El jugoso negocio del sistema financiero

Pocas cosas producen tanto malestar a la opinión pública, como examinar las siderales utilidades que obtiene el sistema financiero cada año.

Rendimientos anuales de 39.7 Billones de Pesos, nos son cifras menores, y son elocuente expresión de la creciente concentración de la riqueza en Colombia.

Es claro que el sector financiero administra moderados niveles de inversión y riesgo, y a cambio obtiene una de las mayores tasas de retorno de capital en Colombia.

Si bien apalancar el desarrollo requiere de un sector financiero sólido, confiable y sostenible, no es conveniente que el formidable negocio de las instituciones financieras sea en buena medida, producto de la tolerancia estatal que permite el cobro de unos servicios caros y la obtención de unos márgenes de intermediación exorbitantes y abusivos en la prestación de un servicio público básico para auspiciar el desarrollo.

Los negocios deben generar rendimientos suficientes para sufragar los costos, compensar la administración de los riesgos y rentar el capital, pero en una economía sana, la intermediación y la prestación de servicios financieros, no debe ser el mejor negocio, y de serlo, se convierte en una actividad lesiva a la productividad, que contrae el sector real, desestimula el trabajo y niega posibilidades de alcanzar un crecimiento equitativo y armónico.

Si bien el estado debe ser respetuoso del mercado, de la iniciativa privada y de la libertad de asociación empresarial, no puede ni debe ignorar, y menos tolerar, prácticas abusivas que envilecen la economía.

El mercado financiero en Colombia desde hace mucho tiempo está desbordado, pero el estado no lo reconoce. Los gobiernos por temor a mostrarse intervencionistas esperan y esperan, y terminan siendo complacientes con los abusos. Esta permisibilidad ha ido acostumbrando al usuario a la indefensión y a la resignación.

Es obligación perentoria de los estados intervenir los mercados cuando los precios no son el resultado de la libre interacción de la oferta y la demanda. Es inequívoco que en el mercado financiero colombiano, la oferta tiene una posición articulada y dominante, que le permite colocar todas las condiciones, mientras que la demanda debe acogerlas sin opciones ni alternativas.

Los servicios financieros están regidos por normas positivas que se remontan a 1.918, y que en teoría se fundamentan en una ecuación que privilegia la equidad y equilibra la confianza de usuarios y de entidades depositarias de la fe pública. Pero en la práctica, la relación entre clientes y establecimientos financieros es desigual. Los servicios que se prestan, en la mayoría de los casos, están regulados por “contratos por adhesión”, o sea, por acuerdos impositivos, en que una de las partes coloca todas las condiciones y la otra debe allanarse a cumplirlas.

Por solemnidad contractual, la utilización de las instituciones financieras es forzosa e imperativa. Si las personas y empresas quieren dar formalidad a sus actos mercantiles, tácitamente están obligadas a usarlos. Este desequilibrio contractual es consuetudinario y universal, pero se torna antipático, cuando el que impone todas las condiciones se muestra ineficiente y prepotente frente al cliente que lo favorece con su confianza. Con todo, esta condición asimétrica se vería parcialmente disminuida, si el usuario recibiera servicios eficientes, competitivos y sobretodo buen trato.

Pero las quejas de los usuarios son inefables. Las respuestas a las quejas, en ocasiones, causan hilaridad y son un formalismo ocioso. Los flamantes Defensores del Consumidor y la tardía Superintendencia Financiera reciben incontables reclamaciones, pero poco o nada hacen en favor del mejoramiento del servicio. Esta situación está provocando justa animosidad, deserción, y lo más grave, el crecimiento mimetizado de un sistema financiero paralelo que peligrosamente bordea las normas que penalizan la usura y que prohíben la captación masiva y habitual de ahorro público.

Muchos creen que los abusos en que incurren las instituciones financieras se reducen a los exorbitantes costos de los servicios que prestan, cuando en realidad la mayoría de ellos son invisibles para los ciudadanos y ocurren con la complacencia de la Ley o por tolerancia de las autoridades.

Empiezo a perder las esperanzas que en Colombia haya alguien capaz de instrumentar una verdadera reforma económica; Lo triste es, que es posible y relativamente fácil, lo que falta es saber, y más que eso, valor para hacerlo. De eso hablaremos en otra columna.