes financieros a los que estaban obligados, pero el Estado sí invirtió 77 millones de dólares de los 137 millones que se comprometió a aportar de capital público para la construcción de la carretera, y está en discusión si esta gruesa suma fue invertida de acuerdo con los fines pactados en el contrato, porque jamás se dio explicación satisfactoria sobre su destinación. ¿Qué pasó?

Esta es la historia de un ‘tumbe’ anunciado. Cuando a Commsa se le adjudicó la licitación otros concursantes que no fueron adjudicados advirtieron sobre el riesgo de que el consorcio ganador pudiera terminar exigiéndole al Instituto Nacional de Vías el cambio de trazado de la carretera, que incluía varios puentes y túneles, para abaratar el costo de la obra. Menos de un año después de adjudicado el contrato sucedió lo anunciado: Commsa solicitó el cambio del trazado. Apoyado en varios conceptos jurídicos Invías no se lo autorizó, y comenzó la cadena de irregularidades que culminó con la caducidad del contrato.

Además de no cumplir con su obligación de aportar su inversión, y de haberse ‘comido’ los 77 millones de dólares de los aportes del Estado, cuando Invías quiso hacer válida la póliza de garantía del cumplimiento de la obra, descubrió que dicha póliza... ¡no existía, porque el documento que había sido aportado era apenas un borrador!

Aquí no termina la historia. Una consecuencia de la caducidad del contrato, además de una cláusula penal por valor de 130.000 millones de pesos (que es en lo que se calculan los perjuicios que le causó al Estado el incumplimiento del contrato) es que las compañías constructoras —tanto las colombianas como las españolas— han quedado impedidas durante cinco años para contratar nuevamente con el Estado colombiano. Pero al parecer no están dispuestas a pagar dicho costo por su incumplimiento. Se ha iniciado un fuertísimo lobbying que ha llegado a tocar directamente a las puertas del Palacio de Nariño para que el Estado colombiano perdone el castigo levantando la caducidad del contrato, eximiendo a las compañías del pago de la millonaria cláusula penal y, como si nada, volviendo a reanudar el contrato, en el que en su primer capítulo se cometió tal cadena de escandalosas irregularidades.

Al frente de esta campaña está, nada menos que el gobierno español, que ha enviado en persona a su canciller a Colombia con la misión de impedir que las compañías españolas que incumplieron este contrato se vean perjudicadas por el incidente y que, por el contrario, puedan entrar orondas a la Bolsa de Madrid, sin que su falta de seriedad pueda llegar a afectar el precio de sus acciones.

¿Cederá el gobierno a estas inauditas presiones? El arreglo que proponen los españoles es que, levantada la caducidad, sus compañías se retiren de la adjudicación y la carretera sea construida por las compañías colombianas. ¿No pudieron cumplir, cuando estaban asociadas con las españolas, y esperan que nos comamos el cuento de que ahora podrán cumplir solas?

¿Caeremos en la trampa de abrirle el camino a la nueva secuencia ‘Commsa II’?

Esperen el emocionante desenlace de este nuevo millonario ‘tumbe’ a los colombianos después de Semana Santa.

ENTRETANTO… Al fin qué: ¿nos alegramos o nos preocupamos de que la última medición de la inflación haya arrojado la cifra más baja de los últimos 30 años?

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