EL HOMBRE CANCINO

FUI ALUMNA DEL ABOGADO PENALISTA Antonio José Cancino. Enseñaba bien el derecho penal, y tenía gran carisma entre sus alumnos. Era especialmente querendón con quienes asistían puntuales a su clase, la de siete de la mañana, y reconocía siempre este esfuerzo en el examen final. Pero sin duda, en el respeto que inspiraba en sus alumnos influía principalmente la bien ganada reputación profesional que lo acompañaba: estaba considerado ya, desde esa época, como uno de los cinco abogados penalistas más importantes del país, reputación que entre otras cosas se logra, más que defendiendo inocentes, defendiendo culpables.
Pero el caso que el doctor Cancino tiene en este momento en sus manos puede ser el más importante de su carrera. No todos los días le cae a uno la posibilidad de defender a un Presidente, así el pago sea 'en especie', según aseguró el doctor Cancino: algo así como el premio al prestigio, cuando uno es elegido penalista del primer mandatario de la Nación.
El asunto es que el Presidente, más que una situación penal, tiene un problema político. Un grave problema político, que deriva en un problema de imagen que amenaza con minar su credibilidad, y es precisamente ahí donde al Presidente no le cabe, ni le queda, asesorarse de un penalista.
Las críticas que el doctor Cancino ha recibido desde el punto de vista personal me parecen canallas, en unos casos, e improcedentes en otros. Su vida privada nos merece el respeto suficiente para no escarbar en ella. Tampoco los avatares de su vida profesional, dentro de los que se menciona con insistencia un cambio de bando, en cierta oportunidad en la que terminó aliado de Alberto Santofimio, a quien había de mandado como abogado contratado por la contraparte del conocido senador tolimense. Nada de esto descalifica a Cancino como buen abogado, como excelente penalista, y como profesional del derecho que casi siempre termina victorioso en las batallas que emprende.
El caso no es ese. Se trata, sencillamente, de que el Presidente necesita más un acertado manejo de la opinión que de tecnicismos que conduzcan a anular pruebas, a recusar al juez, a acusar al abogado de la contraparte por falsedad, a apelar cada vez que se pueda, que son los recursos propios de los tinterillos del derecho penal.
O a dudar del juez. Por eso, cuando recibimos la noticia de que Cancino había resuelto emprenderla contra el Fiscal acusándolo públicamente de estar manejando mal este proceso, y solicitándole a la Cámara de Representantes que lo llamara a declarar, intuímos que se borró con el codo el único acierto que el presidente Samper ha tenido en el curso de este proceso. Si algo ha hecho bien el Presidente es dejar en todo momento sentado el hecho de que respeta las decisiones de la Fiscalía, y respeta al Fiscal. Pero ahora nos sale su vocero con el cuento de que no es así, y de que ambos, (se interpreta) rechazan la manera como el Fiscal está haciendo las cosas, porque lo consideran sospechoso de falta de objetividad, por cuenta de lo que le dijo a un periódico venezolano, en el que sencillamente repitió lo que ha sido una constante de sus declaraciones: que llegará hasta las últimas consecuencias.
En el periódico, el fin de semana, leemos la interpretación de que el Presidente no estaría de acuerdo con este proceder de su abogado. ¿Será que también el doctor Cancino está obrando a espaldas del Presidente?
Tampoco es sano pelear con los medios, porque no se pueden confundir las cargas del proceso. El que está siendo investigado es el Presidente. Los medios se limitan, como es su función, a reproducir las principales noticias de este proceso, y por eso no pueden ser confundidos con los acusadores del Presidente.
No me cabe duda de que tuvo que ser el doctor Cancino el que aconsejó recientemente a la primera dama para que asegurara ante las cámaras de la televisión que este proceso "lo ganarían, aun contra los medios de comunicación". Mala frase. Sobre todo innecesaria e injusta, porque además conlleva una advertencia poco democrática e inconstitucional contra los medios.
Por todas estas razones el presidente tendría que haberse asesorado, más que de un penalista, de un prohombre. Algo así como de un Echandía contemporáneo. Por ejemplo, habría sido mejor que a Juan Carlos Esguerra, en lugar de nombrarlo ministro, lo hubiera nombrado abogado. O a un Fernando Hinestrosa, o a un Luis Carlos Sáchica, o a un Hernando Tapias Rocha, o a un Carlos Holguín Holguín.
Lo que es claro es que el proceso ante la Cámara es político, porque en el caso extremo de que pueda acusarse al Presidente de delitos comunes, la encargada de juzgarlo será la Corte Suprema, donde sí requeriría el Presidente de un asesor penal. Del resto, la Cámara solo podrá investigarlo por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o por indignidad o mala conducta.
Varios presidentes colombianos han sido (o están siendo todavía) investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como López, Belisario, Barco y Gaviria, y hasta ahora ninguno había necesitado nombrar penalista en su defensa.