El hastío con la violencia guerrillera

Para todos es claro que las multitudinarias marchas de este año revelan el masivo repudio de los colombianos a la práctica del secuestro. Pero también hay que decir que las marchas dan a conocer el hastío que existe en el país frente a la guerrilla y sus actos de crueldad e inhumanidad.

Por cierto, tienen razón los analistas que han destacado la asimetría moral de muchos colombianos, que protestan vehementemente contra los crímenes de la guerrilla, mientras callan ante las atrocidades cometidas por los grupos paramilitares o por miembros de la Fuerza Pública. Numerosos ciudadanos tratan de ignorar los horrores perpetrados por estos últimos, a pesar de que han quedado en evidencia en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero más allá del cuestionamiento ético que esta ambigüedad moral puede suscitar, ella debería cuestionar a la dirigencia guerrillera acerca del profundo rechazo que experimentan por parte de los ciudadanos.

Las encuestas son apabullantes en este sentido: menos del 1 por ciento de la población siente alguna simpatía por los grupos guerrilleros, mientras que el presidente Uribe y las Fuerzas Militares cuentan con grados de aceptación nunca ante vistos, los cuales se disparan con cada golpe que se propina a la guerrilla. Y aún más: no cabe duda de que, por increíble que parezca, los colombianos están dispuestos a concederle, aceptarle y perdonarle todo lo imaginable al presidente Uribe con tal de que cumpla con su palabra de ponerle fin a la violencia guerrillera.

Si ello es así, ¿cómo pueden los líderes guerrilleros ignorar la pregunta acerca de si tiene sentido la lucha armada? ¿Y cómo pueden desatender los desastrosos resultados que ella ha producido? Al fin y al cabo, la guerrilla ha sido uno de los factores que ha propiciado el surgimiento de los grupos paramilitares, la desaparición del movimiento campesino, el debilitamiento del movimiento sindical, la contrarreforma agraria y el terror que hemos vivido cotidianamente los colombianos durante las últimas décadas.

La renuncia a la violencia como un instrumento de la acción política no significa, en ningún momento, aceptar las condiciones actuales de Colombia o abdicar de las luchas sociales. ¿Cómo hacerlo en un país que es a todos luces profundamente injusto y que el mismo Banco Mundial ha catalogado como el tercero más inequitativo en América Latina? Se trata es de aceptar que ese proyecto altruista de sociedad que se quiere construir no puede fundarse sobre la base de la violación de los más mínimos principios de humanidad aceptados por la comunidad internacional.

Soy consciente de que la dirigencia guerrillera es prácticamente inmune a todos estos argumentos. Ya son demasiados los años en los que han repetido sin cesar las mismas lecciones, o en los que han sido también víctimas y actores del horror, como para esperar un cambio. También es cierto que la historia colombiana no deja mucho espacio al optimismo para aquellos dispuestos a dejar las armas.

Sin embargo, es necesario reiterar una y otra vez que la violencia no puede ser un instrumento de la actividad política. La palabra tiene un inmenso poder: va calando en las mentes y generando formas de comportamiento. Durante mucho tiempo se difundió la idea de que la lucha armada era necesaria e inevitable. Los resultados los hemos padecido. De lo que se trata ahora es de dejar atrás esa idea y de creer que es posible construir una nueva forma de hacer política, ajena a las armas y sobre la base del acuerdo sobre unos valores comunes mínimos e intocables.