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Opinión

  • | 2004/01/04 00:00

    El honor de legislar

    El proyecto, que permite a los congresistas ser ministros o embajadores antes de terminar su periodo legislativo fue aprobado en primera vuelta. La senadora Claudia Blum explica por qué la iniciativa es un paso más al clientelismo y compromete la independencia del Congreso.

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No contento con su incapacidad para autorreformarse y luchar contra la politiquería, el Congreso aprobó, en primera vuelta, un proyecto que modifica el régimen de incompatibilidades para los congresistas y les permite ser ministros y embajadores.

La iniciativa no sólo afecta la independencia del órgano legislativo y abre las puertas al clientelismo, sino que compromete la elaboración de las leyes y el ejercicio de control político sobre el gobierno, que son las dos funciones esenciales del Congreso.

La posibilidad de nombrar a congresistas en ministerios y embajadas trastorna por completo la sana lógica que debe regir las relaciones entre las ramas legislativa y ejecutiva, que dada su naturaleza constitucional, son distintas, autónomas e independientes. La reforma del régimen de incompatibilidades desconoce esa naturaleza, pues permitiría que el intercambio de favores sea en el futuro, el factor que domine el curso de las relaciones entre los dos poderes.

De una parte, en la elaboración de las leyes se podrían dar canjes de apoyo al gobierno en proyectos de su interés, a cambio de nombramientos para senadores y representantes a la Cámara. De otra, el efecto sobre el ejercicio del control político sería muy nocivo: lo más probable es que este se vea debilitado cuando los ministros y los embajadores salgan del seno del Congreso, en donde estarían sus copartidarios y amigos.

Uno se puede imaginar, incluso, situaciones de mayor gravedad como la posibilidad de que los gabinetes y las misiones diplomáticas se conviertan en rediles de las clientelas políticas. Me aterra, por ejemplo, que los presidentes de turno reserven los nombramientos para quienes más votos pongan en sus campañas, o más los ayuden en el Congreso, y no para las personas más preparadas y capaces, que también pueden tomar decisiones de gobierno.

Los defensores del proyecto sostienen que la prohibición actual para que los legisladores sean nombrados en los cargos en cuestión, priva a Colombia de hombres brillantes, preparados y curtidos en el campo de la política. Pero lo cierto es que la reforma podría representar un aumento del monopolio del Estado por parte de la clase política tradicional, en detrimento de la participación de otros sectores de la sociedad colombiana, donde existen personas que tienen talento y conocimiento.

Los cargos del Ejecutivo requieren, ante todo, destrezas administrativas y capacidad de gestión. Por esa razón, lo único que debe preocuparnos es que los gobiernos estén conformados por personas transparentes y honestas, que tengan amplia experiencia en un determinado sector.

Por su parte, el oficio de legislar es una dignidad lo suficientemente alta y compleja, como para que senadores y representantes se dediquen a defender su supuesto derecho a una participación distinta en los poderes públicos. Es inaceptable usar el Congreso de la República como un trampolín para otros cargos. Ser elegido por los ciudadanos y ocupar una curul es -en sí mismo- un honor inmenso al que se tiene que responder con responsabilidad y respeto: si un congresista es elegido por cuatro años, se debe exigir el cumplimiento de ese mandato. Que es sagrado.

*Senadora de la República
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