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Opinión

  • | 2009/07/18 00:00

    El impuesto para la seguridad

    Un esfuerzo democrático para allegar recursos fiscales para la seguridad debe ir acompañado de un esfuerzo similar en cuanto al servicio militar obligatorio

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La legislatura que comienza esta semana tiene entre sus temas de análisis uno de gran importancia para el país: la futura financiación del gasto público en seguridad. Fue el empresario Luis Carlos Sarmiento quien puso el tema sobre la mesa y originó una gran polémica su propuesta de que no sean solamente las clases altas las que contribuyan a sostener el esfuerzo adicional en seguridad, sino toda la población. Yo siempre he estado de acuerdo con esta posición.

En medio de la desaceleración económica tal vez no sea el momento más oportuno para hablar de nuevos impuestos, pero como ella será pasajera y, en todo caso, esos eventuales nuevos tributos regirán solamente a partir del año 2011, es pertinente ir ambientando el análisis del problema. Por definición, la seguridad exige anticipación y visión de largo plazo.

Para abordar el tema es necesario tener claro el contexto de la discusión. Colombia ha sido un país con un gasto militar históricamente bajo. Siempre estuvo por debajo del promedio de América Latina y solamente después de la caída de las dictaduras militares del Cono Sur, con el consecuente descenso del gasto militar en el área, Colombia supera ese promedio a partir de un incremento gradual de ese gasto desde los años 90 del siglo anterior. Pero, aun así, nuestro país está muy por debajo del gasto militar promedio de los países que han tenido que afrontar conflictos armados internos similares al nuestro. Así, mientras aquellos en promedio han destinado el 7 por ciento del PIB para afrontar sus conflictos, nuestro gasto militar actual merodea el 3,5 por ciento, o sea, la mitad del promedio mundial en condiciones de confrontación armada. En resumen, no tenemos ni hemos tenido nunca un gasto militar excesivo.

Aun así, en el futuro próximo el presupuesto para la seguridad se va a ver reducido por dos factores: el llamado "impuesto de guerra" que pagaban los sectores más pudientes se va a dejar de pagar, y, al mismo tiempo, la ayuda del Plan Colombia se va a seguir reduciendo. Esto necesariamente obliga a pensar en nuevas alternativas de financiamiento, porque el conflicto armado continúa, aunque haya disminuido significativamente su intensidad. Es decir, hemos avanzado significativamente en la recuperación de la seguridad, pero aún no hemos conseguido la paz, el narcotráfico no ha sido erradicado y la seguridad ciudadana sigue planteando nuevos y significativos retos.

Es necesario entonces consolidar lo ya alcanzado y seguir avanzando hacia la pacificación definitiva del país. Y, más aun, Colombia debe evitar que en el futuro próximo el posconflicto traiga consigo un retroceso de la situación de seguridad, como paradójicamente ha sucedido en casos cercanos ya conocidos como los de El Salvador y Guatemala. En efecto, al final del conflicto en estos países se redujo abruptamente el gasto público en seguridad creyendo que ya era superfluo y que esa disminución era uno de los llamados "dividendos de la paz". Junto con otros factores sociales, esto favoreció el surgimiento de nuevos fenómenos delincuenciales que desbordaron por completo a esos Estados. Hoy ambos países, que están en paz, tienen más homicidios que Colombia, que aún no ha terminado su conflicto. Para evitar esa situación es imprescindible mantener durante un tiempo prudente el esfuerzo colectivo para garantizar la seguridad. La paz es condición necesaria para una seguridad estable, pero no la garantiza de manera automática ni inmediata.

Creo que a este esfuerzo deben aportar todos los sectores sociales. Es lo justo y lo democrático. Claro, de una manera proporcional, según sus posibilidades económicas. La tributación progresiva está inventada, sólo habría que definir la fórmula técnica y el tamaño del grupo de contribuyentes. En la práctica, esto significaría ampliar la base tributaria para que algunos de quienes no han pagado lo hagan esta vez, y quienes ya lo hicieron sigan haciéndolo, lo cual permitiría reducir la tasa actual de tributación.

Pero sigo insistiendo en que un esfuerzo nacional y democrático para allegar recursos fiscales para la seguridad debe ir acompañado de un esfuerzo similar en lo que se refiere a la prestación del servicio militar obligatorio. Con el crecimiento de los soldados profesionales habrá cada vez menos reclutas, no obstante, considero que todas las clases sociales deberían participar proporcionalmente y en igualdad de condiciones, en la prestación de este servicio al país. Sólo así, con una base tributaria más amplia y un servicio militar más democrático, superaremos el odioso esquema actual en el que los ricos ponen la plata y los pobres ponen los muertos.
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